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Hojas en el cenicero
Por Carlos Escoffié
Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos d... Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Litigante independiente en colaboración con distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Techo México y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Trabajo temas de derecho a la vivienda, derecho a la verdad e igualdad y no discriminación. Iba a ser escritor de ciencia ficción pero me lastimé la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
Los megaproyectos mágicos de Yucatán
Los procesos de consulta indígena en México han sido adoptados por muchas autoridades como un mero trámite administrativo que de terminarse les brindará de un implícito “certificado en derechos humanos de los pueblos indígenas”. Es el caso de la consulta a la comunidad maya de San José Tipceh, Yucatán.
Por Carlos Escoffié
18 de noviembre, 2019
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La Oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU_DH) recientemente se pronunció sobre el proceso de consulta indígena en la comunidad maya de San José Tipceh (Yucatán) en relación con el proyecto solar Ticul A y Ticul B. El pronunciamiento, que considero no recibió la atención mediática merecida, no solo es la radiografía de un proceso viciado de origen, sino que es un ejemplo clave de los malos manejos con los que suelen realizarse las consultas a comunidades indígenas sobre proyectos que afectan sus territorios y formas de vida.

Desde hace un par de años que el proyecto que busca instalar más de un millón de paneles solares ha generado una gran controversia entre la población de San José Tipceh. Por un lado, un sector de sus habitantes lo ven como una alternativa para salir de la pobreza debido al rédito que recibirán por las rentas de sus terrenos para el parque solar. Por otro lado, el proyecto pareciera loable desde un punto de vista ambiental. La cada vez más omnipresente crisis climática nos obliga a pensar urgentemente en alternativas a nuestras fuentes de energía. Es por eso que las llamadas “energías verdes” suelen ser vistas como una incuestionable respuesta. En este sentido, mucha gente ha visto el proyecto solar de San José Tipceh como una fuente para impulsar la economía y emprender una transición energética.

No obstante, entre las y los habitantes de San José Tipceh también hay opositores al proyecto por temor a sus impactos ambientales y comunitarios. Por ejemplo, la deforestación que implicaría el proyecto ha sido preocupación recurrente no solo de las y los habitantes de San José Tipceh, sino también de académicos y activistas. Jan Jarab señaló el año pasado en una entrevista realizada por el periódico La Jornada Maya que “l caso de Tipceh hay que leerlo con cuidado. Que la energía sea renovable no necesariamente significa sostenible en términos ambientales o sociales. Una cosa es poner paneles solares en casas o desiertos de México, eso nos parece útil; pero deforestar para colocar paneles solares a una gran escala es otra cosa desde la perspectiva ambientalista”.

Frente a la confrontación de respaldo y de oposición al proyecto, la Secretaría de Energía, con apoyo del Gobierno de Yucatán, inició una consulta indígena a la comunidad. Tras documentar y analizar la información recibida sobre las distintas etapas ya desahogadas de este proceso, ONU-DH emitió una serie de recomendaciones a autoridades del Gobierno Federal y del Estado de Yucatán.

Por un lado, ONU-DH advirtió que la firma de contratos de arrendamiento entre la empresa Sun Power y ejidatarios podría ser una violación al carácter previo que debe de cumplir todo proceso de consulta en materia indígena. Además, señaló que la comunidad no habría tenido una participación significativa en la elaboración de los estudios y manifestaciones de impacto social y ambiental.

ONU-DH también señaló que los pagos realizados a ejidatarios durante el proceso de consulta en virtud de los contratos, así como “una fuerte presión para la finalización de la consulta y el otorgamiento del consentimiento” habrían afectado su carácter libre. Además, indicó que la consulta no habría sido debidamente informada, ya que no se otorgó a la comunidad información completa, clara y accesible, así como tampoco se otorgó tiempo suficiente para una discusión amplia.

El proceso de consulta de San José Tipceh tampoco habría sido culturalmente adecuado, debido a que no se contó con interprete-traductor en idioma maya, y tampoco se habría realizado de buena fe, debido a que la ONU-DH documentó diversos oficios e inconformidades de muchas personas de la comunidad que nunca fueron atendidas por las autoridades antes de avanzar con el proceso de consulta.

Tampoco la firma del acta de acuerdos se libró de desperfectos puesto que, tal y como señala ONU-DH, ésta fue firmada sin incluir a todas las personas afectadas de la comunidad. Además, al momento de su firma no se abrió espacio para el análisis del texto y para atender a las distintas inconformidades que manifestaron sobre su contenido.

Al final del documento difundido, ONU-DH realiza un listado de recomendaciones dirigidas a las autoridades involucradas en el proceso de consulta. Dado que el pronunciamiento de esa instancia es un modelo a escala de las falencias reiteradas que tienen los procesos de consulta indígena en el país, considero en este espacio puntualizar una de ellas, dirigida a la Secretaría de Energía: “arantizar que en futuros procesos existan las condiciones para que las propias comunidades puedan decidir cómo tomarán sus decisiones y elegirán a sus representantes, sin presiones de ningún tipo, así como definir las formas en las que se llevarán a cabo las sesiones, los puntos de la agenda y la dinámica de interacción”.

Los procesos de consulta indígena en México han sido adoptados por muchas autoridades como un mero trámite administrativo que de terminarse les brindará de un implícito “certificado en derechos humanos de los pueblos indígenas”. Estamos en un escenario de “Megaproyectos Mágicos”, en analogía al nombramiento de carácter turístico que suelen hacerse a algunas poblaciones: estos proyectos que son cuestionados por sus impactos ambientales y sociales buscan desvirtuar el proceso de consulta indígena para revestirse de legitimidad y simular que son productos de una voluntad participativa.

La Península de Yucatán posee unas condiciones geológicas y climáticas que la hacen especialmente vulnerable a las afectaciones al medio ambiente. Y sufre actualmente de distintos fenómenos que comprometen ese frágil equilibrio: fumigaciones aéreas de plaguicidas catalogados como altamente peligrosos, deforestación intensiva, especulación inmobiliaria, megagranjas que contaminan los cenotes, muerte masiva de abejas, incendios –espontáneos o provocados-, así como los megaproyectos que se presentan como “verdes”.

Frente a esos riesgos, los pueblos mayas tienen derecho a participar en la toma de decisiones que pudieran afectar su vida, su salud y su medio ambiente. Pero las autoridades federales y locales, así como diversas empresas, lejos de escandalizarse frente al complejo escenario ambiental que nos enfrentamos, parecieran explotar un infinito cuerno de la abundancia. Para ellos en estos casos lo importante es “cumplir” con los mínimos requisitos formales para aparentar una consulta indígena, terminarla pronto y poder recibir su certificado de “Megaproyecto Mágico”. Al menos mientras haya península por arriesgar.

@kalycho

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