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Hojas en el cenicero
Por Carlos Escoffié
Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos d... Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Litigante independiente en colaboración con distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Techo México y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Trabajo temas de derecho a la vivienda, derecho a la verdad e igualdad y no discriminación. Iba a ser escritor de ciencia ficción pero me lastimé la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
Los otros siete puntos
Si bien no podemos dar por superado ni el proceso ni el debate alrededor de la Guardia Nacional, creo oportuno dedicar algunas líneas para recordar la importancia y trascendencia de los otros siete puntos.
Por Carlos Escoffié
22 de febrero, 2019
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Que no se nos olvide: la Guardia Nacional era uno de los ocho puntos que conforman el Plan Nacional de Paz y Seguridad 2018-2024 (PNPS). Si bien no podemos dar por superado ni el proceso ni el debate alrededor de la Guardia Nacional, creo oportuno dedicar algunas líneas para recordar la importancia y trascendencia de los otros siete puntos. Algunos de ellos, incluso, podrían amortiguar los sospechados efectos de ese futuro cuerpo de seguridad.

Como es sabido, ayer el Senado aprobó por unanimidad la reforma con la cual se daría vida constitucional a la (mal llamada) Guardia Nacional. Contra todo pronóstico, finalmente se realizaron cambios de gran trascendencia, dando un discreto pero valioso suspiro frente a su diseño original: tendrá un mando civil y estará adscrita a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.

Me es inevitable no sumarme a las voces que reconocen en este giro inesperado un triunfo de la conjunción de esfuerzos provenientes de distintos actores. Destaco especialmente el papel del Colectivo #SeguridadSinGuerra, así como de todos los activistas y académicos que -a pesar de los insufribles episodios de impotencia, decepción, cerrazón y cansancio- descartaron desde el principio la posibilidad de claudicar, aferrándose a los datos y al compromiso con las víctimas.

Sin que esta noticia implique carpetazo a la discusión y al trabajo frente a la Guardia Nacional, la agenda pública no puede permitir que los otros puntos del PNPS queden en el olvido: 1. Combatir la corrupción y mejorar la justicia; 2. Empleo, educación, salud y bienestar; 3. Combatir la impunidad en violaciones a Derechos Humanos; 4. Regeneración ética de la sociedad mediante una constitución moral y cambiar el modelo cultural del consumismo; 5. Analizar la prohibición de las drogas y enfocarse en atender a los adictos; 6. Pacificación del país, y 7.Recuperar las cárceles.

Como es evidente, me es imposible por limitaciones de espacio y conocimiento abordar cada uno de estos puntos. Por el momento me limitaré a hacer referencia a tres de ellos para compartir algunas brevísimas reflexiones que considero pertinentes.

Combatir la corrupción y mejorar la justicia

Desde 2011, Ana Laura Magaloni y Carlos Elizondo publicaron a través del Centro de Investigación y Docencias Económicas (CIDE) el estudio “La justicia de cabeza: la irracionalidad del gasto público en tribunales”. Entre las conclusiones a las que llegan luego de comparar la situación de cinco países federales –México, Brasil, Argentina, Estados Unidos y Canadá-, se encuentran dos que quisiera resaltar. La primera es que, contrario a lo que suele decirse entre el gremio jurídico, no es verdad que todos los asuntos judiciales terminen resolviéndose en el Poder Judicial Federal –principalmente vía amparo-. La mayoría de los asuntos concluyen en los poderes judiciales estatales. A pesar de ello (segunda conclusión a destacar), México es el país de los cinco comparados que menos invierte en los poderes judiciales locales.

