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Hojas en el cenicero
Por Kalycho Escoffié
Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha... Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha participado en diversos litigios estratégicos con distintas organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas. Sus principales temas de trabajo son derecho a la vivienda, no discriminación y pueblos indígenas. Iba a ser escritor de ciencia ficción, pero se lastimó la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
“Mi abuelita que vive de su renta”
En México el imaginario popular y el sistema jurídico están fuertemente influenciados por el mito de “arrendador bueno, inquilino incómodo”, que invisibiliza que normalmente las relaciones de arrendamiento parten de una asimetría original.
Por Kalycho Escoffié
29 de junio, 2020
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No son pocas las personas que se oponen fervientemente a las medidas que buscan proteger a quienes rentan una casa o un departamento para vivir. Uno de los argumentos recurrentes con el que suelen justificar su postura –el cual motiva el título y el contenido de este artículo- consiste en el siguiente planteamiento, ya sea hipotético o desde una experiencia cercana: ¿qué pasa con las personas adultas mayores cuyo único sustento es la renta que cobran? Si bien es cierto que este tipo de casos son reales y que no pueden quedarse fuera del análisis, quisiera explicar por qué no es un argumento suficiente para negar el reconocimiento de derechos a las personas que rentan una vivienda.

En México el imaginario popular y el sistema jurídico están fuertemente influenciados por el mito de “arrendador bueno, inquilino incómodo”. Como extensión del discurso meritocrático, se asume que quien posee una vivienda para ofrecer en renta es una persona trabajadora, autosuficiente, “buen ciudadano”, que tiene lo que ha sido fruto de sus actitudes ante la vida. Por otro lado, la idea de rentar una vivienda es asumida como síntoma de inestabilidad, falta de autonomía e incapacidad para generarse un patrimonio propio (como si los bienes inmuebles acaparasen todas las posibilidades materiales e inmateriales de este concepto). Estos discursos son reforzados por los medios de comunicación, las autoridades y la publicidad inmobiliaria. Y es a través de ellos que nos aproximamos al debate público sobre la vivienda.

Sin embargo, este mito invisibiliza que normalmente las relaciones de arrendamiento parten de una asimetría original. Ésta se da porque –insisto, normalmente- quien renta una propiedad tiene otra adicional para utilizar como su vivienda, mientras que la persona inquilina –normalmente- busca rentar porque carece de propiedad alguna para usar como vivienda. Si no reconocemos estos puntos de partida corremos el riesgo de desarrollar un mal análisis, aun en los casos en los cuales los ingresos de las partes son relativamente similares.

Además, normalmente, las personas que ponen en renta su propiedad o sus propiedades tienen por experiencia mucho más conocimiento de la legislación y de los mecanismos disponibles para defender sus intereses, en comparación con muchas de las personas inquilinas. Además, las partes no se encuentran en las mismas condiciones para exigir el cumplimiento del contrato. El miedo a tener conflictos con el propietario es un ejemplo: escalar un disgusto a juicio puede significar para la persona inquilina el tener que desalojar y buscar otro lugar –temor que se agrava en las ciudades donde los precios de alquileres hacen difícil encontrar una opción asequible y en una ubicación razonable-. Por el contraste, las personas propietarias no enfrentan ese tipo de valoración al acudir a los juzgados, más allá de lo indudablemente tedioso y cansado que es siempre iniciar un litigio.

Por si fuera poco, en México la legislación de muchas entidades federativas –como Nuevo León, Ciudad de México y Yucatán- facilitan el desalojo de las personas inquilinas sin que hayan podido aún agotar todos sus medios de defensa judiciales. Es decir, es legalmente posible desalojar a alguien sin que el juicio haya concluido aún.

Agreguemos también a la ecuación el hecho de que en muchos casos la persona inquilina no vive sola. Normalmente los contratos de arrendamiento son firmados, como es obvio, por dos personas: el dueño de la casa o departamento y quien legalmente será “el arrendatario”. Pero “el arrendatario” muchas veces vive con su familia biológica o elegida. Es decir, lo que ocurra con la relación arrendataria afecta en las vidas de personas que formal y legalmente no figuran en el contrato, incluyendo personas adultas mayores o niñas y niños.

Pero incluso las deficiencias en la legislación solo rigen en algunos casos: según los datos oficiales, en México solo el 41% de las personas que alquilan una casa o departamento como vivienda cuentan con un contrato de arrendamiento (INEGI, 2014). Esto quiere decir que para el 2014 había un 59% de casos en los cuales las personas inquilinas no contaban con la garantía legal mínima para defenderse, ya que el acuerdo de arrendamiento no constaba por escrito.

Si bien pudiese seguir, cierro con este último planteamiento para no extender más de lo soportable este artículo: el caso de la persona adulta mayor que vive de su renta no representa la totalidad de los casos, ni mucho menos el contexto en el que se dan los principales problemas que preocupan a los grupos de personas inquilinas y a activistas por el derecho a la vivienda. En México, sobre todo en lugares como Ciudad de México, muchas de las relaciones arrendatarias se dan con particulares que poseen varias propiedades o con grandes empresas inmobiliarias que sistemáticamente, aprovechándose de la corrupción y con apoyo de la legislación laxa, han ido expulsando a vecinas y vecinos tradicionales de zonas como las colonias Centro y Juárez de la capital federal.

¿Significa entonces que la persona inquilina es la pobre víctima a la que hay que defender del abusivo propietario acaparador? No, empezando porque ésta sería una pregunta errónea que parte de la misma falsa dicotomía que nos ha arraigado el mito de “arrendador bueno, inquilino incómodo”. La gran diversidad de casos no permite adoptar posturas simplistas, ni mucho menos definir previamente a quién debe dársele la razón en cada caso. Desgraciadamente, en México no hemos desarrollado propiamente un derecho inquilinario que esté a la altura de la variedad de situaciones posibles y de sus complejidades. Sí, por supuesto que las personas propietarias tienen también derechos. Por supuesto que hay casos en los que legítimamente pueden recuperar su casa o departamento en renta. Pero presentar la experiencia personal de “mi abuelita vive de su renta” como argumento, si bien es un planteamiento legítimo que no podemos invisibilizar, nos lleva a correr el riesgo de desdibujar el engranaje más amplio y complejo del acceso a la vivienda de arriendo en el país.

Tras el terremoto de la pandemia, vienen las alertas de un tsunami de desalojos. Para afrontar esta situación, diversas organizaciones, activistas y académicos hemos señalado que las autoridades deben adoptar distintas medidas para prevenir y mitigar esa inminente ola de personas a la calle. Una de ellas es adoptar una Ley Inquilinaria en cada entidad que, en lugar de adoptar un bando a priori como hacen varios códigos civiles a nivel local, establezca parámetros equitativos que guíen caso por caso la construcción de criterios acerca de qué es lo razonable y lo no razonable en distintos tipos de conflictos que puedan darse en la relaciones de alquiler.

La actual contingencia sanitaria no solo es un momento decisivo frente a una posible crisis de vivienda, sino que es también una oportunidad para un cambio histórico de paradigma frente a las relaciones de arrendamiento, las cuales no son simplemente un acuerdo de disposición de cosas, sino una interacción entre vidas, proyectos y la necesidad de encontrar soluciones equitativas a los conflictos que surgen de esa interacción.

@kalycho

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