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Hojas en el cenicero
Por Kalycho Escoffié
Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha... Actualmente dirige el Centro de Derechos Humanos de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey. Ha participado en diversos litigios estratégicos con distintas organizaciones de derechos humanos y comunidades indígenas. Sus principales temas de trabajo son derecho a la vivienda, no discriminación y pueblos indígenas. Iba a ser escritor de ciencia ficción, pero se lastimó la rodilla. Twitter: @kalycho. (Leer más)
Una pequeña y enorme sentencia
En campaña, el ahora presidente prometió redefinir la relación del Estado Mexicano con las Fuerzas Armadas. El acuerdo presidencial del 11 de mayo de 2020 es un claro ejemplo de que el resultado ha sido totalmente lo contrario.
Por Kalycho Escoffié
11 de enero, 2021
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La Jueza Novena de Distrito en Guanajuato, Karla Macías, declaró la inconstitucionalidad del Acuerdo presidencial del 11 de mayo de 2020, por medio del cual se le había otorgado a las Fuerzas Armadas la facultad de participar con la Guardia Nacional en tareas de seguridad pública. Si bien no es la primera en este sentido, la sentencia de la jueza Macías se destaca no solo como una buena resolución sino como una lectura obligada para este histórico debate público: ¿cuál es el papel que el Ejército y la Marina ocupan (o debieran ocupar) en el Estado Mexicano? Destaco aquí apenas algunos puntos del fallo.

La jueza Macías concluye que el Acuerdo presidencial posee vicios tanto formales como materiales. Sobre los vicios formales señala que si bien el Presidente tiene facultades para disponer de las Fuerzas Armadas (artículo 89.VI), no las tiene para decidir sobre su organización y sus funciones, ya que esto únicamente le corresponde al Congreso de la Unión (artículos 73.XIV y 73.XXI). Además, recuerda que el artículo 21 constitucional es claro al señalar que las instituciones de seguridad pública serán de carácter civil y no militar.

En cuanto a los vicios materiales, advierte que la redacción del Acuerdo es sumamente vaga. Por ejemplo, en el texto se prevé la participación de elementos castrenses en tareas de seguridad con el objetivo de “mantener y restablecer la paz” y “prevenir delitos”. Supuestos tan amplios podrían dar lugar a arbitrariedades por parte de las Fuerzas Armadas y tendrían un efecto inhibitorio para las personas defensoras de derechos humanos que presentaron el amparo, puesto que se verían impedidas de realizar sus actividades sin temor a sufrir afectaciones.

La sentencia también da testimonio de la trascendencia histórica de este debate. Por ejemplo, nos recuerda que las malas experiencias generadas por militares realizando labores civiles durante el Siglo XIX llevaron al Congreso Constituyente de 1857  a “suprimir las comandancias de la milicia que se habían fijado en toda la República para, en vez de ello, ubicarlas en instalaciones apartadas de las poblaciones civiles”. Actualizando la discusión, señala que de los estándares emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación y por la Corte Interamericana de Derechos Humanos se concluye que las Fuerzas Armadas únicamente pueden intervenir en labores de seguridad de forma extraordinaria, subordinada, complementaria, regulada y fiscalizada (requisitos que no se cumplen en su totalidad con el Acuerdo presidencial).

Finalmente, la jueza Macías les otorga a estas siete personas un salvoconducto para efectos que las autoridades no puedan aplicarles el Acuerdo (el cual sigue vigente para las aproximadamente 128,649,558 personas en el país que no presentamos un amparo).

En campaña, el ahora presidente prometió redefinir la relación del Estado Mexicano con las Fuerzas Armadas. El acuerdo es un claro ejemplo de que el resultado ha sido totalmente lo contrario. Ahora, la sentencia de la jueza Macías (junto a la emitida en octubre de 2020 por el Juez Octavo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Martín Adolfo Santos Pérez) perfila el camino para importantes precedentes que potencialmente pudiesen llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ojalá la transformación prometida durante el proceso electoral pueda ver luces de rescate. Así sea por la vía judicial, así lo ideal fuese que la voluntad política para ello sea liderada por el Poder Ejecutivo.

@kalycho

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