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Hojas en el cenicero
Por Carlos Escoffié
Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos d... Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Litigante independiente en colaboración con distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Techo México y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Trabajo temas de derecho a la vivienda, derecho a la verdad e igualdad y no discriminación. Iba a ser escritor de ciencia ficción pero me lastimé la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
Los recortes salvajes y la defensa de derechos
El gobernador Mauricio Vila anunció que cancelaría la donación que el CRIT Yucatán recibía desde el 2011, sin que esto implique un traslado de los recursos a sus homólogos públicos, los Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Estado de Yucatán. Es decir, el Estado dejaría de otorgar más del 95% de los recursos con los que atendía la salud de las personas con discapacidad.
Por Carlos Escoffié
14 de octubre, 2019
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La llamada “austeridad republicana” ha sido usada por muchas autoridades para desentenderse de sus obligaciones, incluso de aquellas de las que depende la garantía de los derechos humanos. En tiempos en los que resulta fácil la excusa “es que no hay dinero” –incluso viniendo de instancias que no han sufrido recortes o que han recibido aumentos en comparación con otros años-, la defensa de los derechos humanos exige una revisión con lupa del presupuesto a nivel federal, estatal y municipal para confirmar si se está haciendo uso del máximo de recursos disponibles.

Las políticas de austeridad no son por sí mismas condenables. El inabarcable inventario de casos de corrupción en las últimas administraciones ha evidenciado que gran parte de nuestros recursos ha terminado en bolsillos privados o en gastos ociosos que fueron priorizados por encima de necesidades reales. Las políticas de austeridad pueden ser loables, siempre que sean para eliminar gastos superfluos y para maximizar la cobertura y/o calidad en las funciones estatales.

No obstante, actualmente nos enfrentamos a distintas autoridades –no solo del gobierno federal- que buscan evadir el cumplimiento de sus funciones escudándose en un contexto de recortes. En muchas ocasiones, los verdaderos obstáculos son su orden de prioridades y su falta de voluntad. Hoy más que nunca, el escrutinio y la defensa del presupuesto público es imprescindible en la defensa de los derechos humanos. Ejemplo de ello lo está dando el colectivo “Yucatán en Pie por la Discapacidad”, el cual conglomera a personas con discapacidad y familiares que desde hace meses están en una incansable batalla por evitar un colapso en los servicios de rehabilitación.

Desde la administración de Ivonne Ortega (2007-2012), el gobierno de Yucatán destinó un promedio de 40 millones de pesos para el Centro de Rehabilitación e Inclusión Infantil Teletón (CRIT). Es decir, a través de una donación pública a un ente privado se buscó satisfacer el derecho de las personas con discapacidad a contar con los medios para su rehabilitación.

Como ha señalado la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), durante 2011 y 2016 Yucatán invirtió prácticamente todo su presupuesto para personas con discapacidad en estas donaciones,1 las cuales aumentaron con el tiempo: el CRIT pasó de recibir del Gobierno $36.636,504.00 en 2011 a contar con $42.799,736.00 del presupuesto público durante 2016.2 La CNDH concluyó que existía un “desequilibrio en las asignaciones presupuestales” en Yucatán, debido a que una institución privada recibía más presupuesto que las instituciones públicas en materia de personas con discapacidad.3

Por su parte, desde el año 2000 el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU señaló a México su preocupación por el hecho de que “buena parte de los recursos para la rehabilitación de las personas con discapacidad del Estado parte sean objeto de administración en un ente privado como Teletón”.4

Este año, el actual gobierno de Mauricio Vila anunció que cancelaría la donación que el CRIT Yucatán recibía desde el 2011, sin que esto implique un traslado de los recursos a sus homólogos públicos, los Centros de Rehabilitación y Educación Especial (CREE) del Estado de Yucatán. Es decir, el Estado dejaría de otorgar más del 95% de los recursos con los que atendía la salud de las personas con discapacidad. El argumento para justificar este dramático corte fue, como puede esperarse, que no habría presupuesto suficiente debido a la “austeridad republicana” del Gobierno Federal.

