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Hojas en el cenicero
Por Kalycho Escoffié
Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha... Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha participado en diversos litigios estratégicos con distintas organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas. Sus principales temas de trabajo son derecho a la vivienda, no discriminación y pueblos indígenas. Iba a ser escritor de ciencia ficción, pero se lastimó la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
La sacralidad y la igualdad: las vidas en las cárceles
El discurso punitivista nos ha llevado a creer que el riesgo que la pandemia pueda generar en las cárceles es parte implícita de la sentencia que cumplen las personas que habitan en ellas.
Por Kalycho Escoffié
20 de abril, 2020
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En tiempos de relativa normalidad todos coincidimos en que la vida humana es sagrada. Pero no es sino hasta que acontecen momentos como los que nos asedian hoy día cuando desenmascaramos qué significa para cada quien esa máxima primigenia. No sirve de mucho decir que “la vida de todas las personas es valiosa” si con ello no nos referimos, verdaderamente, a la vida de todas las personas. Esa es la fibra que vino a tocar el actual debate acerca de la posibilidad de liberar a población privada de libertad para mitigar los efectos que el hacinamiento carcelario generaría en la propagación del virus SARS-CoV-2 (COVID-19).

Como ha trascendido en medios, este fin de semana la Ciudad de México liberó de forma anticipada a 78 presos, manteniendo bajo análisis la posible liberación de otros 800. Por su parte, la Secretaría de Seguridad del Estado de México liberó a mil 894 personas. Contrario a lo que algunos titulares acusaron o sugirieron, estas liberaciones no tienen relación con la Ley de Amnistía que anunció López Obrador desde su campaña electoral, ni implica que las autoridades de esas entidades se hayan “adelantado” a la eventual decisión que el Senado adopte sobre dicha iniciativa.

Desde el 2016 el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal contempla la posibilidad de otorgar la liberación condicionada o anticipada cuando las personas privadas de libertad cumplen con alguna de las siguientes condiciones: i) que se encuentren en la cárcel por un delito cuya pena máxima sea de cinco años de prisión, siempre que el delito no se haya cometido con violencia; ii) o se encuentren en la cárcel por delitos contra el patrimonio cometidos sin violencia o sin dolo; iii) o sean personas adultas mayores, portadoras de una enfermedad crónico-degenerativa o terminal (motivos humanitarios); iv) o que hayan colaborado en la procuración de justicia; v) o que hayan cometido el delito no contra personas físicas sino contra la federación o una de las entidades federativas; vi) o cuando continuar con su privación de la libertad “sea irrelevante para los fines de la reinserción del sentenciado a la sociedad o prevenir la reincidencia”.

Además, ese mismo artículo señala de manera expresa que no podrán aplicarse esas medidas de libertad anticipada a personas que hayan cometido delitos como trata de personas, delincuencia organizada o secuestro, entre otros.

A pesar de estos parámetros previstos ya en la legislación, la noticia ha generado reacciones de oposición en distintos sectores. Por ejemplo, la Barra Mexicana-Colegio de Abogados A.C. emitió un comunicado en el cual manifestaban su “inconformidad y oposición” ante la posibilidad de aplicar estas medidas a nivel nacional, basándose en tres argumentos: i) la tranquilidad de las víctimas de delitos, ii) la asumida ineficacia de la medida argumentando que no resolvería en nada la saturación en el sistema de salud y iii) la supuesta propagación del virus que generarían las personas liberadas. Los tres argumentos no solo son simplistas, sino que parecieran esconder en su inconsistencia la idea de que no todas las vidas valen lo mismo.

Pronunciamientos como el de la Barra Mexicana ignoran que, de conformidad con el artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, entre las personas liberadas habría quienes no cometieron delitos contra personas físicas, sino contra la Federación o las entidades federativas (es decir, entes abstractos). En esos casos no habría una persona física y real que se identifique como su víctima. Incluso en aquellos casos en los que sí habría una, sería por delitos cometidos sin violencia o sin dolo. Además, como señalé en los primeros párrafos, no son susceptibles de liberación anticipada las personas que estén cumpliendo sentencias por delitos como el secuestro o la trata de persona. En ese sentido, el comunicado pareciera apelar a “las víctimas” no desde una preocupación real, sino como un amuleto genérico e impersonal para sustentar una postura.

