El reto de garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes
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El reto de garantizar los derechos humanos de niñas, niños y adolescentes: análisis de un caso de implementación a nivel local
Las violencias sufridas por niñas, niños y adolescentes representan un problema de carácter público y en tanto precisan acciones urgentes por parte de la autoridad desde sus tres niveles de actuación.
Por Ana Arroyo Gámez
27 de enero, 2022
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Durante las últimas semanas, a nivel nacional, han circulado noticias de gran impacto respecto a diversas situaciones de violencia en las cuales niñas, niños y adolescentes se han visto afectados. Algunos de estos hechos han tenido mayor relevancia o difusión en los medios, otros no tanto. Como suele suceder en estas épocas, el repunte informativo y el disgusto social en torno al acontecimiento es fugaz, pasa un par de semanas y luego otra noticia sustituye el foco de atención. Sin embargo, es necesario detenernos a reflexionar e intentar sostener los reflectores sobre el tema, ya que la violación a los derechos humanos de las niñas, niños y adolescentes 1 no debe pasar de manera desapercibida.

En 2019, el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) emitió un estudio sobre el panorama de violencia ejercida en contra de niñas, niños y adolescentes en México. Entre las diversas afirmaciones develadas resaltan tres.

La primera considera que, aunque la violencia ejercida contra niñas, niños y adolescentes está penada en todo el país, persisten violencias socialmente aceptadas (pellizcos, jalones, empujones, tratos humillantes o castigos severos, etc.); aunado a lo anterior, dada la edad del grupo al cual se hace referencia, la cantidad de denuncias es generalmente baja. Dicho de otra forma, no se trata de un fenómeno cuya ocurrencia sea casuística, sino que es una problemática invisibilizada (UNICEF, 2019).

La segunda afirmación versa sobre la alta posibilidad de que una niña, niño o adolescente violentado en algún momento de su vida enfrente una nueva agresión en el futuro. En este punto es importante resaltar que la violencia vivida por este grupo se entrelaza con otras violencias, es decir, no sólo viven un tipo de violencia (física, sexual, emocional, etc.), sino que pueden vivir una multiplicidad de ellas en una misma situación.

La tercera afirmación sostiene que conforme los espacios de interacción de las niñas, niños y adolescentes se amplían, es más probable que la violencia se vaya asemejando a la que una persona adulta pudiera llegar a experimentar, es decir, la violencia es contextual y exponencial (UNICEF,2019).

Dicho lo anterior, es posible afirmar que en nuestro país las violencias sufridas por niñas, niños y adolescentes representan un problema de carácter público y en tanto precisan acciones urgentes por parte de la autoridad desde sus tres niveles de actuación. En este sentido, si bien el objetivo de este artículo no es recorrer exhaustivamente todos los instrumentos con los cuales cuenta México para hacer frente a esta problemática, si es necesario tener presente que a partir de los compromisos internacionales adquiridos y los instrumentos jurídicos nacionales donde se mandata la ejecución de acciones inmediatas dirigidas a este grupo poblacional, existe un enorme reto de implementar y operacionalizar.

Por ejemplo, a nivel nacional la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (LGDNNA, 2021) contiene directrices que contemplan la actuación de distintas instancias en diversos ámbitos de competencia. En la última reforma de 2021 se plasmó la necesidad de prevenir, atender y sancionar violencias invisibilizadas, por lo cual se incorporó la definición de castigo corporal y humillante como una forma más, a las ya tipificadas, de violencia en contra de niñas, niños y adolescentes (artículo 47, fracción VIII). Asimismo, respondiendo al incremento de las violencias conforme avanzan las etapas de desarrollo, se contemplaron acciones para hacer frente a la explotación laboral en adolescentes mayores de 15 años y a la coacción o incitación en la comisión de delitos (Artículo 47, fracciones VI y VII). Lo anterior muestra cómo la Ley General se modifica conforme a las nuevas formas de expresión de la violencia, sin embargo, como se mencionó anteriormente, sigue siendo un desafío implementar todos los mecanismos contenidos en la Ley a un nivel operativo y no sólo jurídico (que sólo es un primer paso de una larga cadena de acciones).

Identificar cómo cada mecanismo contenido en la Ley General ha sido operacionalizado en los estados y municipios del país sería una encomienda enorme, pero necesaria. No obstante, lo que sí es posible hacer en estas líneas es tomar un caso práctico y observar cómo podría darse esta implementación. Por ello, en los párrafos siguientes se hará referencia a un mecanismo, así como a los alcances y retos que tiene de frente, a partir de un breve estudio local.

