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Detractores de la transición energética (Parte I)
La falta de consulta a las comunidades ha provocado que más de 20 proyectos de energía limpia en el país estén detenidos, aún y cuando ya cuentan con la autorización por parte de la autoridad federal para ejecutarlos.
Por Inteligencia Pública
20 de octubre, 2016
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Por: Liliana Estrada (@LilianaEG145)

En 2015 la aprobación y la entrada en vigor de la Ley de Transición Energética (LTE) constituyó el componente sustentable y renovable de la Reforma Energética, la cual establece metas de participación mínima de fuentes limpias en la generación de energía eléctrica del país: 25 % para el año 2018, 30 % para 2021 y 35 % para 2024. Lo anterior permitirá romper con la dependencia de combustibles fósiles, y con ello, garantizar la seguridad en la oferta y demanda de electricidad, así como brindar certeza para la inversión y el desarrollo de energías limpias.

Actualmente, el porcentaje de energías limpias en la matriz eléctrica es de 21 %, de los cuales el 65 % corresponde a energía hidráulica, el 22 % a energía nuclear, el 10 % a energía geotérmica y el 3 % a energía eólica y solar (SENER, 2016). Esto significa, que para cumplir la meta de generación en los próximos años, de acuerdo con los volúmenes de producción actual y un estudio publicado el año pasado de Price WaterhouseCoopers (PwC) y la Comisión de Estudios del Sector Privado para el Desarrollo Sustentable (CESPEDES), se necesita la instalación de alrededor de 25 Gigawatts (GW) de capacidad de energía limpia, lo cual representa incrementar más de dos veces la infraestructura que tenemos en este momento, esencialmente de energía eólica y solar.

En este sentido, para la integración de energías limpias en la generación de electricidad, se establecieron tres grandes incentivos en las leyes secundarias de la Reforma Energética: 1) el acceso libre e indiscriminado a las redes de transmisión y distribución, 2) los Certificados de Energía Limpia (CEL´s) y 3) los proyectos de generación distribuida. Sin embargo, en la implementación de estos mecanismos se han detonado algunas complicaciones que podrían poner en riesgo su ejecución exitosa para el cumplimiento de las metas. Tales son: la falta de regulación del proceso de consulta social para implementar los proyectos de generación de energía, la cual será analizada en esta primera entrega, y la ausencia de la ampliación de la red eléctrica, así como posibles políticas restrictivas de interconexión para los proyectos de generación distribuida que serán detalladas en la segunda parte del texto.

El proceso de consulta social se materializa en la Ley de la Industria Eléctrica (LIE), la cual plantea que cualquier interesado en obtener permisos o autorizaciones para el desarrollo de proyectos de electricidad, deberá presentar una evaluación de impacto social (EVIS) y realizar una consulta previa e informada, a fin de identificar, caracterizar, predecir y valorar los impactos sociales que podrían derivarse de sus actividades, así como las medidas de mitigación y los planes de gestión social correspondientes. Esto debido a que la mayoría de los recursos potenciales de energías limpias se encuentran en tierras habitadas principalmente por comunidades rurales e indígenas.

No obstante, conviene destacar que antes de la Reforma Energética el gobierno federal, principalmente la Comisión Reguladora de Energía (CRE), debía realizar un ejercicio de comunicación (socialización) sobre los proyectos de energía a autorizar bajo el cumplimiento del Convenio Número 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre el derecho a la consulta. A pesar de lo anterior, debido a la falta de procedimientos efectivos de repartición de beneficios por la renta de tierras, así como la ausencia de métodos de información y participación de las comunidades, el proceso de consulta social se ha visto como un mecanismo más de formalidad requerida para la instalación de plantas de generación, que como un verdadero instrumento de consulta a las comunidades en donde residirán los proyectos. Ello ha generado que los proyectos de energía sean interpretados por las comunidades como una imposición que violan sus derechos humanos y ambientales, lo que provoca que actualmente más de 20 proyectos de energía limpia en el país estén detenidos, aún y cuando ya cuentan con la autorización por parte de la autoridad federal para ejecutarlos (Sergio Meana, 2016).

Por ello, la nueva legislación debe retomar la importancia de la EVIS y la consulta social como herramientas de diálogo, negociación y análisis exhaustivo de los impactos positivos y negativos del proyecto de energía (y las medidas para mitigarlos), en beneficio de los actores involucrados (comunidades y empresas desarrolladoras) y en donde las metodologías cualitativas y participativas tengan un rol fundamental.

Sin embargo, a más de dos años de la publicación de las disposiciones sociales en la nueva legislación energética, el gobierno federal no ha emitido las reglamentaciones para el proceso de consulta indígena y la EVIS, lo que provoca incertidumbre jurídica, y con ello, espacios de discrecionalidad y conflictividad social. Lo anterior, se ha reflejado ante los resultados de las dos subastas eléctricas realizadas por parte del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE) que si bien, arrojan la competitividad de las energías renovables frente a los combustibles fósiles, también se han convertido en espacios para que las comunidades y organizaciones locales se manifiesten y obtengan amparos en contra de su ejecución.

