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Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando: ¿crímenes de lesa humanidad en México?
Los Crímenes de Lesa Humanidad son tipologías de escenarios devastadores, puesto que deben ser cometidos por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil (de conformidad con la política de un Estado o de una Organización de cometer ese ataque o para promover esa política) y con conocimiento de dicho ataque. Es así pues que entre estos crímenes internacionales, que se definen acorde al artículo 7 del Estatuto de Roma se encuentran la tortura, los asesinatos, la desaparición forzada, la esclavitud, la privación grave de la libertad, entre otros. ¿Es el caso de Ayotzinapa, Tlatlaya, San Fernando?
Por Inteligencia Pública
16 de octubre, 2014
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Por: María Fernanda Peñaloza Del Valle (@PealozaDel)

La noticia más inmediata de este octubre ya sonaba en todos los periódicos. La idea en general era que desaparecieron más de 40 estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa, en Iguala. Días más tarde los medios afirmaban que los responsables eran “narcopolicías” y que habían aparecido quemados 28 cuerpos exhumados en fosas de Iguala. La información reciente es que los cuerpos de las primeras fosas encontradas en Pueblo Viejo no corresponden al de los normalistas (acorde a las declaraciones oficiales, lo que genera esperanza por un lado de que los estudiantes estén con vida y a la vez, crea aún más incertidumbre, pues ¿esos 28 quiénes son?). Pese a ello, algo ha quedado claro desde ese día, cuando el Fiscal General del estado de Guerrero, Ikañi Blanco Cabrera, señaló que integrantes del grupo del crimen organizado “Guerreros Unidos” y policías municipales habían actuado en conjunto en la desaparición forzada de los 43 estudiantes.

Esta declaración nos lleva a pensar que debido a la participación de agentes del Estado, esta desaparición podría constituir un Crimen de Lesa Humanidad. El involucramiento de las fuerzas armadas en situaciones de crímenes complejos también surgió cuando un “grupo de soldados mató a 22 civiles en Tlatlaya” o cuando aquel jueves 24 de agosto del 2010 retumbó con indignación: “Hallados 72 cuerpos de inmigrantes ‘sin papeles’ en un rancho en México”. En efecto, era la matanza de San Fernando, Tamaulipas atribuida a un grupo del Crimen Organizado cuyos fundadores son desertores de las fuerzas armadas.

Los Crímenes de Lesa Humanidad son tipologías de escenarios devastadores, puesto que deben ser cometidos por parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil (de conformidad con la política de un Estado o de una Organización de cometer ese ataque o para promover esa política) y con conocimiento de dicho ataque. Es así pues que entre estos crímenes internacionales, que se definen acorde al artículo 7 del Estatuto de Roma se encuentran la tortura, los asesinatos, la desaparición forzada, la esclavitud, la privación grave de la libertad, entre otros.

Para tal efecto, los crímenes de lesa humanidad no son perseguidos en México puesto que no están tipificados como tales en nuestro ordenamiento interno, acorde al contexto de conductas generalizadas. Lo que de entrada limita la voluntad política y la técnica jurídica para ejercer el Estado de Derecho en México en este tema tan complejo. Además habría que agregar que en parte esta falta de voluntad puede deberse por un gran problema de Redes con Configuración Cooptada de Estado (en adelante, RCdE).

La RCdE es un término que se ocupa en los estudios de Crimen Organizado. Un término académico que sirve para demostrar teórica y empíricamente que en las relaciones sociales, en la consolidación del poder del crimen organizado, siempre atiende en escenarios de filtración y cooptación a los agentes del Estado para ejercer un canal de acciones encaminadas al interés mutuo y dominado por el fin último, el de la consolidación de una empresa criminal.

Los académicos le llaman nodos bidireccionales en el estudio de redes de reconfiguración cooptada de Estado, por ejemplo, al caso de los policías municipales haciendo labores de desapariciones forzadas y posibles ejecuciones extrajudiciales con mandato de un grupo de crimen organizado. Por lo tanto, estos nodos bidireccionales son agentes que actúan en función de extender sus capacidades para perpetuar actos ilegales-legales y que se mueven indistintamente entre instituciones u organizaciones.

Este proceso, acorde a Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán en su obra Narcotráfico, Corrupción y Estados, se da en situaciones de corrupción avanzada y compleja, y presenta características como 1) la participación de individuos y grupos sociales legales e ilegales (es decir funcionarios públicos y agentes no estatales), 2) beneficios perseguidos no sólo de carácter económico sino penal e incluso de legitimación social, 3) coerción y establecimiento de alianzas políticas que complementan o sustituyen el soborno (como filtración de campañas políticas) y 4) afectación de diferentes ramas del poder público y distintos niveles de la administración.

Dicho lo anterior, la condición de Reconfiguración cooptada de Estado en algunas localidades dificulta esclarecer las fronteras hacia la prevención, persecución y procuración de justicia en tanto que la imparcialidad puede limitarse por la corrupción que ya hace en los sistemas encargados de ejercerla. No obstante, esta limitante de acceso a la justicia es uno de los principios que contempla el Estatuto de Roma para atraer investigaciones desde la Corte Penal Internacional.

Es decir, el Principio de Complementariedad puede entenderse como la incapacidad comprobada de ejercer acción penal y la falta de voluntad de las autoridades nacionales para investigar, enjuiciar y sancionar a los responsables de un crimen competencia de la Corte; este principio, determinaría entonces la admisibilidad de un caso.

De existir crímenes de lesa humanidad en México deben garantizarse el derecho a la verdad, acceso a la justicia, reparación y garantías de no repetición. Finalmente, esta realidad del México contemporáneo ha abierto también caminos para buscar soluciones hacia un proceso propio de las transiciones, uno que la sociedad mexicana esperemos experimente, el de la Justicia Transicional, como un proceso conveniente de las democracias consolidadas.

Este proceso no ha sido ni será una tarea fácil pues exige memoria, verdad, programas de reparación a las víctimas y a sus familiares; en concreto exige justicia y cumplimiento de las obligaciones estatales en materia de persecución y sanción de crímenes internacionales. Crímenes que no pueden ni deben quedar impunes. La verdad y justicia no son un capricho último de alcanzar y estas dos breves palabras sitian a un sistema de derecho óptimo de Justicia Transicional. Un punto de partida que puede surgir del esclarecimiento de la responsabilidad en materia de violaciones graves y generalizadas de derechos humanos en un México democrático.

 

* María Fernanda Peñaloza del Valle es Consultora de Inteligencia Pública.

 

 

Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán (Compiladores), Narcotráfico, Corrupción y Estados. Editorial Debate 2012 Cómo las redes ilícitas han reconfigurado las instituciones en Colombia, Guatemala y México. Primera edición: septiembre, 2012. Pág. 36

Ximena Medellín Urquiaga. El principio de complementariedad de la CPI: una mirada normativa desde la realidad mexicana en México y la Corte Penal Internacional, Editorial Lo Blanch, México D.F., 2014. Pp 199-250.

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