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Debatir el Sistema Nacional Anticorrupción
Votar la minuta del Sistema Nacional Anticorrupción es un tema de suma importancia, sobre todo en la coyuntura actual (e histórica) de nuestro país; pero ¿de qué se trata esta propuesta? Y ¿cuál es la trascendencia de que facciones de la ciudadanía participen visiblemente en la discusión?
Por Inteligencia Pública
16 de abril, 2015
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Por: Ana Arroyo Gámez (@AnaSalamandra)

A poco más de dos semanas para que concluya el periodo ordinario de sesiones de la LXII legislatura, el Sistema Nacional Anticorrupción será discutido para su dictamen este jueves en la Cámara de Senadores. Pues de acuerdo con el calendario legislativo, las sesiones deberán llevarse a cabo cada martes y jueves hasta el próximo 30 de abril. Lo interesante de esto radica no sólo en la premura que marcan los tiempos políticos, sino en la urgencia que se ha demostrado al respecto, tanto por algunos miembros de la Cámara de Diputados como por otros grupos, incluidos ciertos de la sociedad civil y del empresariado mexicano.

En efecto, votar la minuta del Sistema Nacional Anticorrupción es un tema de suma importancia, sobre todo en la coyuntura actual (e histórica) de nuestro país; pero ¿de qué se trata esta propuesta? Y ¿cuál es la trascendencia de que facciones de la ciudadanía participen visiblemente en la discusión? Vayamos paso a paso. En noviembre del año pasado Ricardo Anaya Cortés, presidente del Partido Acción Nacional (PAN), presentó la propuesta de creación del Sistema Nacional Anticorrupción frente a la Cámara de Diputados. Posteriormente, en febrero de este año, el pleno de dicha Cámara aprobó en lo general la modificación a 14 artículos de la Constitución que incluía la propuesta. Para continuar con el proceso legislativo, en marzo, el Senado recibió de la Cámara baja la minuta para su estudio y posible aprobación.

Así llegamos a abril, donde se ha instado al Senado a ratificar la propuesta del Sistema Nacional Anticorrupción que, en resumen, presenta cuatro puntos a destacar: la creación de un Consejo Nacional donde participen órganos involucrados en el tema de corrupción, el fortalecimiento y ampliación de las funciones de ciertas instancias públicas (como la Auditoria Superior de la Federación, la Fiscalía Especializada en materia de Delitos relacionados con Hechos de Corrupción y el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa), la creación de mecanismos de participación ciudadana dentro del sistema y, por último, la ampliación de esta reforma hacia todos los estados y municipios del país.

Asimismo, respecto a los artículos constitucionales que se pretenden modificar (22, 28, 41, 73, 74, 76, 79, 104, 108, 109, 113, 114, 116 y 122) debe decirse que éstos tratan la procedencia de los bienes, los impuestos, las atribuciones de los Poderes de la Unión, las facultades del Congreso, las capacidades de la entidad de fiscalización superior de la Federación, las facultades de los Tribunales de la Federación, las responsabilidades administrativas de los servidores públicos, el juicio político y las sanciones que pudiesen resultar de algún acto indebido.

En este sentido, habrá que denotar el énfasis que hay en el tema de fiscalización, uso de recursos públicos y la prevención del enriquecimiento ilícito por parte de los servidores públicos, pues dichas líneas son medulares en la propuesta que se discutirá. Lo anterior es un paso importante pero no deja de ser parte de una amplia gama de acciones que tendrán que darse en el futuro legislativo, pues aunque se aborda un tema primordial (gasto público), éste debe convertirse en un ápice que se desdoble en otros bastiones donde la corrupción está presente, sobre todo en un país donde la opinión ciudadana tiende a asociar ésta con sus instituciones de manera recurrente.

Asimismo, es necesario reconocer que desde un inicio, cuando la propuesta fue presentada recibió una amplia aprobación por parte de los grupos parlamentarios, e incluso desde diciembre de 2013 el tema ya había sido colocado y tratado en las comisiones del Senado, dirigiéndose –desde ese momento- hacia temas de fiscalización. Lo que también resulta interesante es que la propuesta sea recibida en un Congreso cuya mayoría relativa es de un partido distinto al que la realizó, lo cual habla de un consenso no sólo político sino social, donde instancias como COPARMEX se han pronunciado a la par de organizaciones ciudadanas a favor de su aprobación. Pues de entrada, hablar de participación ciudadana ya es un tema delicado, y ahora en temas de corrupción hace que se genere un interés mayor sobre los mecanismos que se tienen que crear y los alcances que ello pudiera generar.

Lo que sigue es que si el Senado aprueba el dictamen de creación del Sistema Nacional Anticorrupción, dado que es una reforma constitucional, se tendrá que aprobar por más de la mitad de los congresos de cada entidad federativa. De la misma forma, si se modifican las funciones de ciertas instancias de gobierno, habrá que observar la adjudicación de las nuevas atribuciones y los medios que se destinen para cumplirlas, principalmente de aquellas que dependen directamente del Poder Ejecutivo Federal. Y en todo caso, se deberá precisar cuáles serán las sanciones administrativas que se generarán, cuáles serán consideradas graves y cómo se procederá para resarcir los daños.

Finalmente, y no menos importante, será necesario reflexionar en la cuestión de que no se está proponiendo la creación de una institución, sino de un sistema, lo cual debe valorarse desde una particular perspectiva pues los órganos que lo conformarían deberán cumplir sus funciones de manera correcta y de modo independiente, para que en conjunto funcionen adecuadamente como sistema, el cual deberá asociarse, al mismo tiempo, con los instrumentos de participación de la sociedad civil. En suma, estamos frente a un reto político y social, al cual debemos darle seguimiento en los días venideros en aras de ser parte de un tema que nos atañe a todos.

 

* Ana Arroyo es investigadora en @IntPublica.

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