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El diablo está en los detalles: las leyes secundarias energéticas
Más allá de los detalles operativos de contratos y de transformación al interior de las empresas energéticas, el tema de la transición energética deberá ser la base y el objetivo de la política energética, pues de no transitar hacia energías más limpias y proponer un proyecto a largo plazo que garantice la seguridad energética, muy pronto hablaremos de una crisis en la oferta y la demanda de energía.
Por Inteligencia Pública
27 de marzo, 2014
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Por: Liliana Estrada (@LilianaEG145)

Últimamente la frase “el diablo está en los detalles” es y será muy comúnmente utilizada, esto para caracterizar al proceso de transformación de las leyes secundarias de las reformas constitucionales aprobadas el año pasado por el Congreso -telecomunicaciones, política-electoral y energética-. La importancia de las leyes secundarias radica en que representan los términos, especificaciones y particularidades que marcarán la ruta a seguir del país en estos temas. No obstante, cualquier error o mala adecuación de las políticas puede generar resultados que no necesariamente serían los más deseados, de ahí lo del diablo.

Tal es el caso de las leyes secundarias energéticas, ya que en los próximos meses el Congreso modificará alrededor de 31 leyes secundarias con el objetivo de mejorar la producción y consumo de energía en un escenario de transición energética factible, eficiente y sostenible -al menos eso se espera-.

Por ello, en primer lugar se deberá prestar atención, sobre todo a aquellos que hablan de la privatización, de los términos en los que se establecerán los contratos -utilidad compartida, producción compartida, servicios y licencias-, así como la temporalidad, obligaciones y de cuánto será el porcentaje de la utilidad que se quedará el Estado y cuánto los privados. Igualmente, se discutirá qué proyectos se quedará Petróleos Mexicanos (PEMEX) a partir de la Ronda 0 (cero), y cómo se otorgarán los permisos para otros servicios de hidrocarburos, esto es, almacenamiento, refinación, petroquímica, transporte y comercialización.

Bajo esta misma línea, también es importante observar los detalles que se usarán para diseñar a PEMEX y a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) como empresas productivas de Estado, puesto que éstas tendrán que contar con mecanismos de certidumbre jurídica, competitividad y transparencia. Asimismo, cuáles serán las facultades de la Comisión Nacional de los Hidrocarburos y la Comisión Reguladora de Energía al fungir como órganos reguladores responsables de los contratos y licitaciones, además de definir los nuevos esquemas de precios y tarifas en el sector energético. Por lo cual será necesario establecer el nuevo papel de Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) en este último tema.

Otros temas sustanciales se encuentran en la operatividad del Fondo Mexicano de Petróleo, los regímenes fiscales, el papel de la Secretaría de Energía (SENER) y la modificación de las leyes ambientales y sociales para aminorar los impactos que genere la utilización de la fractura hidráulica para la extracción del gas de lutitas (shale gas).

Sin embargo, más allá de los detalles operativos de contratos y de transformación al interior de las empresas energéticas, el tema de la transición energética deberá ser la base y el objetivo de la política energética, pues de no transitar hacia energías más limpias y proponer un proyecto a largo plazo que garantice la seguridad energética, muy pronto hablaremos de una crisis en la oferta y la demanda de energía.

La transición energética representa una vía alternativa para romper con la dependencia de los combustibles fósiles y generar mayores beneficios para el país. No sólo es una forma de producir y consumir energía, también de generar competencia en el mercado energético. Los resultados son energía más barata, accesible y con menores impactos para la salud y el medio ambiente.

En este sentido, el sector eléctrico, por ser el de mayor trascendencia por su factibilidad para integrar recursos renovables, necesita garantizar la inclusión de energías limpias para alcanzar la meta del 35% de generación de electricidad por fuentes renovables para el 2024, tal y como lo marca la Ley para el Aprovechamiento de Energías Renovables y el Financiamiento de la Transición Energética (LAERFTE).

No obstante, es necesario priorizar la utilización de energías renovables como la solar, eólica, geotermia y mini-hidroeléctrica puesto que, aunque la energía nuclear, la hidroeléctrica a gran escala y la biomasa sean energías limpias, aún mantienen importantes externalidades negativas para el ambiente y la sociedad.

Para alcanzar las meta del 35% es indispensable que se establezcan mecanismos para que tanto CFE como las nuevas compañías generadoras de electricidad tengan incentivos económicos, mecanismos de compensación y obligatoriedad de la producción de electricidad a partir de renovables. Actualmente, de acuerdo con SENER, apenas hemos cubierto el 24% de esta meta si se considera la energía nuclear y la hidroeléctrica a gran escala. Sin embargo, si quitamos estas dos tecnologías, apenas se genera el 11% de la energía eléctrica por fuentes renovables.

