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Hojas en el cenicero
Por Carlos Escoffié
Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha... Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha participado en diversos litigios estratégicos con distintas organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas. Sus principales temas de trabajo son derecho a la vivienda, no discriminación y pueblos indígenas. Iba a ser escritor de ciencia ficción, pero se lastimó la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
Pagar la renta en tiempos del COVID-19
En millones de casas del país se preguntan hoy cómo pagar la renta frente al paro en la normalidad que ha impuesto el COVID-19.
Por Carlos Escoffié
23 de marzo, 2020
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“¿Cómo voy a pagar la renta si la cuarentena por el COVID-19 me impide tender ingresos?”. Esta es una pregunta que millones de personas se hacen en México actualmente. Al igual que en otros países, existe un riesgo real de que el escenario presente tenga como efecto colateral que muchas personas deban abandonar sus viviendas por falta de pago. Es por eso que en países como Italia, El Salvador y Canadá, así como en algunas comunidades de España y entidades de Estados Unidos, han optado por congelar los pagos de las rentas en tanto dure la contingencia, con el objetivo de mitigar sus efectos. En el caso de México, tenemos razones de sobra para considerar opciones de ese tipo como medidas urgentes.

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (CONEVAL), el 15.9% de las viviendas en el país son rentadas1 (es decir, más de 4 millones). De acuerdo con el Informe del Mercado Inmobiliario 2018 de Lamudi, este porcentaje se elevaría a 20% en Ciudad de México.2 CONEVAL también señala que solo el 41% de los hogares en renta del país tendría un contrato de arrendamiento,3 lo que implica que más de la mitad no tiene la certeza jurídica debida para demostrar sus derechos como personas inquilinas. Por si fuera poco, también advierte que el 30% de los hogares en México destinan más del 30% de sus ingresos a la renta de su vivienda,4 lo cual supera el umbral señalado internacionalmente para garantizar la asequibilidad.5

A estos datos se les suma el hecho de que la legislación en muchos estados del país permite desalojos aún sin que haya un juicio concluido. Por ejemplo, en Ciudad de México el recurso de apelación para juicios de arrendamiento (no así para otro tipo de procedimientos) tiene un carácter meramente devolutivo.6 Es decir, que la persona puede ser desalojada sin sentencia firme, a pesar de haber presentado un recurso en contra de la decisión en primera instancia. En lugares como Nuevo León incluso se prevé la posibilidad de desalojar al inquilino de manera previa al juicio.7 Por si fuera poco, en Yucatán, Campeche y Quintana Roo se utilizan ampliamente los Convenios Transaccionales de Desocupación y Entrega, los cuales despojan a las personas inquilinas de sus derechos y permiten la desocupación sin juicio.8 Todos estos ejemplos evidencian que en México no se han adoptado debidamente garantías jurídicas para quienes habitan un inmueble en renta, a pesar de que ese es un elemento indispensable para el derecho a la vivienda adecuada de conformidad con los estándares del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de la ONU.9

Es en este contexto que en millones de casas del país se preguntan hoy cómo pagar la renta frente al paro en la normalidad que ha impuesto el COVID-19. Si bien el vernos sumergidos en esta situación no es responsabilidad directa de las autoridades, sí lo es todo aquello que hagan o dejen de hacer para afrontarla. De ahí que la suspensión de las rentas hasta el término de la crisis sea una medida extraordinaria que debe ser considerada. Esto no implica, como algunos parecen confundir, una negación del derecho de las personas propietarias a adquirir la renta mensual que, en muchos casos, también forma parte de su patrimonio. De hecho, podrían considerarse modalidades como, por ejemplo, pagos posteriores diferidos, o supeditar esta medida a ciertos perfiles que se verían más afectados por los tiempos económicos que se avecinan. El objetivo de esta medida es tanto impedir que gente se vea expuesta a una situación de calle por un contexto de fuerza mayor, como prevenir que esa exposición genere un mayor número de contagios. Se trata de una de las tantas medidas excepcionales que deben adoptarse en tiempos excepcionales como estos.

Es bajo esta lógica que distintas organizaciones, así como personas académicas y activistas, emitimos el pasado sábado un comunicado exigiendo a las autoridades de los tres niveles de gobierno que adopten cuatro objetivos que consideramos prioritarios para garantizar el derecho a la vivienda durante la pandemia, incluyendo entre ellos la suspensión de pagos de rentas y de créditos hipotecarios. Las otras tres medidas fueron la suspensión de toda diligencia judicial o administrativa de desalojo –exceptuando aquellas relativas a medidas de protección para mujeres víctimas de violencia-, el garantizar refugios o viviendas alternativas a población que carezca de un lugar para resguardarse, y la suspensión de todo corte al subministro de agua y medidas para facilitar este recurso a la población en condiciones precarias.

Ojalá no tenga que agudizar el estado de propagación del virus y sus efectos socioeconómicos para que las autoridades consideren medidas como la suspensión de pagos hasta el término de la emergencia. En varios países esa alternativa está siendo aplicada o considerada. Y en México no tenemos excusa para descartarla. Mucho menos cuando recordamos nuestro contexto en materia de vivienda en renta.

@kalycho

 

1 CONEVAL. “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018”, Octubre 2018, pág. 23.

2 Lamudi. “Informe del Mercado Inmobiliario 2018”. Disponible en formato digital a través de este enlace.

3 CONEVAL. “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018”, Octubre 2018, pág. 23 y 91.

4 CONEVAL. “Estudio Diagnóstico del Derecho a la Vivienda Digna y Decorosa 2018”, Octubre 2018, pág. 23 y 88.

5 ONU. Asamblea General, A/HRC/7/16, 13 de febrero de 2008, párr. 103.

6 Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, artículo 966.

7 Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Nuevo León, artículo 1066.

8 Los Convenios Transaccionales de Desocupación y Entrega no están previstos como tales en los códigos de esos tres estados, sino que son una modalidad de los Convenios de Transacción –sí previstos en la legislación- creada en la práctica.

9 Véase: Comité DESC, Comunicación 05/2015, E/C.12/61/D/5/2015, 21 de julio de 2017.

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