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Innovaciones en políticas de drogas
Por Instituto RIA AC
El Instituto RIA genera investigación de alto nivel, resaltando y proponiendo soluciones innovad... El Instituto RIA genera investigación de alto nivel, resaltando y proponiendo soluciones innovadoras para incidir y abogar por políticas públicas dentro de un marco de justicia social. En este espacio, reflexionaremos sobre el panorama nacional e internacional en materia de políticas de drogas, la regulación legal, la reducción de riesgos y daños y la construcción de paz, con una perspectiva de derechos humanos y desarrollo para las personas usuarias y las comunidades cultivadoras. (Leer más)
En defensa de las asociaciones cannábicas
Este periodo de sesiones es nuestra última oportunidad para mejorar el proyecto de ley para regular la cannabis. Preocupa que se congele como decenas de leyes previas y nos quedemos sin regulación alguna, pero también preocupa que pase la ley sin los cambios que protejan a las personas y comunidades cultivadoras, de las cuales hablaremos en futuras publicaciones.
Por Mariana Sevilla
4 de febrero, 2021
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Las asociaciones de consumo de cannabis (psicoactivo) son organismos civiles que producen y abastecen a sus miembros de mariguana. El modelo permite satisfacer la demanda, crear empleos locales, formar comunidad y, al ser sin fines de lucro, no tienen los incentivos para fomentar el consumo que tiene el libre mercado.

El modelo surgió en España, producto de un vacío legal a principios de los dos miles, y continúa abasteciendo a miles de personas usuarias hasta la fecha a pesar de la amenaza constante de intervención de las autoridades, ya que no fue producto de una ley. En estos espacios se puede consumir mariguana por lo que representan, además de un sitio de abastecimiento, un sitio de consumo seguro, ya que en España está prohibido el consumo en la vía pública.

En Uruguay, el primer país en regular la cannabis para uso adulto en 2013, se incluye el modelo de clubes cannábicos de 15 a 45 personas con un límite de 99 plantas; así mismo, se permite el autocultivo y la venta en farmacias con producción estatal. A siete años de haber regulado, según los datos del Instituto de Regulación y Control de la Cannabis del Uruguay, hay 14 farmacias en un país con 19 Departamentos (Estados) y 165 clubes cannábicos, así como 11 mil 600 auto-cultivadores registrados.

Ya que el modelo de los clubes ha resultado más eficiente que las, hasta ahora, cinco grandes empresas licitadas para abastecer a las farmacias, éstos están pidiendo que se les permita aumentar a 90 la cantidad de miembros para poder abastecer al mercado local.

“Uno de nuestros reclamos es duplicar el número de socios”, explica Majo Miles, presidenta de la Federación de Clubes Cannábicos de Uruguay, “que sea una forma viable de vida para una nueva generación (…) Y que el trabajo y la plata que se genere se quede acá”.

Asociaciones a la mexicana

En México estamos al filo de la regulación. El proyecto de ley ya aprobado en el Senado propone tres vías de acceso: el autocultivo de hasta seis plantas, las asociaciones de consumo y puntos de venta comerciales.

Desafortunadamente, las restricciones desproporcionadas que le impone a las asociaciones hacen temer que las vuelva inviables, empujando al grueso de las personas usuarias a los puntos de venta comerciales. A diferencia de Uruguay, donde el proveedor es el Estado, en México se le abre la puerta a toda clase de inversiones y no se limita la integración vertical, igual que varias jurisdicciones en Estados Unidos donde se ha apostado por el libre mercado.

La ley propuesta dice que las asociaciones de consumo deberán estar a 500 metros de viviendas, centros culturales, deportivos y recreativos, lo cual las hace prácticamente inoperantes en cualquier contexto urbano, y su aislamiento pudiera representar un mayor riesgo en cuanto a la seguridad.

