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Hojas en el cenicero
Por Kalycho Escoffié
Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha... Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha participado en diversos litigios estratégicos con distintas organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas. Sus principales temas de trabajo son derecho a la vivienda, no discriminación y pueblos indígenas. Iba a ser escritor de ciencia ficción, pero se lastimó la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
La traición de la consulta por el Tren Maya
Desgraciadamente, el proceso de consulta por el Tren Maya no ha sido muy distinto a otros realizados en administraciones anteriores.
Por Kalycho Escoffié
17 de diciembre, 2019
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El proyecto del Tren Maya no ha estado libre de críticas desde que fue propuesto por el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador. Primero, porque no se había realizado un proceso de consulta indígena a las comunidades que se verían afectadas. Más recientemente, porque el proceso realizado en las últimas semanas ha sido acusado de partir de una mala fe y de ser una simulación. Hago aquí un recuento de las que me parecen las principales críticas a ese proceso realizado en distintos puntos del sureste mexicano.

Inicio por un punto que me parece el pilar de los problemas que tiene el Tren Maya: no existen –o no se han dado a conocer- estudios de los impactos ambientales y sociales que tendría el proyecto. Recordemos que el Tren Maya no es solo el tren y las rieles, sino las estaciones, paradas, complejos hoteleros, “nuevas ciudades”, procesos de “reubicación” y todo el resto de elementos que conformarán el ecosistema turístico que emergería a sus anchas. Muchos de los cuales se desconocen hasta hoy. La falta de esos estudios de impacto no es menor, sino que es el primer elemento que contamina su legalidad y legitimidad.

Sin esa información, no es posible consultar a las comunidades indígenas a partir de información accesible, completa e idónea, tal y como establecen los parámetros internacionales. Peor aún: no es posible saber con claridad a qué comunidades debe consultárseles y cuál es el grado de afectación que tendría cada una. Los impactos del Tren Maya podrían ser mínimos en algunas regiones y críticos en otras, pero debe existir claridad al respecto.

Tampoco se ha dado información debida sobre los procesos de “reubicación” que se harían en distintas comunidades. Si bien, nuevamente, no hay información clara respecto a lo que implican estos procesos y dónde se realizarían, preocupa que esto sea un eufemismo que termine generando desalojos forzosos y/o desplazamientos forzados.

No bastando la ausencia de esta información trascendental para realizar el proceso de consulta, éste fue diseñado de manera unilateral. El 15 de noviembre pasado, el gobierno federal publicó en el Diario Oficial de la Federación la “CONVOCATORIA al Proceso de Consulta Indígena y Jornada de Ejercicio Participativo Ciudadano sobre el Proyecto de Desarrollo Tren Maya”,1 documento que vino acompañado del Protocolo para dicho proceso de consulta,2 el cual fue diseñado y firmado por funcionarios del Fondo Nacional para el Fomento Turístico, la Secretaría de Gobernación y el Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas.

Conforme a los estándares internacionales en materia de derechos humanos, el protocolo de consulta indígena debe realizarse en conjunto con las comunidades afectadas, sobre todo aquellas en las que el impacto del proyecto será mayor (información que, insisto, aún no se tiene). Es decir, el utilizado en este proceso es un documento impuesto y hecho desde el gobierno que gestiona el proyecto.

Además, de acuerdo con la Convocatoria y el Protocolo, la redacción del objetivo de la consulta parte del hecho de que el proyecto sí se realizará, planteando que se buscará “(e)stablecer acuerdos con los pueblos y comunidades indígenas que se encuentran en el área de influencia del Proyecto, respecto de su participación en la implementación de dicho proyecto, así como en la distribución justa y equitativa de los beneficios”. Esto resulta ambiguo porque no se estableció que el objeto de la consulta era la búsqueda del consentimiento de las comunidades. Además, el objeto señala la participación y el beneficio, pero no las afectaciones a sus territorios, los complejos turísticos y efectos ambientales.

Pero uno de los puntos que me parecen más preocupantes es que tanto la Convocatoria y el Protocolo como la implementación realizada este fin de semana evidencian que se trata de un proceso que homogeniza a las comunidades. No existe un pueblo maya, sino varios pueblos mayas con distintas formas de organizarse y llevar a cabo sus procesos de consulta. Por ejemplo, si bien hay comunidades mayas que creen en el principio de la secrecía del voto, hay otras en las cuales es mal vista por considerarse que es un medio para el fraude. Este tipo de diversidades no fueron consideradas.

Esto no es un asunto menor porque tanto los estándares internacionales como los reconocidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación señalan que la consulta debe ser culturalmente adecuada y realizarse conforme a las formas de organización internas de las comunidades. Un proyecto tan titánico como el Tren Maya exige un proceso igual de ambicioso en el cual las consultas en cada comunidad se realicen según sus usos y costumbres. Podría objetarse que eso sería una tarea compleja y costosa. Y efectivamente así es. Pero es una consecuencia inevitable de que se decidiera hacer un proyecto sumamente complejo y costoso que afectaría a cinco estados del país de manera simultánea, lo cual entiendo es inédito en el país. Las obligaciones exigibles a las autoridades son proporcionalmente complejas al grado de impacto que significará el Tren Maya.

Por último, la Convocatoria indica que las asambleas realizadas este fin de semana tienen la finalidad de “recibir propuestas, opiniones, sugerencias o planteamientos, estableciendo los acuerdos correspondientes”. Similar aclaración hace el Protocolo. Es decir, se trata de un loable ejercicio de atención al cliente, pero no de una búsqueda de consentimiento. Además, ambos documentos rectores establecen que habrá una Comisión de Seguimiento y Verificación para el cumplimiento de los acuerdos, pero no cómo estará conformada, ni mucho menos si tendrán potestad para hacer cumplir los acuerdos con carácter vinculantes o si simplemente tendrán un carácter observador.

No está de más mencionar algunas anomalías reportadas por asistentes a las asambleas: grupos del partido Morena haciendo perifoneo en comunidades para asistir y “votar a favor del proyecto”,3 así como asambleas en las cuales se habrían llevado actas previamente redactas (no en el momento conforme a los acuerdos), entre otros.

De acuerdo con datos del gobierno mexicano, para 2017 se habían realizado al menos 74 procesos de consulta indígena en México.4 Distintas voces han coincidido en que, en mayor o menor medida, ninguna de estas experiencias ha cumplido de manera adecuada con los estándares internacionales en materia de derechos de los pueblos originarios. Estando actualmente en una administración que inició con un fuerte discurso indigenista y que en campaña incluso tuvo entre sus propuestas “hacer cumplir los Acuerdos de San Andrés Larráinzar”, se esperaría un cambio sustancial, si no en los resultados al menos en la voluntad para permitir el libre ejercicio del derecho a la autodeterminación de los pueblos originarios.

Desgraciadamente, el proceso de consulta por el Tren Maya no ha sido muy distinto a otros realizados en administraciones anteriores. Con la gran diferencia del descaro de repetir el mantra de que esta vez “es diferente”.

@kalycho

 

Disponible aquí.

Disponible aquí.

Puede verse un video de estos hechos tomado en la comunidad de Maxcanú, a través del este enlace.

DPLF. “Informe sobre la implementación del derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado en México”, Enero 2019, pág. 32. Disponible en formato digital a través de este enlace.

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