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El precio de la justicia
El nuevo sistema de justicia penal acusatorio implementado en Chiapas tiene al menos cuatro ventajas importantes: reduce significativamente los plazos de atención de los delitos; privilegia la reparación del daño, el trabajo social y la rehabilitación sobre la prisión; requiere un menor número de operadores del sistema, y consume menos recursos materiales, humanos, institucionales y financieros.
Por Inteligencia Pública
6 de junio, 2013
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Por: Marco Cancino (@marco_cancino)

Como algunos ya saben, durante el 2008 se aprobó una reforma constitucional que busca reformar el sistema de justicia penal del país para transformarlo de uno inquisitorio a uno adversarial. Sin embargo, lo que pocos saben son los verdaderos cambios que dicha reforma puede traernos, sobre todo, en materia de eficiencia y eficacia en la impartición de justicia.

En la actualidad, existen numerosos análisis, e inclusive observatorios, que buscan medir el grado de avance en la implementación de la reforma al sistema de justicia penal, pero poco se ha hecho para medir los resultados que el nuevo sistema puede generar. Es decir, se está midiendo más el desempeño del proceso de implementación, que los resultados de la operación que el nuevo modelo produce.

Por ello, Inteligencia Pública, con el objetivo de diseñar un mecanismo que permita evaluar los resultados derivados de la operación del nuevo sistema de justicia penal adversarial, realizó una serie de visitas a distintos estados del país no sólo para tomar nota sobre los principales problemas y retos en la implementación de la reforma, sino también para detectar las mejores prácticas -o garbanzos de a libra- que pudieran ser replicados en otros estados, así como para obtener información suficiente para diseñar indicadores de resultados de la operación del nuevo sistema de justicia penal adversarial.

Tal es el caso del Estado de Chiapas, cuya coordinación de la implementación de la reforma al sistema de justicia penal acusatorio está a cargo del Poder Judicial de la entidad y que según la propia SETEC, se encuentra en la etapa 4 de implementación, es decir, próxima a finalizar el proceso de implementación e iniciar la operación en todo el estado.

FIGURA 1

En cuanto a las diferencias entre el sistema de justicia penal inquisitorio (actual) y el acusatorio o adversarial (nuevo), consideramos cuatro variables de relevancia para medir los resultados alcanzados por la reforma: el plazo de resolución, la sentencia o medida de prevención, el número de operadores que intervinieron y el costo total del proceso.

El análisis realizado partió de una solicitud realizada al órgano implementador de la reforma penal en el Estado de Chiapas con respecto a la información para dos delitos no graves de características similares y que fueron resueltos bajo los dos modelos: ataque a las vías de comunicación y narcomenudeo. El objetivo era obtener información que nos permitiera conocer si existen diferencias sensibles en los resultados alcanzados en la atención de delitos de características similares en los dos modelos de justicia penal.

Según datos proporcionados por la Comisión Interinstitucional para la Implementación de la Reforma Constitucional en Materia de Seguridad y Justicia Penal en el Estado de Chiapas, con respecto al delito de ataque de las vías de comunicación y como lo podemos observar en la Tabla 1, la duración del total del proceso bajo el sistema adversarial fue de apenas 90 días, es decir, una décima parte del tiempo que se toma resolver el delito bajo el modelo inquisitorio que va de entre 29 a 58 meses.

Con referencia a la sentencia o la medida de prevención, bajo el sistema acusatorio ésta fue la rehabilitación y el servicio comunitario; en tanto que bajo el modelo inquisitivo, la sentencia otorgada fue la prisión.

En cuanto al número de operadores que intervinieron en la atención del delito, bajo el modelo adversarial participaron menos de una decena de personas. En contraste, el número de operadores que intervinieron para la atención del delito casi se duplicó, lo que impactó de manera significativa en los recursos demandados, ya que mientras que en el modelo adversarial se usaron $161,573.50 pesos para realizar la totalidad del proceso, en el sistema inquisitorio la cifra se duplicó, y alcanzó los $336,311.43 pesos.

TABLA 1

En cuanto al delito de narcomenudeo, como se puede observar en la Tabla 2, el plazo total de atención bajo el modelo de justicia adversarial fue de tres meses, en tanto que el tiempo que toma el mismo delito para ser atendido bajo el modelo inquisitorio oscila entre los 35 y los 70 meses.

Con respecto a la medida de prevención o sentencia, el sistema de justicia penal adversarial contempla la rehabilitación y el servicio comunitario, en tanto que el modelo inquisitorio invariablemente la prisión.

Con referencia a los recursos utilizados para la atención del delito de narcomenudeo, el sistema adversarial contempla menos de 10 operadores, en tanto que en el inquisitivo se requieren de entre 10 a 15 operadores cuando menos, para atender el delito. Ello se ve reflejado, como en el caso del delito de daños a vías de comunicación, en los recursos financieros necesarios, ya que el sistema inquisitorio requiere el doble de recursos que el adversarial, lo que lo hace más costoso y por tanto, oneroso para los contribuyentes chiapanecos.

TABLA 2

En conclusión, en el caso del Estado de Chiapas, el nuevo sistema de justicia penal acusatorio tiene al menos cuatro ventajas importantes: reduce significativamente los plazos de atención de los delitos; privilegia la reparación del daño, el trabajo social y la rehabilitación sobre la prisión; requiere un menor número de operadores del sistema; y consume menos recursos materiales, humanos, institucionales y financieros.

Todo ello lo convierte en una adecuada inversión no sólo desde el punto de vista de las finanzas públicas locales y federal, sino también en términos de procuración e impartición de justicia. Esto quiere decir que se está procurando e impartiendo justicia en menos tiempo, de una manera más eficiente y económica, lo que convierte al nuevo sistema de justicia penal adversarial, al menos en el caso del Estado de Chiapas, en una adecuada política pública.

FIGURA 2

 

* Marco Cancino es Director General de Inteligencia Pública.

 

Agradecemos al Magistrado Carlos Tovilla, Titular del Órgano Implementador de la Reforma Penal en el Estado de Chiapas,  y al Maestro Luis Antonio Salazar Castañón, Operador de Segmentos del OI Chiapas, por las facilidades otorgadas para la realización de este análisis.

 

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