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El siguiente paso de la desaparición forzada
Desde que México se convirtió en país signatario de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas, en abril de 2001, se comprometió a armonizar sus leyes en materia y a tipificar el delito de acuerdo al derecho internacional (artículo 1), lo cual no ha hecho en su totalidad a casi 14 años de su compromiso.
Por Inteligencia Pública
20 de agosto, 2015
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Por: Ana Arroyo Gámez (@AnaSalamandra)

En los últimos meses, la discusión sobre la presunta violación de los derechos humanos en México ha sido uno de los temas más relevantes y recurrentes tratados entre los diferentes sectores de la sociedad. La desaparición forzada de personas se ha posicionado como uno de los temas medulares dentro de esta discusión y la percepción general indica que ante una crisis de esta naturaleza se requiere generar una pronta solución, ya que no sólo se trata de resolver de manera inmediata las problemáticas existentes, sino de garantizar que dichos actos violatorios se tipifiquen y, por supuesto, se erradiquen. Pero, ¿cómo lograrlo?

En un primer momento, la respuesta es legislar. De entrada se ha dado un gran paso: la aprobación de la reforma al artículo 73 constitucional, fracción XXI inciso a, así como las modificaciones al Código Penal Federal en su capítulo III Bis, ha permitido que en el próximo periodo ordinario de sesiones el Congreso de la Unión tenga la oportunidad de legislar en temas de desaparición forzada, es decir, se avance hacia la consolidación de una ley general en la materia.

Lo anterior significa que, en términos del artículo 73 de la Carta Magna, se han dado facultades al Congreso para expedir “las leyes generales que establezcan como mínimo, los tipos penales y sus sanciones en las materias de secuestro, desaparición forzada de personas, otras formas de privación de la libertad contrarias a la ley, trata de personas, tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, así como electoral”. A partir de esta modificación aprobada en abril de este año se podrá expedir, entre otras legislaciones, una ley general referente a la desaparición forzada de personas.

Lo sobresaliente es que, de publicarse una ley de carácter general en el tema, se propiciaría que cada entidad federativa alineara sus leyes locales sobre un piso legal mínimo, planeando la distribución de responsabilidades y competencias en los tres niveles de gobierno (federal, estatal y local), y creando una suerte de homologación jurídica sobre el delito a nivel nacional, sustancialmente diferente a una ley federal que reglamenta a la Constitución en materia de atribuciones del gobierno federal. No obstante, la aplicación puede variar en cada caso, dado que no hay una tipificación de orden universal.

Dada la importancia del tema, este paso en la legislatura era necesario e incluso podría pensarse que está llegando tarde, por tanto, no debería demorarse aún más. Basta con referir que desde que México se convirtió en país signatario de la Convención Interamericana sobre desaparición forzada de personas en abril de 2001, se comprometió a armonizar sus leyes en materia y a tipificar el delito de acuerdo al derecho internacional (artículo 1), lo cual no ha hecho en su totalidad a casi 14 años de su compromiso.

En efecto, la primera base ya fue tocada hace unos años en el marco de la Organización de los Estados Americanos, donde se encuentra la ya citada Convención Interamericana que define a la desaparición forzada como: “[…] la privación de la libertad a una o más personas o grupos de personas que actúen con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información o de la negativa a reconocer dicha privación de libertad de informar sobre el paradero de la persona, con lo cual se impide el ejercicio de los recursos legales y de las garantías procesales pertinentes”, e incluso, desde la Declaración sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (por mencionar un ejemplo de varios), en la Resolución 47/133 de la Asamblea General de Naciones Unidas, se sentaron las bases para considerar la desaparición forzada como un “[…] ultraje a la dignidad humana […]”, y en tanto comprometerse a bajar los designios internacionales a nivel nacional.

Un segundo avance fue en 2013 con la Ley General de Víctimas, la cual contiene tres artículos que mencionan la desaparición forzada de personas en términos de restitución de derechos (artículo 61), diagnósticos nacionales elaborados por la Comisión Ejecutiva (artículo 91) y sobre la denuncia de los hechos (artículo 108), de ahí que, de consolidarse una ley general de desaparición forzada de personas, se estaría creando una ley supletoria a la ya existente, es decir, sin contrariar a la misma se sumarían nuevas normas previstas para regular el tema de manera más integral.

En síntesis, se cuenta con las bases mínimas para que el Congreso centre su atención en el tema y la ciudadanía pueda darle seguimiento al trabajo realizado durante el siguiente periodo de sesiones, tomando en cuenta algunas cuestiones clave: ¿existen mecanismos reales para prevenir un acto ilícito como la desaparición forzada? y ¿cómo se garantizará la su erradicación? Además, considerando las modificaciones al Código Civil Federal (artículo 215-B), me permito citar y preguntar: ¿será suficiente imponer “una pena de cinco a cuarenta años de prisión” a quien cometa el delito de desaparición forzada de personas? ¿Si la víctima “fuere liberada espontáneamente dentro de los tres días siguientes a su detención, la pena será de ocho meses a cuatro años de prisión”? ¿Es pertinente sancionar en función del tiempo y no del acto per se? ¿Habrán atribuciones para las instancias ya previstas en el tema, como la Unidad Especializada de Búsqueda de Personas Desaparecidas o, incluso, para el Sistema Nacional de Búsqueda de Personas? Y finalmente ¿qué pasará con la reparación de los daños y las garantías de no repetición?

Si bien el asunto es de enorme complejidad, no debemos olvidar que, de manera categórica, la desaparición forzada de personas es un delito u omisión del Estado y no de particulares; sin embargo, en esta lógica el Estado no es un ente abstracto ni mucho menos exento de sanción. A manera de cierre, habrá que destacar que los elementos están puestos sobre la mesa, la discusión está contextualizada en un entorno de crisis social y la ciudadanía espera respuestas para actuar de manera proactiva. De tal modo, no se trata de un tema de voluntad política, sino de obligación democrática.

 

*Ana Arroyo es investigadora en Inteligencia Pública.

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