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El limbo jurídico de los Food Trucks: por qué hay que regular
A diferencia de un puesto de comida ambulante, los food trucks cuentan con tanque de agua potable y agua residual, instalación de gas certificada, sistema de refrigeración, planta de luz, y con protocolos de higiene en la preparación de sus alimentos garantizando así comida limpia y de calidad. También pagan impuestos y tienen marcas registradas ante el IMPI y, lo más importante, tienen la intención de ser legislados e incorporados al comercio formal y contemplados dentro del Código Fiscal del DF, así como en un régimen de seguridad social.
Por Inteligencia Pública
9 de abril, 2015
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Por: Karina Tamayo (@Kar_Tamayo)

La oferta gastronómica de la ciudad de México se caracteriza por su gran variedad y versatilidad, y el surgimiento de los food trucks o camiones de comida itinerante como una nueva opción culinaria obedece a esta realidad. El origen de la comida móvil se remonta al chuckwagon americano de 1866, que era utilizado en Texas para transportar alimentos y equipo de cocina durante largos viajes de ganado. Posteriormente, en la Segunda Guerra Mundial, aparece el predecesor del food truck moderno – los camiones de comedores móviles – que abastecían de alimentos y comida a los soldados que regresaban de ultramar.

En el Distrito Federal, el movimiento de los food trucks comenzó hace dos años, y se ha expandido rápidamente a otras ciudades del país como Guadalajara, Cuernavaca y Pachuca. En comparación con otras ciudades del mundo como Nueva York, Los Ángeles, Londres, París y Madrid, donde estos negocios llevan operando entre cuatro y siete años, el fenómeno en México es prácticamente nuevo, con todas sus implicaciones.

A pesar de que los food trucks son un modelo de negocio impulsado por jóvenes emprendedores, y por tanto, representan una fuente de empleo para cientos de familias, aún no existe un marco legal que los regule. Esta situación, más allá de afectar a los comerciantes que son víctimas de extorsión y persecución por parte de la autoridad y que pagan altas cuotas para poder trabajar en la vía pública o en la renta de un espacio privado, perjudica al gobierno capitalino, que no obtiene recaudación alguna por esta actividad y que actúa contrariamente a las políticas de apoyo al emprendedor que ha impulsado en los últimos años.

Como respuesta a las demandas de las Asociaciones de Food Trucks en el DF, a la fecha se han planteado dos iniciativas de ley para regular la venta de comida en food trucks por parte del PAN y del PRD respectivamente: la Ley para regular el Comercio de Comida preparada a través de estructuras móviles sobre ruedas y la Ley de Vehículos Gastronómicos de la Ciudad de México. Ambas iniciativas establecen que los camiones estén regulados por la Secretaría de Desarrollo Económico y reformar el Código Fiscal para que los dueños de éstos paguen impuestos como persona física o moral. Asimismo, se establecen otros criterios relativos a las inspecciones, horarios y zonas de operación, cuotas, instalaciones y otros requisitos. Lo que buscan estas iniciativas es equiparar los requisitos exigidos a los negocios de comida a los food trucks. A pesar de la presión por parte de los propietarios de food trucks, ningún proyecto de ley ha prosperado, y las probabilidades de que esto suceda en el corto plazo son bajas dada la cercanía de las elecciones en el DF.

Esta situación es un ejemplo más de la indiferencia e ineficacia por parte de la autoridad para regular una innovación en el mercado, y con esto generar un escenario ganar-ganar para todos los involucrados: comerciante, consumidor y gobierno. Aunado a esta falta de disposición para legislar en la materia, se encuentra la oposición de los restauranteros y líderes de ambulantes que ven amenazados sus intereses económicos. Asimismo, las asociaciones vecinales han manifestado su inconformidad principalmente por falta de conocimiento sobre estos negocios, o malas experiencias con vehículos que son confundidos con food trucks; provocando que sean equiparados a puestos ambulantes y percibidos como una competencia desleal hacia los restaurantes, siendo ambas concepciones equivocadas.

Y es que, a diferencia de un puesto de comida ambulante, los food trucks cuentan con tanque de agua potable, así como de agua residual; con instalación de gas certificada; con sistema de refrigeración; planta de luz, y con protocolos de higiene en la preparación de sus alimentos garantizando así comida limpia y de calidad. Asimismo, pagan impuestos y tienen marcas registradas ante el IMPI y, lo más importante, tienen la intención de ser legislados e incorporados al comercio formal y contemplados dentro del Código Fiscal del DF, así como en un régimen de seguridad social (a diferencia de los ambulantes).

Por otro lado, es un error considerar a los food trucks como una competencia desleal hacia los restaurantes, ya que al ser una innovación en el mercado de comida, no se pueden equiparar a los establecimientos y, al no operar bajo el mismo esquema, requieren de un marco regulatorio especializado que permita su operación eficiente. En este sentido, un marco legal para los food trucks impulsaría la libre competencia (en lugar de restringirla) al darle la libertad al consumidor para elegir entre distintas opciones de comida, de acuerdo a sus necesidades en ese momento.

Aunado a lo anterior, cabe mencionar que esta modalidad se adapta al nuevo estilo de vida de las grandes ciudades, en donde cada vez se busca con mayor frecuencia una opción rápida y saludable de comida, más que un restaurante con listas de espera o comida rápida poco saludable. Asimismo, es importante destacar que los food trucks dan vida al paisaje urbano, fomentan la convivencia y promueven la alimentación sana o gourmet a precios accesibles –varios camiones preparan sus platillos con alimentos orgánicos o bien, con ingredientes específicos de una región del país, promoviendo así la riqueza gastronómica de México. Esto último, podría ser aprovechado por el gobierno del DF para impulsar sus campañas contra la obesidad en niños y adultos, y en la promoción de programas y actividades culturales.

Finalmente, la principal razón por la cual estos negocios deben ser regulados es porque en su mayoría son encabezados por jóvenes emprendedores con distinta formación, o bien, que han dejado sus profesiones para impulsar su propio negocio y que no cuentan con los recursos económicos suficientes para cubrir la inversión de un restaurante. Es obligación del gobierno apoyar a los emprendedores y ofrecerles todas las facilidades para crecer, en lugar de desincentivarlos a invertir.

La meta más próxima de la Asamblea Legislativa del DF es la aprobación de una ley que regule la operación de food trucks en la vía pública. El siguiente reto será la correcta aplicación y operación de la misma, en donde se verán involucrados los jefes delegacionales, la SEDECO, y el Instituto de Verificación Administrativa (INVEA) entre otras instancias. No cabe duda que, como en otras ciudades del mundo, será una tarea complicada ya que se trata de un fenómeno sin precedentes. Sin embargo, la experiencia legislativa internacional puede ser sumamente enriquecedora y aportar mucho en la definición de este nuevo marco normativo. Las grandes ciudades están buscando cada vez más en los food trucks no sólo una alternativa más a las formas de comida convencional, sino un jugador más en los planes de desarrollo económico y comunitario a mayor escala; tendencia que no puede ser ignorada por el DF, una ciudad con 28.9% de sus habitantes en pobreza (Coneval 2014).

 

* Karina Tamayo es Investigadora en Inteligencia Pública y socia de 8 Venado Foodtruck (@8Venado_FT)

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