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Innovaciones en políticas de drogas
Por Instituto RIA AC
El Instituto RIA genera investigación de alto nivel, resaltando y proponiendo soluciones innovad... El Instituto RIA genera investigación de alto nivel, resaltando y proponiendo soluciones innovadoras para incidir y abogar por políticas públicas dentro de un marco de justicia social. En este espacio, reflexionaremos sobre el panorama nacional e internacional en materia de políticas de drogas, la regulación legal, la reducción de riesgos y daños y la construcción de paz, con una perspectiva de derechos humanos y desarrollo para las personas usuarias y las comunidades cultivadoras. (Leer más)
Regular el cannabis como una medida de no repetición
El contenido de la minuta aprobada por el Senado pierde la oportunidad de abandonar, por lo menos para el cannabis, la política de persecución y criminalización de las personas que se encuentran en los eslabones más expuestos de la cadena.
Por Adriana Muro
3 de marzo, 2021
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El proceso legislativo para regular el cannabis para uso personal adulto en el país parece alcanzar su cauce después de diversas iniciativas, foros y prórrogas por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Se tiene previsto que en los próximos días la Cámara de Diputados apruebe la minuta enviada por parte del Senado, lo cual convertiría a México en el segundo país latinoamericano en abrir un mercado regulado de cannabis.

Sin embargo, ¿es realmente la regulación que necesitamos? ¿Es una medida de no repetición frente al poder punitivo que caracteriza a la política de prohibición y que ha afectado a diversos grupos en situación de vulnerabilidad? Desafortunadamente, la respuesta es negativa. El contenido de la minuta pierde la oportunidad de abandonar, por lo menos para el cannabis, la política de persecución y criminalización de las personas que se encuentran en los eslabones más expuestos de la cadena.

El enfoque bélico de la política de prohibición ha afectado el proyecto de vida de miles de personas en el país. Transitar hacia una política distinta requiere, entre otros aspectos, identificar medidas de reparación a fin de subsanar los efectos que la política vigente ha tenido en la esfera de derechos. Si hacemos este ejercicio para la inminente regulación de cannabis en México, el diseño de un mercado regulado se ajustaría dentro de las medidas de no repetición. Estas medidas apuestan por expulsar de los ordenamientos jurídicos legislaciones y políticas que derivan en hechos violatorios de derechos humanos. Esto a fin de evitar que se repitan los mismos.

En el caso de la prohibición de las drogas existen diversos tipos penales en la legislación mexicana que bajo dicha lógica tendrían que ser expulsadas de la normativa penal, pues por un lado han privado de la libertad a miles de personas en situación de exclusión, vulnerabilidad y pobreza que participan en las actividades más expuestas del mercado ilegal. Y por el otro, han fortalecido una política de detención y extorsión bajo un enfoque discriminatorio en contra de las personas usuarias de drogas.

Uno de los delitos más cuestionables que ha dado pie a la persecución de estos grupos es el delito de posesión simple contemplado en el artículo 477 de la Ley General de Salud (LGS) y el artículo 195 bis del Código Penal Federal (CPF). Este delito establece una pena de diez meses a tres años de prisión y hasta ochenta días multa al que posea alguno de los narcóticos señalados en la tabla en cantidad inferior a la que resulte de multiplicar por mil las previstas en la tabla de orientación, sin la autorización a que se refiere esta Ley, cuando por las circunstancias del hecho tal posesión no pueda considerarse destinada a comercializarlos o suministrarlos, aún gratuitamente. Es importante señalar que a la par de este delito, está previsto el delito de posesión con intención de venta, comercialización o suministro.

La LGS actualmente define en la tabla de orientación para estricto consumo personal de cannabis es de 5 gramos, por tanto, la persona que posea entre 6 gramos y 5 kilos puede ser detenida, procesada y sentenciada por posesión simple. Las cifras oficiales dan cuenta de cómo se ha abusado del sistema de justicia penal a través de este delito que no requiere una investigación seria. Según nuestra revisión del Censo Nacional de Procuración de Justicia Estatal 2019, del total de probables responsables registrados en intervenciones policiales en 2018 por delitos de narcomenudeo, el 65% fue bajo la modalidad de posesión simple de drogas. Además del Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2019, se desprende que, del total de carpetas de investigación con persona detenida, este delito representó el 80% del total de carpetas abiertas con persona involucrada por narcomenudeo y el  54% del total de las causas penales por conductas bajo dicha modalidad. 

Asimismo, datos del INEGI muestran que, las personas imputadas por el delito de narcomenudeo en 2018, el 80.3% de los adolescentes y 41.6% de los adultos fueron imputadas por la tenencia de cannabis. Más de la mitad de ellos fueron imputadas por la tenencia de entre 5 y 100 gramos de cannabis. En el mismo sentido, el recién publicado Censo Nacional de Gobierno, Seguridad Pública y Sistema Penitenciario Estatales 2020, muestra  que a diciembre de 2019, había  aproximadamente 8, 205 personas privadas de la libertad por posesión simple.1

Frente a estos datos, es importante aclarar que aún existen enormes retos en materia de transparencia que nos permitan contar con información desagregada de las personas que se encuentran en centros penitenciarios por este delito y conocer a profundidad quiénes son y sus historias de vida.