También es falsa la alegada ineficacia que tendría la medida para evitar la saturación del sistema de salud. Por un lado, porque el hacinamiento carcelario sí genera un foco de contagio altamente peligroso, no solo para las personas privadas de su libertad, sino para el personal que trabaja en los centros penitenciarios y para los familiares que realizan visitas. Atendiendo precisamente a las medidas indicadas por las autoridades de salubridad, lo lógico es evitar en la medida de lo posible concentración de personas incluso en las cárceles.

No tiene sentido que profundice sobre la situación de hacinamiento y las condiciones precarias en las cárceles de nuestro país, debido a que ya lo ha hecho (y mejor de lo que yo podría) Paola Zavala Saeb, a través de su muy recomendable artículo “La pandemia desde la cárcel” publicado en este espacio.1 Bastará con señalar que, atendiendo a esa realidad en México y en otros países latinoamericanos, el pasado 10 de abril la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió su Resolución 1/2020 sobre “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, en la cual señala la importancia de que los países de la región enfrenten el hacinamiento carcelario2 incluso considerando “beneficios carcelarios y medidas alternativas a la pena de prisión”.3

Entre quienes se oponen con vehemencia a la liberación de personas privadas de libertad bajo los parámetros del artículo 146 de la Ley Nacional de Ejecución Penal suele encontrarse un discurso de conservación y de protección, como si las personas en las cárceles fueran “otros” ajenos a nuestra sociedad a quienes no se les aplica igual y con los mismos alcances la idea de que “toda vida es sagrada”.

La semana pasada también generó un fuerte debate –al cual no pretendo meterme en esta ocasión- el anuncio de la “Guía Bioética de Asignación de Recursos de Medicina Crítica” del Consejo de Salubridad General, pensada para casos en los que haya que priorizar el uso del equipo médico entre los pacientes ante una eventual saturación de los servicios de salud. Llama la atención que para algunos el argumento de “toda vida es sagrada”, utilizado para oponerse a esa guía, no parecieran aplicar con la misma humanidad cuando se debate la saturación del sistema penitenciario (la cual es estructural y previa a la pandemia). El discurso punitivista nos ha llevado a creer que el riesgo que la pandemia pueda generar en las cárceles es parte implícita de la sentencia que cumplen las personas que habitan en ellas. A pesar de que con ese discurso se están ignorando los casos de gente inocente sentenciada. A pesar de que con ese discurso se asume que toda la población carcelaria cometió homicidios y secuestros. A pesar de que con ese discurso se está afirmando implícitamente que entonces no “toda vida humana es sagrada”, por más que nos golpeemos el pecho a diario asegurando que así lo creemos.

El país nunca ha sido “ellos” y “nosotros”, como si quienes están en las cárceles fuesen externos. Mucho menos lo es ante peligros como el presente. Las medidas para garantizar la salud pública tienen que ser, precisamente, públicas: para todas las personas. Incluyendo para aquellas a las que directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, les hemos privado de su carácter de personas.

No nos confundamos: hablar de liberación anticipada en ciertos casos de personas privadas de libertad no implica un derecho al olvido, mucho menos un juicio moral sustituto. Pero sí es un acto de justicia que nos reconoce como una sociedad de interdependientes. Para salvar la vida propia y de los cercanos tenemos que cuidarnos entre todas las personas. Incluso entre aquellas con las que podamos tener diferencias o prejuicios. Porque (es un cliché justificado) toda vida humana es sagrada. Y si en estos tiempos no nos aferramos a esa idea significa que nunca la creímos realmente.

@kalycho

 

1 Zavala Saeb, Paola. “La pandemia desde la cárcel” en AnimalPolítico.com, 13 de abril de 2020. Disponible en formato digital a través de este enlace.

2 CIDH. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, Resolución 1/2020, párr. 45. Disponible en formato digital a través de este enlace.

3 CIDH. “Pandemia y Derechos Humanos en las Américas”, Resolución 1/2020, párr. 46. Disponible en formato digital a través de este enlace.

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