Otro de los aspectos que frenan la aplicación efectiva de la consulta es la ausencia de capacidades humanas y técnicas dentro de la Secretaría de Energía (SENER) para evaluar y dictaminar que las EVIS y las consultas sociales estén realizadas conforme a los principios de respeto de los derechos humanos de las comunidades, así como que consideren planes de gestión social adecuados. Esto ha generado que existan más de 700 solicitudes de permisos de generación y construcción de redes eléctricas que no han podido ser evaluadas (Sergio Meana, 2016).

Más allá de las disposiciones jurídicas e institucionales necesarias para la implementación de la consulta social, este proceso revela otros aspectos que de no ser considerados podrían frenar la implementación de los proyectos de energía limpia. En primer lugar, se encuentra la falta de títulos de propiedad y repartición agraria de la tierra en las comunidades, lo que ha provocado que no se puedan delimitar las zonas de aprovechamiento e impacto de manera clara, y con ello, entregar las compensaciones a los que serán afectados por el proyecto. En este sentido, resulta vital que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) establezca e implemente políticas de ordenamiento territorial y ecológico, a fin de no afectar zonas estratégicas ambientales y realizar una correcta repartición de beneficios sociales derivados de los proyectos de energía.

En segundo lugar, se localiza la ausencia de certidumbre jurídica para las empresas por parte de las comunidades o la contraparte afectada, ya que a pesar de que se firman contratos con vigencia de más de 25 años, algunas comunidades después de un tiempo han declarado sin efectos los acuerdos, ello debido a que desconocen a sus representantes o aquellos que firmaron su aprobación, ya sea porque no les otorgó la información de manera adecuada o no se entregaron los recursos que se habían acordado. De tal modo, es necesario el diseño de un mecanismo de compensación para las empresas en caso de que el proyecto ya no pueda ser ejecutado, o por el contrario, que garantice que una vez firmado el contrato debe cumplirse hasta su término. Cabe mencionar que esto solo debe ser aplicado por razones externas a las empresas.

En tercer lugar, se localiza la falta de información científica y comprobada sobre las energías limpias y renovables, principalmente sobre sus efectos en el medioambiente, lo que ha provocado que varias organizaciones locales lo utilicen como herramienta para frenar el desarrollo de las tecnologías aludiendo que tienen grandes impactos para los ecosistemas que se encuentran a su alrededor. Por lo cual, es deseable que la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMANART) expida a la brevedad los estudios que manda la LTE sobre impactos acumulativos de los proyectos de energía limpia en el país, a fin de enfocar la política energética al desarrollo de las fuentes con menor impacto, así como desmitificar o comprobar la información con la que se cuenta.

Finalmente, otro de los retos a vencer es la ausencia de estrategias de comunicación y espacios de diálogo entre las empresas y comunidades, ya que ambas partes se rehusan a escuchar y ser escuchadas para lograr consensos y la sensibilización sobre el proyecto. Para ello, resulta importante que las comunidades sean concebidas como actores estratégicos con capacidad de decisión y negociación, así como los principios de confianza y buena fe sean respetados. Cabe mencionar que las organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación deben propiciar los espacios para la generación de información, interlocución y monitoreo y potencialización de los compromisos resultantes de los procesos de diálogo.

En conclusión, la consulta social y la EVIS resultan ser componentes con diferentes barreras para su implementación, principalmente en comunidades rurales e indígenas; sin embargo, no diseñar estratégicas para superarlas incrementará la desigualdad del país, ya que al final las empresas podrán decidir si invertir en esas zonas o enfocarse en las de fácil acceso o negociación, lo que dejará fuera a ciertas comunidades de aprovechar los beneficios que pueden desprenderse de los proyectos, y con ello, mejorar su calidad de vida.

 

* Liliana Estrada es investigadora en @IntPublica.

 

 

Los Certificados de Energía Limpia son un mecanismo para verificar que una empresa generadora, suministradora o consumidora de energía consume y/o produce energías limpias. De acuerdo con la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) y los Lineamientos que establecen los criterios para el otorgamiento de Certificados de Energías Limpias, se menciona que al 2018 los grandes consumidores, los generadores de energía fósil y los suministradores tendrán que cumplir con el 5% de generación y/o consumo de energía a partir de fuentes limpias cada año. En el caso de que no puedan cumplir con el porcentaje tendrán derecho de comprar CEL´s los cuales serán vendidos por empresas limpias, y de no hacerlo, deberán pagar una multa con un valor del precio máximo de los certificados.

La generación distribuida es la generación o almacenamiento de energía a pequeña escala (menor a 0.5MW) lo más cerca del lugar del consumo, con la opción de comprar o vender electricidad a la red eléctrica. Un ejemplo es la instalación de paneles solares en casas o unidades habitacionales.

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