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Hojas en el cenicero
Por Carlos Escoffié
Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos d... Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Litigante independiente en colaboración con distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Techo México y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Trabajo temas de derecho a la vivienda, derecho a la verdad e igualdad y no discriminación. Iba a ser escritor de ciencia ficción pero me lastimé la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
Lo que el Huracán Bonilla dejará en la SCJN
Los drásticos cambios de temporal que ha vivido la SCJN este año hacen que las acciones de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Bonilla sean una especie de diagnóstico en escala de Mercalli para saber qué tanto nuestro Máximo Tribunal será un contrapeso.
Por Carlos Escoffié
5 de noviembre, 2019
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Lo más alarmante de la llamada “Ley Bonilla” no es su efecto directo e inmediato –que el empresario bajacaliforniano ocupe la silla de gobierno por cinco años–, sino los efectos indirectos y a largo plazo que pudiera generar. Sobre todo porque será el gran termómetro para indicarnos qué tipo de Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) nos espera en este sexenio.

A mediados de este año, el ministro en retiro José Ramón Cossío Díaz publicó el libro Voto en contra, el cual ha sido destinatario tanto de elogios como de reseñas que evidencian la buena recepción que ha tenido entre la comunidad jurídica. Entre los puntos de reflexión que bien se merece la obra, se encuentra su vocación de brevísima bitácora de viaje a lo largo de los últimos quince años de vida constitucional en el país. Cossío Díaz nos muestra una SCJN que, con sus luces y bemoles, aciertos y errores, ha logrado en constituirse en las últimas décadas como un verdadero Tribunal Constitucional. 

Voto en contra nos muestra cómo aquel edificio sobre Pino Suárez en Ciudad de México, de apariencia hierática y distante incluso cuando se le tiene enfrente, genera impactos reales y sustanciales en la vida de millones de personas en este país. Y a pesar de muchos pesares de sentencias que con justa razón se han criticado, la SCJN pudo frenar la cruzada del calderonismo por impedir el matrimonio igualitario en Ciudad de México y el esfuerzo peñista por impulsar la ahora extinta Ley de Seguridad Nacional, por dar tan solo unos ejemplos. A veces tarde, a veces de manera insuficiente, pero la Constitución en nuestro país puede imponerse frente a otros poderes del Estado.

El Derecho –siempre limitado en sus alcances, siempre acotado frente la inconmensurable realidad– puede ser capaz de mucho más cuando lo poco que tiene a su disposición es fortalecido con un tribunal constitucional que funcione como un verdadero contrapeso.

El jurista español Elías Díaz señalaba en su célebre Estado de Derecho y Democracia una frase que no ha sufrido desgastes en su constante referencia entre el gremio jurídico: “No todo Estado es un Estado de Derecho”. A partir de esa premisa, el salmantino señala que la diferencia entre un Estado con Derecho y un Estado de Derecho radica en que éste último somete sus actuaciones a su propio Derecho, respetando los derechos fundamentales. Y esto implica, por supuesto, el ejercicio de un control de los poderes que lo componen.

En este sentido, no basta con que una norma sea votada y aprobada por el Congreso: el resultado del proceso legislativo debe estar en concordancia con la Constitución Federal. Incluso entre quienes ejercen una acérrima defensa al federalismo –camada en la que me incluyo– sería irrazonable defender una norma local que atente contra el sistema democrático y los derechos fundamentales, precisamente por la sumisión de todas las entidades del país al Pacto Federal, de conformidad con los artículos 40 y 41 de nuestra Constitución común. De ahí que la llamada Ley Bonilla no puede revestir de legitimidad por el simple hecho de ser sancionada por el Poder Legislativo, como “sin querer queriendo” señaló la Secretaria de Gobernación.

Los drásticos cambios de temporal que ha vivido la SCJN este año –y los que le faltan por embestir– hacen que las acciones de inconstitucionalidad contra la llamada Ley Bonilla sean una especie de diagnóstico en escala de Mercalli para saber qué tanto nuestro Máximo Tribunal será un contrapeso frente a actores públicos que se comportan como si les bastara un Estado con Derecho y les incomodase la idea de un Estado de Derecho.

Aunque no me parece que existan formas razonables de justificar la constitucionalidad de la llamada Ley Bonilla, es importante aclarar que el diagnóstico final no puede simplificarse al hecho de si la SCJN resuelve favorablemente o no las acciones de inconstitucionalidad que han sido presentadas por distintos partidos. Precisamente, Voto en contra de Cossío Díaz nos recuerda que las fortalezas de un tribunal no pueden limitarse únicamente al sentido de sus resoluciones, sino que son igual de importantes –y en algunos casos, incluso más importantes- las razones de las mismas.

Cuando el Huracán Isidoro destrozó varias poblaciones de la Península de Yucatán en 2002 –incluyendo Mérida y Progreso–, la debacle concluyó con saldo blanco. Los huracanes, predecibles con un margen relativamente generoso, permiten evitar muertes al instante. Sin embargo, las pérdidas humanas se dieron días después, generadas por el estado en el que el meteoro había dejado postes, cableado, muros y árboles, así como por reacciones cardiacas de personas que perdieron sus casas. Muchas veces los daños más destructivos y lamentables se dan con posterioridad a la debacle, de manera incluso indirecta. Tal y como podría pasar si la imposición de la llamada Ley Bonilla es avalada sin más por la última instancia de este país que puede imponer el orden constitucional.

La resolución de las acciones de inconstitucionalidad de la llamada Ley Bonilla será una decisión hito no solo en la jurisprudencia de la SCJN: también lo será en la vida pública del país. Definirá la categoría de peso con la que el Poder Judicial de la Federación llega a este sexenio de alta velocidad. Así de mayúsculo. Así de preocupante.

@kalycho

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