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Aire bueno para la CDMX: más allá de la verificación vehicular
Para mejorar la calidad del aire en la CDMX con una visión sustentable se requiere una reestructuración del sistema de transporte que tome en cuenta las dinámicas de crecimiento económico de la ZMVM.
Por Inteligencia Pública
9 de junio, 2016
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Por: Carmen Menéndez (@mariacarmen1190)

El pasado 7 de junio se publicó en el Diario Oficial de la Federación la NOM-EM-167-SEMARNAT-2016, la cual homologará los Programas de Verificación Vehicular Obligatoria (PVVO) en la Ciudad de México (CDMX), Estado de México, Hidalgo, Morelos, Puebla y Tlaxcala, entidades que componen la Megalópolis. La Norma reduce los límites máximos de emisiones contaminantes permitidas para los vehículos e incorpora tecnología para actualizar y mejorar los procesos de verificación vehicular.

Aunque se trata de una norma de emergencia con vigencia de seis meses, el Secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT), Rafael Pacchiano, indicó que hay posibilidad de una prórroga por seis meses más y, posteriormente, se convertirá en norma oficial mexicana que aplicará a todas las entidades que deban contar con PVVO, ya no sólo a las pertenecientes a la Megalópolis. Si bien la promulgación de la Norma responde al estado crítico de la situación ambiental en la CDMX y contribuirá a reducir el descontento social derivado de la aplicación indistinta del programa Hoy No Circula, es necesario plantear una reflexión respecto a la efectividad de estas medidas.

Dada la complejidad que presenta la dinámica de la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM) y, en particular, de la CDMX, la puesta en marcha de medidas como las mencionadas anteriormente son al problema de contaminación como un analgésico para un dolor crónico. Aunque el ejemplo pueda parecer burdo, implica que las medidas tomadas son solamente una prescripción para calmar un síntoma, pero por sí solas no tienen el potencial para curar la enfermedad de todo un sistema.

De acuerdo con datos de la SEMARNAT, la flota vehicular de la CDMX en el año 2015 era de 5.4 millones de automóviles, cuyo 14% (760 mil vehículos) corresponde a autos con más de 23 años de antigüedad que no cuentan con convertidor catalítico (el componente del motor que sirve para el control y reducción de gases nocivos que éste expulsa); aunque el resto cuenta con dicho mecanismo, debido al número de carros e intensidad de su uso en la urbe, los beneficios podrían percibirse únicamente en el corto plazo.

Lo anterior responde a diversos factores: de tinte cultural, económico y de política pública. En el ámbito cultural, la posesión de un automóvil en México todavía es símbolo de éxito, independencia y riqueza; respecto a la parte económica, la industria automotriz se encuentra en crecimiento, tanto en producción como en ventas, en tal sentido, al principio del presente año la Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores estimó un crecimiento de un 5.6% con relación al 2015 e incluso un directivo de este organismo expresó que “nunca antes se había visto esta venta de vehículos en México y estimamos que seguirá creciendo hacia el 2016”; finalmente, en términos de política pública, el modelo de transporte en la CDMX ha impulsado el uso del automóvil y la mayor parte de la inversión pública está destinada a ello, mientras que se invierte menos en transporte público e infraestructura para peatones y ciclistas.

No obstante la diversidad de factores envueltos en el tema, estos se encuentran vinculados entre sí: la falta de una política orientada a la mejora del transporte público hace que la alternativa viable –para la población que puede pagarlo– sea utilizar el automóvil como principal medio de transporte, aunado al supuesto estatus social que, todavía para algunos, brinda la posesión de un carro. Esto tiene como consecuencias el incremento de la flota vehicular de la CDMX y, con ello, mayores niveles de contaminación y aumento en el tiempo de desplazamiento debido a la congestión vial.

De tal manera, los PVVO sólo atienden un segmento de la problemática y, aunque la Norma Emergente contribuya a mejorar la calidad del aire, el problema de congestión en el tránsito aún quedará por resolver; además, en la medida en que continúe creciendo el parque vehicular en la metrópoli, el ambiente seguirá siendo afectado por el sector transporte.

Con base en lo anterior, para mejorar la calidad del aire en la CDMX con una visión sustentable es necesario considerar lo siguiente: se requiere una reestructuración del sistema de transporte que tome en cuenta las dinámicas de crecimiento económico de la ZMVM, que sea planeado considerando un diagnóstico espacial del número de viajes realizados tanto en horas pico como con demanda regular, y que cuente con proyecciones del crecimiento urbano y de demanda de viajes según la organización de la actividad económica en la metrópoli.

Las acciones mencionadas implican diversos retos: primero, realizar una organización estratégica de la inversión en proyectos de transporte, de modo que estos sean rentables y ello se refleje en transporte de calidad para la población; segundo, desarrollar acciones para incrementar el crecimiento económico en la urbe, permitiendo que reducir las desigualdades y, a partir de esto, impulsar el poder adquisitivo de la población más pobre; tercero, la reducción de distorsiones en el mercado de transporte, es decir, que los precios del servicio puedan reflejar el costo real del transporte, o bien, implementar subsidios para una parte de la población, y cuarto, convertir el transporte público en una alternativa viable y atractiva para los usuarios de automóvil, de manera que la calidad y eficiencia del servicio sean el principal incentivo para disminuir el uso del automóvil.

Como puede observarse, la problemática es sumamente compleja, sin embargo, no es imposible de solucionar, pero requiere de voluntad política para realizar cambios estructurales basados en una adecuada planeación para realizar una correcta implementación, y no solamente de acciones paliativas que no ayudan a resolver la situación desde sus raíces.

 

* Carmen Menéndez es investigadora en materia de política pública en Inteligencia Pública A.C. (@IntPublica).

 

 

Se caracteriza como norma de emergencia en términos del artículo 48 de la Ley Federal sobre Metrología y Normalización, el cual dispone: En casos de emergencia, la dependencia competente podrá elaborar directamente, aún sin haber mediado anteproyecto o proyecto y, en su caso, con la participación de las demás dependencias competentes, la norma oficial mexicana, misma que ordenará se publique en el Diario Oficial de la Federación con una vigencia máxima de seis meses. En el caso de esta Norma, se fundamenta en la fracción XI del artículo 40 de la misma Ley, que señala la finalidad de proteger y promover la salud de las personas, animales o vegetales.

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