Además, a pesar de ser sin fines de lucro, deberán pagar las mismas multas que los puntos de venta comerciales en caso de incumplir con algún requerimiento, mientras estos últimos no tienen límites a su ubicación.

Es decir, el punto de venta que tiene un fin comercial se podrá establecer en cualquier sitio que a sus intereses convenga, mientras que la asociación sin fines de lucro, que representa un espacio de consumo seguro, deberá estar a medio kilómetro de todo.

El límite en el número de asociados a 20 personas es menos de la mitad que en Uruguay, y en España no tienen límite de socios. Esto incrementará los costos de producción de las asociaciones quedando al alcance, únicamente, de minorías privilegiadas.

Finalmente, no queda claro por qué se limitó a cuatro plantas por persona asociada cuando el límite de cultivo personal es de seis plantas por individuo. Tampoco por qué se retrasa su implementación a 18 meses cuando podría ser el modo más inmediato para garantizar el acceso seguro a la planta y dejar de recurrir a un mercado ilegal.

Estas preocupaciones cobran relevancia cuando observamos que en la propuesta a discutir no se establecen espacios de consumo de cannabis y seguirá siendo motivo de ser llevado al Ministerio Público por el simple hecho de poseer mariguana, y con multas impuestas a partir de los 28 g. Extrapolando lo que viven hoy en día las personas usuarias, estas restricciones, previsiblemente, afectarán de manera desproporcionada a jóvenes, mujeres y personas cuyas condiciones permiten a las autoridades vulnerar impunemente sus derechos.

¿Ahora qué?

Regular el uso adulto de la cannabis es un paso histórico, el primero en la dirección correcta para terminar con, y resarcir, los daños que ha ocasionado la guerra contra las drogas.

Su tránsito por el Senado tomó dos años y se lograron varias mejoras durante el proceso de aprobación. La Cámara de Diputados ahora tiene el deber de revisar la ley durante este periodo y decidir si se aprueba como está o si regresa al Senado con cambios.

Este periodo de sesiones es nuestra última oportunidad para mejorar el proyecto. Preocupa que se congele como decenas de leyes previas y nos quedemos sin regulación alguna, pero también preocupa que pase la ley sin los cambios que protejan a las personas y comunidades cultivadoras, de las cuales hablaremos en futuras publicaciones.

El consejo que nos da Majo desde Uruguay, donde también tuvieron que aceptar cambios que no les gustaron para que se aprobara la ley, es “que cualquier (ley) aprobada sería un precedente antiprohibicionista sobre el cual seguir construyendo. Más vale tener una mala ley que te ampare un poquito, que después militando y organizándose se pueda cambiar, que no tener ningún piso”.

Recordemos que se está discutiendo el tema de la regulación gracias a un litigio estratégico impulsado desde sociedad civil que tomó siete años en alcanzar la jurisprudencia en febrero del 2019.

Este proceso resultó en que la Suprema Corte de Justicia de la Nación le mandó al legislativo modificar la prohibición absoluta de la planta al considerarse que viola el derecho al libre desarrollo de la personalidad de quienes la usan.

En noviembre del 2020 la Corte otorgó una nueva prórroga a la Cámara de Diputados para revisar la ley, y en el caso de no cumplir con su publicación este periodo de sesiones de febrero a abril del 2021, se podría declarar la inconstitucionalidad de los artículos mencionados en la sentencia de la Corte, pero nos dejaría en un escenario en el cual no habría reglas claras, ni para su uso ni su comercio.

Desde la coalición Regulación por la Paz estaremos publicando nuestras preocupaciones y propuestas de mejora a este proyecto de ley para que llegue a buen puerto e invitamos a los y las diputadas a acercarse a la sociedad civil. Nosotras estamos abiertas al diálogo y a continuar acompañando el proceso de regulación de la marihuana en México, que no  termina con la aprobación de esta iniciativa.

* Mariana Sevilla es activista por la reforma a la política de drogas, fundadora de México Regula e integrante de la Coalición Regulación por la Paz.

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