La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ya ha determinado que en casos como éste no es suficiente que la autoridad señale que tiene una carencia presupuestaria, sino que debe demostrarla.5 A la fecha, el Gobierno de Mauricio Vila no ha aportado elementos para justificar la razón por la que el Estado estaría prácticamente renunciando a atender la salud de las personas con discapacidad, en lugar de invertir en el fortalecimiento de los CREE.

Es verdad que el presupuesto del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia de Yucatán –del cual dependen los CREE- sufrió en 2019 un recorte de $11.868,908.00 en comparación con el presupuesto de 2018, quedando en $532.277,908.00. Sin embargo, este factor no es suficiente para acreditar la incapacidad de al menos invertir en los CREE los 40 millones que originalmente se destinaban al CRIT. Algunos datos nos obligan a sospechar que el problema en sí no son los recortes –o al menos no únicamente-, sino el orden de prioridades y la voluntad política. Por ejemplo, en el presupuesto de 2019 se destinó para el rubro de “servicios de comunicación y medios” un monto de $195.634,184.00, el cual es apreciablemente mayor al asignado para el Ramo Autónomo del Congreso del Estado ($137.009,613.00) y casi cinco veces el monto del donativo que anualmente recibía el CRIT.

Por si fuera poco, este año se realizó en Mérida la Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz, evento que ocupó un lugar importante en las prioridades del gobernador Mauricio Vila y del cual se desconoce hasta la fecha el costo que significó para las arcas públicas. Al ser cuestionada al respecto, la Secretaria de Fomento Turístico se limitó a indicar en su momento que para la realización de dicha Cumbre se contaría con la “aportación necesaria” del gobierno, sin dar cifra alguna.6 Además, señaló que el evento “no significaría un gasto” para el Estado debido a que los laureados “no cobrar[ían] grandes sumas por participar”.7 No obstante, la magnitud del evento incluyó tanto la presencia de los laureados del Premio Nobel como la presencia de artistas de talla internacional, así como una amplia difusión mediática a nivel nacional e internacional, sin contar con los gastos para el personal y para las adecuaciones realizadas al centro de convenciones en el cual tuvo lugar. En suma, la magnitud de la Cumbre evidenció una voluntad de inversión que hasta la fecha no se ve frente a las miles de personas con discapacidad que perderán servicios de rehabilitación –la gran mayoría de ellas provenientes de familias de escasos recursos-.

Desde el gobierno de Ivonne Ortega la rehabilitación de las personas con discapacidad fue entendida como un asunto de “caridad institucional”, en lugar de una serie de obligaciones que el Estado tiene frente a titulares de derechos. La actual administración de Mauricio Vila pareciera seguir esta línea, en el entendido de que “la caridad es positiva, pero finalmente opcional”.

Ojalá el diálogo que el colectivo “Yucatán en Pie por la Discapacidad” está teniendo con autoridades del Poder Ejecutivo y del Congreso de Yucatán logre ver resultados en el presupuesto del 2020, actualmente en proceso de construcción. Cierto es que el discurso paternalista y asistencialista con el que se ha entendido la discapacidad ha hecho que mucha gente –incluyendo en el movimiento de derechos humanos- lo entienda como un asunto de caridad. La batalla por priorizar la rehabilitación en el presupuesto público es también una lucha por la reivindicación del tema como un asunto de derechos.

El caso del abandono presupuestario a las personas con discapacidad de Yucatán ilustra el contexto al que nos enfrentamos: ante “austeridad franciscana”, reivindicación presupuestaria.

 

 

1 CNDH. Informe Especial de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos sobre el estado que guarda los derechos humanos de las personas con discapacidad en las entidades federativas del país, 4 de diciembre de 2018, pág. 57.

2 Ibídem, pág. 58.

3 Ibídem, pág. 436.

4 ONU. Comité sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Observaciones finales sobre el informe inicial de México. CRPD/C/MEX/CO/1. 14 de octubre de 2014, párr. 17.

5 SCJN. Segunda Sala, Amparo en revisión 378/2014, 15 de octubre de 2014.

6 La Jornada Maya. “Gobierno yucateco no gastará en Cumbre Mundial de Premios Nobel de la Paz”, 7 de mayo de 2019. Disponible en formato digital a través de este enlace.

7 Ídem.

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