Por otra parte, para avanzar en la transición energética hay que garantizar que queden establecidos tres temas principales que muy bien expone en su pronunciamiento para las leyes secundarias la Red por la Transición Energética: aspectos técnicos; financiamiento y subsidios, y eficiencia energética.

En cuanto a los aspectos técnicos es indispensable que a mediano plazo se construya una red eléctrica inteligente para hacer uso eficiente y de calidad de la energía. Igualmente, es necesario que se precise sobre las reglas de despacho, es decir, qué plantas eléctricas funcionaran en qué momento del día de manera que se favorezca el uso de las fuentes generadoras por renovables. Por otro lado, la CRE y SENER tendrán que definir los planes para la ampliación de la red de transmisión de manera que se integren las regiones aisladas y los productores de electricidad por renovables. Asimismo, hay que generar las líneas para el diseño de las tarifas de transmisión que se aplicarán a los generadores.

Cabe mencionar que ante el carácter intermitentede las energías renovables, es esencial realizar mecanismos de apoyo, esto es, la existencia de plantas base que funcionen con gas natural, energía nuclear o ciclos combinados, además, de instrumentos de almacenamiento de energía como baterías.

En el caso del financiamiento es significativo desarrollar incentivos fiscales –tal como la depreciación acelerada– y mecanismos de acceso a recursos para la generación de energía renovable. La Red por Transición Energética propone que se debe incluir dentro del mandato del Fondo Mexicano del Petróleo una asignación expresa para el Fondo para la Transición Energética (FTE) de por lo menos 3,000 mil millones de pesos anuales para investigación tecnológica y desarrollo de infraestructura de transmisión. Al igual, es necesaria la creación del Fondo Nacional para las Energías Renovables (FONADER), una institución público-privada que servirá para financiar obras de generación de electricidad con fuentes renovables, así como modernización de las redes eléctricas.

Dentro de este rubro es fundamental la focalización de los subsidios energéticos que actualmente son instrumentos altamente regresivos. Se debe dejar de subsidiar combustibles fósiles para reorientar este recurso a políticas de usos de renovables. Esto es, inversiones para que hogares de ingresos bajos y medios puedan adquirir tecnologías, por ejemplo, de aislamiento térmico, calentamiento de agua, focos ahorradores, electrodomésticos eficientes, pero sobre todo, tecnologías con las que puedan generar su propia energía a través del uso de energías renovables.

Por último, en cuanto al tema de eficiencia energética es preciso que la legislación secundaria establezca incentivos para la adquisición de tecnologías para el ahorro de electricidad en la cadena productiva de la energía, es decir, en los procesos para el aprovechamiento de la energía que inicia con el recurso energético mismo y se termina hasta su uso final. Puesto que de lo que se trata no es dejar de utilizar energía sino seguir realizando las misma actividades, pero con el menor costo energético y ambiental. Para ello, es trascendental la meta que plantea la Red por Transición Energética del 20% de ahorro a través de eficiencia energéticaen el país en los próximos cinco años.

Finalmente y de manera transversal, en todas las leyes secundarias debe quedar garantizado el aspecto social, puesto que los nuevos proyectos pueden causar impactos sociales negativos. Por ejemplo, el desplazamiento de poblaciones, modificación de los usos tradicionales del territorio, desvalorización de las tierras donde están instaladas, cambio de los caudales de los ríos, inundación de tierras, entre otros. Por lo tanto, es preciso que se diseñen instrumentos que permitan brindar beneficios claros a los propietarios de la tierra y a las comunidades involucradas a través de esquemas de transparencia y derechos humanos.

 

*Liliana Estrada es investigadora ambiental en Inteligencia Pública.

 

 



Ronda 0 (cero) se refiere al mecanismo por el cual se establece qué yacimientos se queda PEMEX en el contexto de la reforma energética (donde ya hay la participación de más actores).

Se refiere a que las energías renovables, sobre todo, la energía solar y eólica, no siempre son constantes, esto debido por ejemplo, a que no siempre hay sol o viento.

La depreciación acelerada es un sistema de amortización que consiste en recuperar la inversión original de los activos fijo y diferido, vía fiscal, mediante un porcentaje mayor en los primeros años a partir de la adquisición. (SHCP)

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