close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Hojas en el cenicero
Por Carlos Escoffié
Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos d... Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Litigante independiente en colaboración con distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Techo México y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Trabajo temas de derecho a la vivienda, derecho a la verdad e igualdad y no discriminación. Iba a ser escritor de ciencia ficción pero me lastimé la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
La estocada de los grupos antivivienda
El retroceso en materia de vivienda en Ciudad de México se agudiza en un contexto en el que las instituciones locales y federales no tienen aún verdaderos programas de vivienda alternativa, ni atienden los problemas de vivienda desde una perspectiva multifactorial.
Por Carlos Escoffié
3 de junio, 2019
Comparte

La desinformación puede poner en riesgo el ejercicio de los derechos humanos. Cuando información falsa –como, por ejemplo, el discurso de los grupos antivacunas o antiLGBT- logra convocar una masa crítica de seguidores, tiene el potencial de generar un lobby que influya en políticas públicas. Más peligroso aún es cuando ciertos grupos, de manera deliberada, gestionan la desinformación para lograr sus objetivos. Eso parece haber ocurrido la semana pasada en la Ciudad de México con el posicionamiento de ciertos sectores antivivienda.

El pasado viernes 31 de mayo, el Congreso de la Ciudad de México reformó el artículo 60 de la Ley Constitucional de Derechos Humanos y sus Garantías, el cual reconocía algunos derechos de las personas que se encuentran sujetas a un desalojo. Aquí quisiera recalcar el hecho de que se centraba en personas “sujetas a un desalojo”. Es decir, planteaba que cuando los desalojos sean inevitables, estos tendrían que garantizar algunos derechos de las personas que perderían sus viviendas.

Así, el texto anterior del artículo 60 establecía que las personas desalojadas tendrían derecho a: i) no ser discriminadas, ii) que el uso de la fuerza sea utilizado como un último recurso y únicamente tras el previo análisis de otras alternativas, iii) la indemnización en caso de que las actuaciones de las autoridades durante el desalojo genere daños o pérdidas a sus bienes, iv) contar con las garantías judiciales necesarias, v) el derecho de audiencia ante un juez previo al desalojo y vi) el apoyo de las autoridades para garantizar el realojamiento cuando se trata de personas “sin recursos”.

Es decir, el artículo en ninguna parte reconocía una “carta abierta al despojo” o una “expropiación directa” como señaló Raymundo Sánchez en su artículo en El Heraldo de México (28/mayo/2019) (1), ni mucho menos un “derecho a invadir” como aseguró Ignacio González Lechuga en su espacio en El Universal (29/mayo/2019) (2). Las voces de ambos articulistas, como las de muchos otros, participaron en una fuerte campaña mediática señalando que el artículo 60 sería motivo para la pérdida de propiedades inmobiliarias y la tolerancia sin límites a la morosidad. Todo ese discurso a pesar de que, como puede apreciarse de su lectura, el artículo nunca planteaba esos absurdos.

Lamentablemente esas reacciones no son nuevas. El reconocimiento de los derechos de las personas desalojadas en Ciudad de México, logro de organizaciones de derechos humanos y grupos vecinales, tuvo oposición desde la asamblea constituyente de la capital federal. El entonces Diputado panista Roberto Gil Zuarth fue uno de los más acérrimos opositores al reconocimiento del derecho a la vivienda. Por ejemplo, en una emisión del programa “Si me dicen no vengo” de Joaquín López-Doriga en 2016, señaló de manera categórica que en ningún caso era posible subordinar el derecho a la propiedad al derecho a la vivienda (3).

En suma, identifico al menos dos elementos pilares en ese discurso que logró cercenar el artículo 60. Ambos igualmente preocupantes. El primer elemento parte del hecho de que en México mucha gente cree que el derecho a la vivienda se limita al derecho a poder aplicar a créditos del Infonavit, Fovissste o similares.

Decir que la vivienda es un derecho humano implica, como es obvio, que todas las personas tienen derecho a él. Incluyendo las personas que no tienen ninguna propiedad. Ese derecho abarca un catálogo amplio de prerrogativas que incluye, entre otros, las garantías de no ser desahuciado salvo en casos excepcionales. Para poner un ejemplo: de acuerdo a datos del Affordable Housing Database de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el 55.1 % y el 50.3 % de la población de Suiza y Alemania, respectivamente, renta la vivienda que habitan (4). Y esto no puede explicarse únicamente por los indudables costos de vida en esos países: juega un rol sumamente importante el grado de protección que las leyes de esos países les dan a las personas inquilinas. Niveles similares se aprecian en varios países con índices de desarrollo humano alto, como Dinamarca (46 %) y Holanda (42.9 %).