¿En las leyes actuales hay excepciones para personas usuarias de drogas? Sí, pero dentro del régimen penal. Para personas consumidoras o farmacodependientes, la ley prevé que no se ejercerá la acción penal cuando posea alguna de las sustancias prevista en la tabla de orientación en igual o inferior cantidad a la prevista en la misma para su estricto consumo personal y fuera de los lugares determinados por la Ley.2 Si bien no hay penas de prisión en contra de las personas usuarias, la policía y autoridades encargadas de la seguridad pública tienen facultad para detener personas por posesión simple y presentarlas ante el Ministerio Público el cual, así no ejerza acción penal, tiene que iniciar una investigación. A esta institución también se le da la facultad de calificar si una persona es farmacodependiente y remitirla a las autoridades de salud.

La ambigüedad de las “excepciones” ha permitido que las personas usuarias de drogas sean detenidas transitoriamente y en muchos casos, sean víctimas de violencia física, psicológica e incluso de carácter sexual. Asimismo, la posibilidad del traslado al Ministerio Público permite que las autoridades amenacen y extorsionen a personas usuarias de drogas sin dejar registro de la detención.

Los efectos del enfoque punitivo en personas usuarias y grupos en situación de exclusión, vulnerabilidad y pobreza que se insertan en actividades del mercado ilegal ha impulsado medidas de reparación a través de legislaciones como la Ley de Amnistía Federal, que incorpora a ambos grupos como poblaciones beneficiadas e incluso, en su transitorio quinto, señala la necesidad de valorar la vigencia de sus elementos configurativos de los delitos que prevé la norma. La incorporación de estos elementos subjetivos y objetivos relacionados con delitos contra la salud, incluida la posesión simple, también se observa en tres de las cuatro legislaciones locales aprobadas hasta la fecha y en decenas de iniciativas en los Congresos alrededor del país.3

A pesar de la evidencia sobre los efectos del delito de posesión simple en el proyecto de la vida de las personas, el dictamen sobre la regulación de cannabis para uso personal, aprobado en el Senado y que se discute en la Cámara de Diputados, mantiene el enfoque punitivo dentro de este escenario. Según la última versión pública de la minuta, hay un cambio en el gramaje permitido para posesión con fines de consumo, así como en la incorporación de la criminalización administrativa y en el afianzamiento del enfoque penal.

La propuesta se centra en subir de 5 gramos a 28 gramos para portar cannabis psicoactivo. En caso de superar dicha cantidad hasta 200 gramos las autoridades administrativas estarán facultadas para imponer una multa de entre 5. 377 pesos hasta 10.754 pesos según la UMA. Esta medida mantiene el castigo y el estigma en contra de personas usuarias e impone multas desproporcionadas. En caso de que la posesión supere los 200 gramos la propuesta prevé que se sancione penalmente. Asimismo, no hay armonización con la LGS y el Código Penal para eliminar el delito de posesión simple, ni las facultades de las autoridades de seguridad pública para detener personas usuarias. Con ello se deja de lado la oportunidad de remover de las listas restrictivas el THC y de expulsar del ordenamiento jurídico un tipo penal que tanto daño ha causado.

Paradójicamente, mantener el enfoque penal dentro del escenario de regulación, mantendrá y fortalecerá la persecución de grupos que más se han visto afectados por el escenario de prohibición, la política de extorsión y la comisión de violaciones a derechos. Todavía se está a tiempo de que el mercado de cannabis sea una medida de no repetición, la decisión está en manos de la Cámara de Diputados.

* Adriana Muro (@adrianawall) es Directora de Elementa DDHH (@ELEMENTADDHH), organización de derechos humanos con sede en Bogotá desde 2014 y en CDMX desde 2019, y cuyas líneas de acción se centran en política de drogas y derechos humanos, y en justicia y reparación y también es integrante de #RegulaciónPorLaPaz.

 

 

1 La información se refiere a los delitos cometidos por las personas adultas privadas de la libertad y adolescentes internados en los centros penitenciarios y centros especializados de tratamiento o internamiento para adolescentes, al 31 de diciembre de 2019.Es importante señalar que no se visibilizaron los datos sobre la Ciudad de México. Sólo incluye registros de los centros que son responsabilidad de las administraciones públicas estatales. En algunos casos, se registran delitos del orden federal en las columnas correspondientes al fuero común, debido a que los juzgados del fuero común son quienes conocieron del asunto o existe concurrencia de delitos cometidos por las personas privadas de la libertad en ambos fueros.

2 Artículo 475, fracción II de la LGS: centros educativos, asistenciales, policiales o de reclusión, o dentro del espacio comprendido en un radio que diste a menos de trescientos metros de los límites de la colindancia del mismo con quienes a ellos acudan.

3 A la fecha se han aprobado leyes locales de Amnistía en Hidalgo, Estado de México, Sinaloa y Tlaxcala. Únicamente Tlaxcala no prevé delitos contra la salud.

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