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Hojas en el cenicero
Por Kalycho Escoffié
Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha... Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha participado en diversos litigios estratégicos con distintas organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas. Sus principales temas de trabajo son derecho a la vivienda, no discriminación y pueblos indígenas. Iba a ser escritor de ciencia ficción, pero se lastimó la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
#SiNoMeCuentanNoCuento: la decisión de la Suprema Corte
Que el INEGI nos cense significa que nos reconozcan y sobre todo que nos identifiquen para todos los servicios, políticas públicas y medidas adoptadas por el gobierno federal y los de las entidades federativas. Pero la población en asentamientos informales permanece hoy día invisible, incluso ante situaciones de emergencia sanitaria.
Por Kalycho Escoffié
1 de junio, 2020
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A pesar de que nuestra Constitución Federal fue la primera en el mundo en reconocer los derechos sociales, las posibilidades de su defensa judicial se encuentran aún en construcción. Si bien la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha emitido sentencias relevantes en derechos como la salud y de seguridad social, así como de derechos de los pueblos indígenas, la protección judicial de los derechos económicos, sociales y culturales en México es históricamente reciente. Pudiera ser que este miércoles 3 de junio la Primera Sala de la SCJN dé un paso más en ese rumbo.

En agosto de 2018, la organización TECHO México presentó un amparo en contra del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) por no haber censado nunca a la población de nuestro país que habita en asentamientos informales (también llamados asentamientos precarios). La demanda sostenía que sin esa información estadística no era posible evaluar si las políticas públicas u otras intervenciones de las autoridades realmente están o no mejorando las condiciones de vida de las personas. Además, señalaba que esa omisión hacía invisible a un sector de la población, toda vez que las autoridades a nivel municipal, estatal y federal utilizan de referencia los datos del INEGI para la toma de decisiones. Esto último fue sintetizado en el #SiNoMeCuentanNoCuento impulsado por TECHO México en redes sociales. Tras ser rechazado en primera instancia, el caso fue finalmente atraído por la SCJN.

El proyecto de sentencia, redactado por la ministra Norma Lucía Piña Hernández, no solo ordena al INEGI realizar “los censos y acciones necesarias a fin de recabar información desagregada solicitada por la quejosa sobre dichos asentamientos informales o irregulares en situación de pobreza que define la Organización de las Naciones Unidas”, sino que deja importantes precedentes judiciales para la defensa de los derechos económicos, sociales y culturales.

Por ejemplo, el proyecto de sentencia relaciona la producción de información estadística con las obligaciones de carácter inmediato de los principios de progresividad y no regresividad. Es decir: si bien las autoridades no están obligadas a garantizar derechos como la vivienda adecuada de la noche a la mañana, sino de manera progresiva y tanto como lo permitan los recursos disponibles, esto no quiere decir que no existan obligaciones que deban ser asumidas de forma inmediata. Entre ellas, por ejemplo, contar con la información estadística que pueda ser comparada en el tiempo para saber si se está avanzando o no en la garantía del derecho a la vivienda.

Además, la sentencia sería la primera vez que la SCJN aborda la situación de la población que habita en asentamientos informales, reconociéndola entre los sectores más desprotegidos del país por la falta de acceso a una vivienda adecuada. Incluso haces especial énfasis en el hecho de que la información estadística de estos sectores se requiere para la declaración de zonas de atención prioritaria en la aprobación del Presupuesto de Egresos de la Federación por parte de la Cámara de Diputados.

Por último, el proyecto perfila cómo deben diseñarse las sentencias estructurales en materia de derechos económicos, sociales y culturales. Sentencias de esta naturaleza siempre levantan dudas en algunos sectores por temor a que el Poder Judicial está interviniendo más allá de lo admisible en las facultades de otros poderes. De acuerdo con los colombianos César Rodríguez Garavito y Diana Rodríguez Franco (2015), lo ideal sería que las sentencias de carácter estructural tengan un “enfoque de derechos fuerte” –es decir, que el caso sea analizado a la luz de los más altos estándares de protección-, unas ordenes o “remedios moderados” –es decir, que establezcan metas claras pero dejando a la autoridad la decisión de cómo alcanzarlas-, y un “seguimiento fuerte” –garantizar que se tendrá una efectiva supervisión del cumplimiento de la sentencia-.

La sentencia de la Ministra Piña Hernández cumple con al menos los primeros dos elementos. Al ordenarle al INEGI que genere la información estadística no lo ata a un mecanismo específico, sino que le reserva el margen de apreciación para definir cómo cumplirá con esa obligación. Faltaría ver los parámetros que se adoptarán en el proceso de supervisión de cumplimiento para saber si el INEGI estaría o no cumpliendo adecuadamente con la sentencia.

En el día a día no dimensionamos la trascendencia que tiene el trabajo del INEGI. Que nos cense significa que nos reconozcan y sobre todo que nos identifiquen para todos los servicios, políticas públicas y medidas adoptadas por el gobierno federal y los de las entidades federativas. En contextos como la actual pandemia, la información del INEGI es usada como base para la toma de decisiones. Pero la población en asentamientos informales permanece hoy día invisible, incluso ante situaciones de emergencia sanitaria. Si la Primera Sala de la SCJN adopta el proyecto de la Ministra Piña Hernández en el Expediente 635/2019 no se resolverá la situación de los asentamientos informales de la noche a la mañana, pero será un gran paso jurídico y simbólico para que dejemos de normalizar su realidad y la entendamos como lo que realmente es: producto de una violación estructural a los derechos humanos.

@kalycho

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