El artículo 60 no impedía que las personas que no cumplieran con los pagos de la renta no fueran desalojadas. Únicamente les daba garantías a su dignidad humana al momento de ser desalojadas, las cuales forman parte del derecho a la vivienda de aquellas personas que habitan una casa que no les pertenece. En ese sentido, tal y como señaló la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México en su Boletín 94 del 30 de mayo pasado, el vilipendiado artículo 60 adecua el marco jurídico capitalino a los estándares en materia del derecho a la vivienda que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU ha establecido en su Observación General Número 7 y en los casos de I.D.G v. España y Ben Djazia v. España.

El segundo elemento que identifico en esta campaña antivivienda consiste en una exacerbación del discurso meritocrático. Las voces en contra del texto original del artículo 60 coincidían en una visión romántica hacia los dueños de los inmuebles –siempre descritas como personas honestas, trabajadoras, que pagan impuestos- y un discurso estigmatizador hacia el inquilino –un oportunista que no quiere cumplir con sus obligaciones, un invasor-. Sin embargo, el reconocimiento de derechos no está sujeto a caricaturas preconcebidas sobre los estándares éticos de las personas en juego. “Habrá de todo”, por decirlo coloquialmente. Pero en todos los casos habrá personas. Y por lo tanto, la necesidad de optimizar el ejercicio de los derechos de cada una de las partes que intervengan en cada caso.

La nueva versión del artículo 60 es apenas una sombra de lo que fue, constituyendo una medida regresiva en contra del disfrute al derecho a la vivienda. Por ejemplo, el derecho a ser asistido por las autoridades para ser reubicado en otro sitio fue remplazado por el derecho a “solicitar su incorporación a programas de vivienda”. Es decir, se plantean derechos que de por sí las personas ya tenían, sin que la disposición represente un cambio sustancial en la situación jurídica de las personas desalojadas.

La estocada al artículo 60 es una noticia sumamente lamentable, sobre todo en un país en el que la aplastante mayoría de las instituciones policiales de las entidades federativas no cuentan con un protocolo de desalojos. A esto se agrega el casi invisible, pero tormentoso contexto de desalojos en la Ciudad de México, que muchos acusan son ocasionados por mafias inmobiliarias que buscan adueñarse de edificios y otros inmuebles, a veces por procedimientos de dudosa legalidad, a veces incluso por el uso de la fuerza privada (5).

Geoffrey Hayward (1975), Douglas Porteous y Sandrea E. Smith (2001) y David Madden y Peter Marcuse (2016) han coincidido en que el concepto de “vivienda” es complejo y supera a los aspectos materiales, representando una base esencial para la identidad y la memoria, la seguridad y el resguardo, la vida familiar y comunitaria, entre otros aspectos indispensables para el proyecto de vida de las personas. De ahí que no estemos hablando de un mero objeto del mercado, sino de una necesidad básica. Un desalojo es una experiencia traumática que compromete la vida de las personas que lo padecen. Así haya sido tras un proceso judicial con todas las formalidades y garantías previstas.

El retroceso o “backlash” en materia de vivienda en Ciudad de México se agudiza en un contexto en el que las instituciones locales y federales no tienen aún verdaderos programas de vivienda alternativa, ni atienden los problemas de vivienda desde una perspectiva multifactorial.

Ojalá este haya sido una dolorosa derrota que al menos otorgue mejor posición el derecho a la vivienda en la agenda pública. Porque, a pesar de lo señalado por González Lechuga y otros, esto no es un asunto inmobiliario, sino de derechos humanos.

@kalycho

 

Disponible en formato digital a través de este enlace.

Disponible en formato digital a través de este enlace.

Video del debate en el programa “Si me dicen no vengo”, disponible a través de este enlace.

OCDE, Affordable Housing Database. Disponible en formato digital a través de este enlace.

Sobre este punto ya me he referido en un artículo anterior en Animal Político. Véase acá.

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.