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Hojas en el cenicero
Por Kalycho Escoffié
Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha... Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha participado en diversos litigios estratégicos con distintas organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas. Sus principales temas de trabajo son derecho a la vivienda, no discriminación y pueblos indígenas. Twitter: @kalycho. (Leer más)
Lo que esconde el “PIN” parental en Nuevo León
Una de las principales razones para no consentir la reforma a la Ley de Educación de Nuevo León es que confunde el cuidado de las hijas e hijos con la imposición, la tutela con la propiedad.
Por Kalycho Escoffié
25 de mayo, 2020
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El Congreso de Nuevo León votará esta semana una polémica iniciativa de reforma a la Ley de Educación local para establecer el llamado “PIN” parental. La propuesta del diputado del Partido Encuentro Social, Juan Carlos Leal Segovia, busca que las escuelas tengan que solicitar el consentimiento de los padres o tutores antes de dar contenidos “que sean ética y moralmente controvertidos”. Como era de esperarse, se ha acusado que la reforma busca blindar la educación sobre derechos sexuales y reproductivos. Coincido con esta lectura. Sin embargo, hay una pregunta adicional que creo no ha tomado la suficiente atención y que me parece que es crucial en la discusión que dará el Pleno del Congreso neoleonés esta semana: ¿de quién es la niñez?

De aprobarse la iniciativa, el artículo 92.VI de la Ley de Educación del Estado de Nuevo León le reconocería a los padres y tutores el derecho “de prestar su consentimiento previo, conjunto, o por escrito” así como a “manifestar su oposición o negativa” sobre “el contenido de las clases y actividades” así como de “talleres, pláticas o charlas” que se impartan en los centros educativos que sean considerados contrarios a sus convicciones éticas, morales o religiosas.

Por la amplitud y generalidad en su redacción, la reforma otorgaría un poder de veto a los padres frente a las facultades de la Secretaría de Educación del Estado de Nuevo León, e incluso de la Secretaría de Educación Pública. Aunque la iniciativa señala en su presentación que el “PIN” parental es para “los talleres y/o materiales que sean ética y moralmente controvertidos” –concepto de por sí ya ambiguo y problemático-, el texto del artículo 92.VI que se propone permite bloquear cualquier tipo de contenido de prácticamente cualquier actividad de las escuelas.

No es menor que en la exposición de motivos quienes figuran como protagonistas y principales destinatarios de la reforma sean los padres, no la niñez. Tras una breve referencia a la persecución de minorías durante la Segunda Guerra mundial, el texto desarrolla su utilidad a partir del reconocimiento de que los padres tienen el “derecho preferente a escoger el tipo de educación que habrá de darse a sus hijos”, tal y como lo plantea el artículo 26.3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. La exposición de motivos es clara en esa confesión: es una reforma pensada en los padres. No en sus hijas e hijos.

De todo esto podemos advertir que la iniciativa del “PIN” parental en Nuevo León parte de dos ideas ampliamente arraigadas. La primera es la concepción de la dignidad de la niñez como una inversión a largo plazo. El derecho, la religión, las escuelas y otras instituciones suelen entender a las niñas y a los niños como seres humanos incompletos: se les valora como miembros de la sociedad en virtud de lo que llegarán a ser y no por lo que son hoy día. Por otro lado –y estrechamente relacionada a la idea anterior- está la confusión entre la tutela con la propiedad. Se suele pensar que las hijas y los hijos son una especie de propiedad de los padres, a través de la cual estos emprenden el proyecto personal de “crear” una persona con base en sus propias expectativas. Estas dos ideas han sido ampliamente respaldadas no solo por la sociedad sino también por el Estado a través del derecho, como pretende hacerlo el “PIN” parental.

Nadie duda que por las características de los primeros años de vida las niñas y los niños requieran el apoyo y la protección de sus familias, de la comunidad y de las instituciones. Es por eso que la toma de decisiones en sus vidas se hace progresivamente menos indirecta conforme crecen hasta alcanzar la mayoría de edad. No obstante, la tutela no significa propiedad. Y la imposibilidad de ejercer por sí mismos sus derechos no implica desconocerlos como titulares actuales e independientes de sus tutores.

La iniciativa del “PIN” parental elimina a las niñas y los niños como personas y titulares del derecho a una educación integral. Que los padres tengan el derecho a elegir el “tipo de educación que habrá de darse” no significa que tienen el derecho de elegir si se les dará acceso a la educación que todas las demás niñas y niños tienen disponible.

El artículo 3 de la Constitución Federal establece que la educación “se basará en los resultados del progreso científico, luchará contra la ignorancia y sus efectos, las servidumbres, los fanatismos y los prejuicios”. Ese mismo artículo plantea también que la educación en nuestro país contribuirá a mejorar la convivencia humana para fortalecer el “aprecio y respeto” a la dignidad de las personas. Permitir que los padres y tutores puedan vetar de manera unilateral el contenido educativo que consideren es en sí mismo contrario a todos estos principios. Las niñas y los niños tienen derecho a saber que las cosas existen, independientemente de los valores y lecturas que en sus casas les inculquen frente a esas realidades. La ciencia nos presenta hechos, las personas buscamos reaccionar a ellos conforme a nuestras posturas éticas, políticas y espirituales. Pero pretender eliminar los hechos además de inconstitucional es deshonesto. ¿Cuál es el tipo de información que se teme se les enseñe para que la única manera de confrontarla sea prohibiéndola y no presentando pruebas científicas y argumentos que la contradigan?

Retomo mi planteamiento inicial: lo que se debatirá esta semana en el Congreso de Nuevo León no es solo si debe darse o no cierta información en los colegios, sino si el derecho a la educación es de los padres y tutores o es de las niñas y los niños. La discusión implícita será si estos últimos son personas a medias o si son miembros actuales de nuestra sociedad con titularidad de derechos que nadie, ni siquiera sus padres, pueden quitarles.

La iniciativa presenta razones de sobra para no ser aprobada. Desde su fundamentación hasta la ambigüedad de su redacción, pasando por sus indudables contradicciones con la Constitución Federal e incluso con la Constitución del Estado de Nuevo León. Pero creo que una de las principales razones para no consentirla es que confunde el cuidado de las hijas e hijos con la imposición, la tutela con la propiedad. Frente a eso tenemos que ser enfáticos: las niñas son de sí mismas, los niños son de sí mismos. Tienen derecho a una educación integral, así como a la formación ética que sus padres deseen impartirles, para que sobre esas dos bases reconozcan quiénes son y qué creer. Nada más contrario al amor que negarles esa oportunidad.

@kalycho

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