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El reto político de la reforma penal
Uno de los mayores retos de la reforma penal es el político, toda vez que al no haber sido una prioridad de la administración anterior, los gobierno locales tampoco la consideraron una prioridad dentro de su agenda política y presupuestaria. A tal grado, que sólo Chihuahua, Morelos y el Estado de México han iniciado la operación del nuevo sistema.
Por Inteligencia Pública
25 de abril, 2013
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Por: Pablo Cancino y Martha López (@Mapsss)

A partir de la reforma constitucional de junio de 2008, se ha llevado a cabo la implementación gradual a nivel nacional del nuevo Sistema Penal Acusatorio Adversarial. Esta reforma implica  cambios  a  temas como la  prevención de la violencia y el delito, la actuación acusatoria y de investigación del Ministerio Público dentro del proceso penal y finalmente, la implementación de la justicia alternativa y lo más conocido, los juicios orales. (i)

Por esta razón, es una buena oportunidad de plantear de manera general qué diferencia hay entre el antiguo sistema penal y el nuevo con respecto al propio proceso penal; la inclusión y participación de nuevos actores; y finalmente, qué ventajas y retos se podrían encontrar resultado de la reforma.

Cambios al proceso penal

La reforma penal trae consigo la reconfiguración del proceso y la participación de autoridades, acusados y víctimas. Estos cambios constitucionales se contienen en los artículos 16 al 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115; y la fracción XIII del apartado B del artículo 123. (ii)

En esta primera entrega centraremos la discusión en tres puntos relevantes sobre la reforma al proceso penal: a) el número y el tipo de jueces; b) la presunción de inocencia; y c) la justicia alternativa.

Los jueces

En el antiguo proceso penal, sólo existía un juez encargado de todo el proceso, desde la averiguación previa –el levantamiento de la evidencia y la integración del expediente de la causa- hasta la ejecución de la sentencia.

En la reforma penal, se considera la creación de tres tipos de jueces:

a)      El Juez de control o de garantías: el cual resolverá las medidas cautelares y técnicas de investigación del Ministerio Público para garantizar los derechos de los indiciados (sospechosos o presuntos responsables) y de las víctimas u ofendidos. Su actuación termina con la emisión del auto de vinculación a proceso;

b)     El Juez de la causa: encargado de seguir el proceso desde el punto en que el indiciado es vinculado al proceso y hasta la sentencia; y

c)      El Juez de ejecución: su actuación inicia con la sentencia, este  será el encargado de vigilar la ejecución y el cumplimiento de la misma, así como determinar en su caso, la preliberación. (iii)

Con estos tres actores se considera que el nuevo sistema de justicia penal respetará las garantías procesales y los derechos de las partes; se garantiza la imparcialidad en el proceso y, a su vez, se considera se hará más eficiente el sistema en cuanto a tiempo y seguimiento del tratamiento de reinserción del sentenciado.

La presunción de inocencia

La reforma de justicia penal eleva a nivel de derecho constitucional la presunción de inocencia, lo que significa que cualquier persona es inocente hasta que se compruebe lo contrario. Esto beneficia el respeto de los derechos humanos de las personas, tanto de los indiciados, como de las víctimas y los ofendidos.

Siendo el respeto de los derechos procesal es uno de los puntos medulares de la reforma constitucional, en Inteligencia Pública consideramos que la prisión preventiva puede resultar contraria a la presunción de inocencia del imputado o inculpado, como menciona el periodista Marco Lara Klahr, ya que en este punto del proceso penal todavía no se demuestra la culpabilidad en el acusado y se priva de la libertad al aún inocente(iv). De hecho, bajo el actual modelo de justicia penal la prisión preventiva ha sido utilizada de manera recurrente como primera opción y no como última alternativa.

La justicia alternativa

Como elemento novedoso, la reforma de 2008 incorpora el concepto de justicia alternativa, la cual se sustenta en que no todos los delitos cometidos merecen el mismo tipo de tratamiento procesal, por lo que en aras de aplicar el principio de justicia, fueron considerados mecanismos alternativos a la justicia penal tradicional.

El académico Jesús Zamora Pierce explica las opciones de justicia alternativa y cómo funciona cada una de ellas, por lo tanto, se tienen cuatro opciones:

1)      Los criterios de oportunidad para el ejercicio de la acción penal. Este principio implica que el proceso de persecución penal únicamente operará en los supuestos y en las condiciones que fije la ley. Esto quiere decir, que si el delito no es mayor y la víctima o el ofendido considera que no es necesario llevar a cabo un proceso penal se pueden implementar otro tipo de sanciones y no hacer uso de todo el aparato de procuración e impartición de justicia.

2)      La justicia restaurativa. Consiste en la reparación del daño con supervisión judicial, en los casos que sean necesarios. En este mecanismo alternativo, se considera más importante que se repare el daño a que se castigue al delincuente. Es ahí donde la Ley General de Víctimas juega un papel fundamental, ya que otorga el marco de actuación específico para llevarlo a cabo, es decir, establece los “cómos”.

