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A juicio de la autoridad
Invito a todos los ciudadanos que se han tomado la molestia de apoyar la desaparición del Partido Verde a que propongamos juntos qué modificaciones puntuales a las reglas electorales deben hacerse a fin de fortalecer nuestra democracia y evitar futuros abusos de cualquier partido político y desentendimientos de la autoridad electoral.
Por Inteligencia Pública
30 de abril, 2015
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En México, e incluso a nivel mundial, existe credibilidad en los partidos políticos. Es verdad: en la mayoría de los casos, éstos no satisfacen nuestras expectativas. Los ciudadanos demandamos mucho más de lo que pueden ofrecer estas instituciones políticas. Pero creo que parte del problema radica en que no demandamos de manera adecuada y sobre todo, en pocos casos somos capaces de traducir nuestro descontento en propuestas concretas y viables. Por ejemplo, hace unas semanas la plataforma digital change.org publicó una petición para quitarle al registro al Partido Verde en razón de las presuntamente repetidas y/o sistemáticas prácticas relacionadas con sus actividades electorales.

Hasta el día de ayer, esta petición había recaudado casi 140 mil firmas. Es decir, 140 mil ciudadanos que quieren enmendarle la plana a la autoridad electoral. Sus argumentos están basados en un apartado de las reglas electorales en exceso vaga e imprecisas y que dejan a discreción de la autoridad electoral (sin criterios pre definidos, pues) qué significa exactamente “(…) incumplir de manera grave y sistemática a juicio del Consejo General del Instituto…”. ¿Qué significa incumplir de manera grave y sistemática? ¿Hasta cuándo se considera que un comportamiento electoral es grave y que se está realizando de manera sistemática? ¿Cuál es el criterio concreto que aplicará la autoridad electoral y bajo qué argumentos preestablecidos? ¿Esos criterios no deben ser establecidos a priori?

Mi punto es que la deficiencia del diseño de las reglas electorales hace posible que todo aquel que se tome la molestia de leerla, pueda interpretarla a su parecer, desde su muy particular punto de vista y defendiendo sus propios intereses. Un precepto básico de legalidad es la estricta observancia de la norma, pero cuando ésta cuenta con amplios niveles de discrecionalidad, ello se complica y no sólo los intereses personales o de grupo pueden caber en su interpretación, sino también el conflicto y en algunos casos, el propio abuso de autoridad.

Desde aquí invitaría a todos los ciudadanos que se han tomado la molestia de apoyar la desaparición del Partido Verde o cualquier otro, a través de la plataforma change.org, que en vez de buscar retirarle la posibilidad a los ciudadanos de que decidan en las urnas qué partido debe permanecer, crecer o inclusive desaparecer, propongan (propongamos juntos) qué modificaciones puntuales a las reglas electorales deben hacerse a fin de fortalecer nuestra democracia y evitar futuros abusos de cualquier partido político y desentendimientos de la autoridad electoral.

Yo empezaría precisamente retirando (o limitando al máximo) los espacios de discrecionalidad tan abundantes en las normas electorales para establecer criterios precisos como el “… a juicio del Consejo General del Instituto…” y definiría a priori los criterios y casos en los que se consideren incumplimientos graves y sistemáticos.

 

@marco_cancino

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