El primer punto del PNPS, titulado “Erradicar la corrupción y reactivar la procuración de justicia” se centra en robustecer los controles disciplinarios en las instituciones, en reformas para ampliar las sanciones o negar libertad bajo fianza en ciertos delitos y en eliminar el fuero a funcionarios, entre otros. Salvo en el planteamiento de mejorar sus salaros, las fiscalías, los juzgados y los tribunales son los grandes ausentes en la estrategia para combatir la corrupción y mejorar la justicia. No contempla ni la urgencia de tener fiscalías autónomas al Poder Ejecutivo, ni la necesidad de aumentar el personal y el presupuesto para que los poderes judiciales, sobre todos los locales, puedan librar los grandes rezagos que enfrentan. Mucho menos se plantean medidas o reformas para el fortalecimiento de su independencia judicial. 

Reformular el combate a las drogas

En su informe “La experiencia de Colombia en materia de política de drogas en la última década”, diversas organizaciones como Elementa, Dejusticia y OCCDI Global, entre otras, advierten los graves costos humanos, económicos e institucionales que ha dejado en Colombia una política de drogas centrada en la erradicación forzada de cultivos ilícitos y en el enfoque punitivo. Además, la organización Elementa ha advertido en distintos foros la importancia de la experiencia colombiana como insumo para el debate de la política de drogas en nuestro país.

El PNPS plantea un cambio histórico en la relación del Estado frente al tema de las drogas, apuntando más a un enfoque de prevención y de salud pública. Como todas las opciones en un problema multifactorial y sumamente complejo, la legalización de ciertas drogas por sí misma no acabará la violencia –ninguna medida en aislado lo hará-, pero puede potencializar los efectos de otras que ya han sido planteadas por la actual administración.

Pacificación del país

Este punto es, a mi criterio, de los más trascendentales. El PNPS reconoce que “l gobierno mexicano no ha podido derrotar a los cárteles y no hay perspectivas de que logre vencerlos en un tiempo estimable”. El punto “Emprender la construcción de la paz” se trata de un proyecto ambicioso de justicia transicional que incluye la desmovilización de grupos armados, la reinserción, la colaboración con la justicia y la reparación del daño. Además, prevé la integración de un Consejo de Construcción de Paz como el eje institucional para dirigirá la compleja ruta que plantearía esta transición. Hasta ahora, ese Consejo no ha vuelto a ser mencionado.

Sin dudas abordar este punto nos llevará, como ha ocurrido en países con experiencias de este tipo, a un debate sumamente álgido. Urge que lo demos. La justicia ordinaria no está pensada para atender contextos de graves y sistemáticas violaciones a derechos humanos. Abordar esta difícil, desgastante pero inminente tarea sería, ahí sí, una verdadera transformación en la vida pública. Bajo este contexto insufrible que vivimos, debiera ser una prioridad del Estado Mexicano buscar incansablemente respuestas a la pregunta suspendida en el aire desde diciembre de 2006: ¿por qué nos estamos matando entre nosotros y cómo hacer que esto pare?

Como ya he advertido, no tengo la posibilidad ni la intención de agotar todos y cada uno de los puntos pendientes en el PNPS. Este manojo de apuntes e ideas tiene como objetivo recordar que aún están sobre la mesa. Algunos de ellos exigen nuestra atención por las preocupantes consecuencias que pudieran generar si llegasen a materializarse en los términos planteados. Otros, en cambio, porque parecieran haberse quedado olvidados en aluvión mediático, corriendo el peligro de nunca abandonar el mundo discursivo.

Es verdad: en este país sucede que nos cansamos de ser sus habitantes. Leer las noticias es una actividad en la que converge la responsabilidad cívica con un masoquismo involuntario. Ya no hablemos de lo abrumador que puede ser el emprender esfuerzos por transformar la realidad. Pero, como diría un cantautor andaluz, “mientras la tierra gire y nade un pez, hay vida todavía”. Y no toca sino correr a defenderla desde todos los parapetos posibles. Tal y como varias mujeres y hombres imprescindibles –activistas, académicos, periodistas y especialistas- lo hicieron durante este proceso legislativo en las audiencias de parlamento abierto.

 

@kalycho

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