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Hojas en el cenicero
Por Carlos Escoffié
Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos d... Carlos Luis Escoffié Duarte es miembro investigador del Centro de Estudios de Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de Yucatán. Litigante independiente en colaboración con distintas organizaciones de derechos humanos, entre ellas Techo México y el Colectivo de Comunidades Mayas de los Chenes. Trabajo temas de derecho a la vivienda, derecho a la verdad e igualdad y no discriminación. Iba a ser escritor de ciencia ficción pero me lastimé la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
Nombrar como un acto de justicia
La SCJN resolverá un amparo de TECHO México en contra del INEGI, por violar los derechos humanos de la población que habita en asentamientos informales precarios en el país por no haberla censado nunca.
Por Carlos Escoffié
11 de junio, 2019
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En el mundo del activismo de los derechos humanos suele reivindicarse el papel que juega el lenguaje en la transformación de nuestra realidad. Se dice, por ejemplo, que nombrar es hacer algo visible. Dicho con más contundencia: es hacer que algo exista. Si esto es verdad –y quien escribe estas líneas así lo cree-, el solo hecho de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vaya a abordar por primera vez el tema de la población que vive en asentamientos informales es en sí una victoria a celebrar.

En agosto de 2018, la organización no gubernamental TECHO México presentó una demanda de amparo en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por no haber censado nunca a la población que habita en asentamientos informales precarios del país. Ni siquiera está contemplando hacerlo para el próximo Censo de Población 2020, a pesar de que dicha institución habría recibido 59 % más de presupuesto para realizarlo en comparación al censo de hace 10 años. (1)

En América Latina aproximadamente 113.4 millones de personas viven en asentamientos informales. (2) En México no sabemos cuántas personas habitan en esos sectores y en qué condiciones. La ausencia de esta información genera que miles de familias no estén incluidas en las cifras oficiales utilizadas para proveer servicios básicos y diseñar políticas públicas.

El pasado miércoles 5 de junio, la Primera Sala de la SCJN decidió, por cuatro votos a favor y uno en contra, atraer el amparo de TECHO México. Es decir, será esa instancia la que resolverá si la omisión del INEGI viola o no derechos humanos reconocidos constitucionalmente. Si bien esto no es garantía de que vayan a emitir una sentencia favorable, será la primera vez que el Máximo Tribunal del país aborde el tema de los asentamientos informales desde una perspectiva de derechos humanos. Lo cual es en sí una buena noticia.

El derecho es un proceso de comunicación. Una de las manifestaciones más latentes de esto es el proceso por el cual se interpretan los derechos y se definen sus límites y alcances. Por ejemplo, el Pleno de la SCJN, al resolver la Acción de inconstitucionalidad 8/2014, reconoció que en ciertos casos el Estado toma posición sobre determinados temas dado que las palabras contienen significados y que el lenguaje es performativo. (3)

Bajo esta lógica, los debates de la SCJN tienen la capacidad no solo de dar contenido a las palabras que se encuentran en el texto de la Constitución Federal, sino de vincular palabras al contenido de los derechos. Es decir, permite que realidades no previstas expresamente en el texto constitucional sean reconocidas como un objetivo que deben perseguir los derechos y las instituciones que sí aparecen textualmente.

No es ninguna novedad que la SCJN atraiga un caso, pero en el contexto de este caso significa un gran avance. No definitivo y en apariencia pequeño, pero un paso digno de esperanza. Que la población en asentamientos informales sea nombrada en la Avenida Pino Suárez implica reconocerla públicamente como actor de esta realidad compleja llamada México. Sobre todo si es en una sentencia hito que reconozca la responsabilidad del INEGI.

@kalycho

 

 

(1) El Economista, “Pese a política de austeridad, INEGI contará con más recursos para el censo 2020 que hace 10 años”, 30 de enero de 2019. Disponible en formato digital a través de este enlace.

(2) Centro de Estudios Legales y Sociales – CELS et al., “Informe ante la CIDH sobre los asentamientos urbanos precarios de América Latina y el Caribe”, Centro de Estudios Legales y Sociales, 20 de marzo de 2015. Disponible en formato digital a través de este enlace.

(3) SCJN. Pleno, Acción de inconstitucionalidad 8/2014, sentencia del 11 de agosto de 2015. Disponible en formato digital a través de este enlace.

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