3)      La terminación anticipada del proceso. Esto significa que se puede terminar un proceso antes de lo establecido por el delito, ya sea por el perdón del ofendido, la reparación del daño o que el sentenciado acredite avances significativos en el proceso de reinserción social. Es justo aquí donde el juez de ejecución puede determinar la preliberación del sentenciado.

4)      El reconocimiento del imputado. Implica la acción voluntaria de reconocimiento por parte del procesado, en la participación o comisión del delito y si existen pruebas suficientes, la ley establece los tipos de beneficios que se le podrán otorgar al inculpado.(v)

Por lo tanto, la reforma al sistema de justicia penal pretende integrar nuevas consideraciones al proceso penal, desde procurar e impartir justicia de una manera más rápida, eficiente y eficaz –creación  de nuevos jueces, atender sólo los casos que lo ameriten-; tener mecanismos alternativos para reparar un daño o cumplir una sentencia; y que la presunción de inocencia sea de carácter constitucional.

Posibles ventajas y los retos del nuevo sistema penal

Como se ha mencionado a lo largo del documento, se considera que el nuevo sistema logra beneficiar y apoyar a aquellos que sean declarados culpables dentro del proceso. A su vez, el nuevo modelo busca la imparcialidad y la operación de distintos pesos y contra pesos dentro del proceso con la participación de tres diferentes órganos jurisdiccionales– el juez de control, de la causa y de ejecución. Además, se considera que los mecanismos de justicia alternativa hacen mejor al sistema en cuanto a que se incrementa la probabilidad de otorgar sentencias más justas, y sobre todo, de acuerdo a la acción delictiva realizada.

Con respecto a los retos, la implementación del nuevo sistema necesita de una gran inversión financiera y en recursos humanos, y cambios instituciones y políticos importantes.

En cuanto a los requerimientos financieros, la implementación del nuevo sistema demanda importantes montos de recursos no sólo para la construcción y/o adecuación de espacios propicios para su operación, sino también para la capacitación del personal, así como para la adopción de sistemas tecnológicos.

Si bien la participación financiera debe darse entre el Gobierno Federal y los gobiernos estatales, en los últimos tres Presupuestos de Egresos de la Federación sólo se contempló como apoyo a los estados para la implementación de la reforma entre 413 y 419 millones de pesos anuales. Ello demuestra la poca prioridad que la anterior administración le dio a dicha reforma y que derivó en un desinterés casi generalizado por parte de los gobiernos locales, a excepción de algunas entidades como Chihuahua, Morelos y el Estado de México.

En cuanto a los retos institucionales, la reforma requiere modificaciones importantes en el marco normativo, tanto a nivel federal, como local. Al respecto, a prácticamente cinco años de la reforma constitucional, apenas se está iniciando una discusión seria en el Congreso Federal sobre las modificaciones que se deberán realizar al Código Federal de Procedimientos Penales y al Código Penal Federal, lo que retrasa el trabajo que al respecto deben hacer los congresos locales, en materia de alineación normativa con dichos ordenamientos federales.

Además de las reformas legales, las transformaciones tanto en el diseño de los distintos organismos encargados no sólo de la prevención de la violencia y la delincuencia, sino también de la procuración, la impartición de justicia y la aplicación de las sentencias, deben darse. Ello, a fin de hacer funcional el nuevo sistema de justicia, tanto en el plano de las propias estructuras organizacionales, como de los procedimientos operativos y cotidianos.

El reto de sensibilizar a viejos cuadros y de formar a nuevos. A la par de las modificaciones institucionales, se deberá sensibilizar a los funcionarios encargados de implementar la reforma y sobre todo, capacitar a aquéllos que se encargarán de operar el nuevo sistema. Por lo que la formación y la capacitación de recursos humanos es uno de los pilares tanto de la propia reforma, como de la operación misma del nuevo sistema de justicia penal adversarial, ya que se requiere una transformación no sólo técnica, sino también cultural en los perfiles y el desempeño profesional de los funcionarios en todos los niveles de la estructura.

Por último, uno de los mayores retos es el político, ya que la reforma penal al no haber sido una prioridad de la anterior administración federal -quien en repetidas ocasiones se manifestó en contra de la propia reforma-, además de que los gobiernos locales tampoco la consideraron una prioridad dentro de su agenda política y presupuestaria, todo esto tuvo como consecuencia un gran retraso en la implementación de la misma. Actualmente, como lo reporta el Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la Implementación del Sistema de Justicia Penal (SETEC), sólo Chihuahua, Morelos y el Estado de México han iniciado la operación del nuevo sistema.

Como podemos observar, el reto es mayúsculo: desde la implementación, la evaluación de las sentencias y el proceso penal en general, hasta la creación de indicadores sobre el nuevo sistema a nivel local, que sean capaces de reflejar los avances y áreas de oportunidad de cada una de las entidades involucradas. Solo quedan tres años para concluir la etapa de la implementación. Tres años para enfrentar este reto.

 

*Pablo Cancino es investigador asociado de Inteligencia Pública y Martha López es investigadora Jr.

 

 

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