De acuerdo con el artículo 119, fracción VII, de la Ley General, los municipios tienen la atribución de difundir y aplicar protocolos específicos sobre niñas, niños y adolescentes (LGDNNA, 2021). A partir de este mandato y conforme a las leyes estatales, la entidad de Chihuahua emitió en octubre de 2020 el “Protocolo de coordinación interinstitucional para la detección, atención e investigación de actos que impliquen vulneración o restricción de derechos de niñas, niños y adolescentes para el Estado de Chihuahua”. Posteriormente, con base en las modificaciones hechas a la Ley General en enero de 2021, en septiembre de ese mismo año, la entidad emitió una modificación de este Protocolo para incorporar, entre otras observaciones, dos modificaciones prioritarias: primera, considerar a la sociedad civil como un actor clave y reflejarlo a través de la modificación de la denominación “interinstitucional” por “intersectorial” y; segunda, incorporar las nuevas formas de violencia (castigo corporal y humillante) hacia niñas, niños y adolescentes como un objetivo de erradicación más dentro del propio Protocolo.

Bajo estas premisas, se puede dar cuenta de que en cuanto a los alcances se refiere, el enfoque intersectorial es sumamente enriquecedor, pues ninguna política pública puede darse sin la participación de diversos sectores de la sociedad, ya que no se trata de una tarea exclusiva del gobierno. Lo anterior se ha materializado de múltiples formas. En primera instancia, diversas organizaciones -no sólo gubernamentales- se han sumado a la revisión del Protocolo; se ha conformado un grupo de trabajo con actores sociales, gubernamentales e incluso empresariales para operarlo en varios municipios del estado, entre los cuales destacan Juárez, Chihuahua, Delicias, Cuauhtémoc, Hidalgo del Parral y Nuevo Casas Grandes. La realización de reuniones periódicas está permitiendo consolidar una nutrida red de actores comprometida con la implementación del Protocolo a nivel local.

No obstante, este último punto también nos lleva a observar un importante reto. Si bien, el Protocolo hace referencia a la actuación de varios actores y la interlocución de diversos sectores, es necesario que todos ellos tengan voluntad política y la capacidad para hacer las modificaciones técnicas correspondientes. Por ejemplo, uno de los procesos sugiere la utilización de un formato homologado de captura de información sensible. En este sentido, una primera vía para materializar dicha homologación se observaría en las estadísticas, lo cual es un desafío no sólo para los municipios y el tema de niñas, niños y adolescentes, sino que es una constante en varias problemáticas sociales, incluso a nivel federal. Las estadísticas suelen estar capturadas bajo criterios distintos de edad, sexo, tipo de violencia, incidencia, contexto, etc., lo cual contribuye a tener panoramas desarticulados y poco claros de la magnitud del problema que se está tratando.

En este caso, la homologación de la información, el establecimiento de capacidades técnicas, la comprensión de las causas y los efectos del problema, así como el establecimiento de procesos consensados que puedan ser aplicados de manera uniforme, independientemente de las capacidades, recursos y origen (social o gubernamental) de cada institución serán retos que el Protocolo deberá superar.

Por último, y no menos importante, persiste el reto de evitar una implementación mecánica, esto significa que ante la necesidad de incorporar temáticas transversales, como pueden ser la perspectiva de género, el enfoque de infancias y el de derechos humanos, el diseño del Protocolo se preste a modificaciones para acotar ámbitos de incidencia con mayor claridad. Se trata de observar el proceso como moldeable y perfectible, lo cual sólo podrá ser posible mediante el seguimiento y el apoyo de diversas instancias sociales y gubernamentales.

A manera de cierre, estas breves reflexiones tienen la intención de colocar sobre la mesa dos consideraciones en materia de los derechos de niñas, niños y adolescentes: primera, el conocimiento sobre experiencias que reflejan la implementación de instrumentos jurídicos conforme a las capacidades locales impulsa a ampliar el espectro operativo en otras regiones; segunda, existe un compromiso de trabajar de forma más operativa los preceptos jurídicos para garantizar el cumplimiento, en la práctica, de los derechos de niñas, niños y adolescentes. El caso del Protocolo lanzado en Chihuahua es un ejemplo de ello y aunque, por ahora, este apenas comienza a gestarse, este constituye una invitación a darle seguimiento, impulso y difusión.

* Ana Arroyo Gámez (@AnaSalamandra) es investigadora y consultora en Inteligencia Pública en el Análisis Político A. C. (@IntPublica). Contacto: [email protected].

 

 

 

1 Aunque se hable de niñas, niños y adolescentes como un grupo homogéneo, conviene apuntar que a nivel internacional y nacional se reconocen etapas de desarrollo y contextos distintos. Una de estas tipificaciones se observa en los rangos de edad, los cuales se observan organizados de la siguiente manera: 0 a 5, 6 a 8, 9 a 12 y 13 a 17 años (UNICEF, 2019).

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