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Chilaquiles en vez de una enchilada que nunca llega
Presentar los programas de trabajo temporal (como el que hoy existe entre México y Canadá) como una solución para los derechos laborales y humanos de los migrantes es insuficiente. Sin embargo, regular efectivamente dichos flujos, desde una participación directa del Estado mexicano, contribuiría a disminuir los costos de la migración temporal.
Por Inteligencia Pública
18 de junio, 2015
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Por : Andrea Gálvez 

Para cualquier migrante mexicano, cruzar la frontera entre México y Estados Unidos a pie a través de las montañas de Tecate, Baja California, le cuesta entre 3 mil y 8 mil dólares. Atravesar la línea fronteriza en auto, con la complicidad de funcionarios norteamericanos de migración, llega a costar hasta 20 mil dólares.

En contraste, cada año casi 20 mil mexicanos toman un avión a Canadá con un contrato y una visa de trabajo en la mano. En el caso de Canadá, una vez que los migrantes empiezan a trabajar, el empleador descuenta ciertos costos relacionados al programa del que forman parte y que ha permitido a miles de mexicanos tener un empleo seguro y remunerado, donde su vida no corre peligro. El costo unitario del reclutamiento, realizado por el Servicio Nacional de Empleo dentro del Programa de Trabajadores Agrícolas Temporales (PTAT) México – Canadá representó en el 2009 2 mil 539 pesos mexicanos, es decir, 165 dólares.

El debate político alrededor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) impidió introducir al proceso de negociación la movilidad laboral (calificada y no calificada), lo que provocó que en los últimos 20 años hayamos estado esperando una reforma migratoria que no ha llegado.

Lo anterior quiere decir que hemos desperdiciado dos décadas esperando una enchilada que tal vez nunca llegará, situación que ha impedido que miles de mexicanos residentes en Estados Unidos puedan acceder a condiciones de trabajo y de vida dignas. Sin embargo, por más que distintos actores políticos y sociales de ambos lados de la frontera se nieguen a reconocerlo, la integración del mercado laboral norteamericano es un hecho. Alrededor de 11 millones de mexicanos residen en Estados Unidos sin documentos, y se calcula que el número de mexicanos en Canadá alcanza los 100 mil. En otras palabras, no somos los únicos que necesitamos la enchilada completa.

Aún dentro de un contexto económico inestable, ambos países presentan un déficit de mano de obra en los sectores poco especializados, requerimientos laborales que hasta hace poco se subsanaba recurriendo a mano de obra indocumentada. El endurecimiento de las fronteras, el alza de las deportaciones y la creación de legislaciones locales que reducen el acceso a servicios y limitan derechos a los inmigrantes ha reavivado en los últimos años el debate sobre los programas de trabajo temporal, lo que evidencia al mismo tiempo la extrema dependencia que las empresas norteamericanas tienen de este tipo de mano de obra.

Aunque el debate migratorio norteamericano visto desde México parece concentrarse en la posibilidad de una amnistía o “alivio migratorio”, lo cierto es que un eje fundamental de la discusión en materia migratoria trastoca la necesidad del sector empresarial de Estados Unidos de recurrir al mercado laboral regional al mismo tiempo de incurrir en altos costos políticos que una apertura de fronteras significa.

La creación de nuevos instrumentos bilaterales, como el modelo PTAT, para coordinar el flujo de mano de obra entre México, Estados Unidos y Canadá parece estar al día de hoy, descartado. La orientación general de la política migratoria norteamericana se dirige hacia una creciente privatización de la gestión de programas de los trabajadores temporales. Es en este punto en el que el desarrollo de una política pública mexicana, autónoma del debate americano podría, a un muy bajo costo, intervenir de manera efectiva en la regulación de los flujos laborales hacia el Norte del Continente. En otras palabras, debemos dejar de esperar la enchilada completa y empezar a preparar desde México chilaquiles que no exige reformas legislativas, y que permitiría establecer una política laboral y migratoria eficaz.

Presentar los programas de trabajo temporal como una solución para los derechos laborales y humanos de los migrantes es insuficiente. El movimiento laboral, las organizaciones de defensa de migrantes y la academia señalan desde hace décadas las fallas sistémicas de estos programas. Sin embargo, regular efectivamente dichos flujos, desde una participación directa del Estado mexicano, contribuiría a disminuir los costos de la migración temporal, al mismo tiempo que eliminaría la participación de un sector público formal e informal (o inclusive, vinculado al crimen organizado) que aumenta los costos de migrar y los transfiere tanto al empleador como al trabajador.

Dicha participación del Estado en la regulación migratoria puede, de haber la suficiente voluntad política, dar lugar a un mecanismo de reclutamiento de trabajadores temporales dentro de la estructura del Servicio Nacional de Empleo (SNE). Esta estructura tiene la ventaja de exigir poca o nula modificación de la legislación actual. El ejemplo perfecto para ilustrar la capacidad jurídica y administrativa de gestionar dicho flujo es el PTAT mismo. Al respecto, la gestión por parte del SNE de los trámites migratorios para participantes del PTAT está fundamentada en la Ley Federal del Trabajo vigente. Sus principales funciones son reclutar a los trabajadores, crear un padrón de la mano de obra disponible en coordinación con los servicios estatales de empleo y efectuar los trámites de permiso de trabajo correspondientes. En el mismo espíritu, el SNE coordina con los empleadores el movimiento de los trabajadores y se asegura de que a su regreso las condiciones del contrato hayan sido respetadas.

Este modelo, al eliminar los intermediarios, disminuye los riesgos de fraude o explotación, y reduce al mínimo los gastos en que los trabajadores tienen que incurrir para participar en este tipo de programas.

Por ejemplo, a pesar de que nuestra agenda migratoria con Estados Unidos se ha centrado en la posible regularización de los mexicanos indocumentados, cabe señalar que cerca de 100 mil trabajadores que ingresan de manera legal a los sectores de la agricultura y los servicios bajo el esquema H2, enfrentan violaciones constantes a sus derechos ligadas a los mecanismos de reclutamiento y a la falta de regulación de los mismos. Así, un reporte del Centro de los Derechos del Migrante de 2013 revela que el 58% de los trabajadores temporales pagaron una cuota de reclutamiento a pesar de estar prohibida, 47% pidió un préstamo para cubrir gastos y costos de pre-empleo y a 52% en ningún momento se les mostró el contrato. Peor aún, al menos el 10% reportó haber pagado una cuota por un trabajo inexistente. Bajo esta premisa, la intervención del Estado mexicano resuelve un elemento esencial del debate sobre la vulnerabilidad de los trabajadores migrantes.

Si bien el PTAT dista aún de ser el modelo perfecto de migración temporal, tal como lo reporta desde hace más de una década UFCW Canadá, éste constituye en sí un punto de partida al que se pueden agregar elementos eficaces como la representación del trabajador y el dotar de garantías de acceso a la salud y la justicia laboral.

Sin necesidad de negociar nuevos acuerdos bilaterales, México tiene la capacidad de modificar, desde su propia cocina, las condiciones de vida y de trabajo de sus connacionales en el extranjero.

 

* Andrea Gálvez es investigadora asociada de Inteligencia Pública.

 

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