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Gobierno abierto ¿para qué?
En México, el gobierno abierto como una guía de la gestión pública no se está llevando a la práctica, pues el tema se ha estancado en discusiones dentro de altas esferas entre autoridades y representantes de la sociedad civil, sin incluir realmente a la ciudadanía.
Por Inteligencia Pública
29 de octubre, 2015
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Por: Carmen Menéndez (@mariacarmen1190)

Durante esta semana se celebró la Cumbre Global de la Alianza para el Gobierno Abierto, de la cual México asumió la presidencia en septiembre de 2014 y, por tanto, la Ciudad de México se convirtió en sede de la misma los días 28 y 29 de octubre de este año. De acuerdo con el sitio web de la Cumbre, ésta es un espacio para promover el diálogo, interacción e intercambio entre representantes de la sociedad civil y autoridades, con el fin de que los gobiernos sean más transparentes, tengan mayor capacidad de respuesta y rindan cuentas.

La celebración de la Cumbre no se suscita como un acontecimiento aislado, sino que ha sido acompañada y vinculada con otros asuntos, a saber: a ella antecedió el lanzamiento de la Carta Internacional de Datos Abiertos, la cual reconoce la importancia de los datos abiertos para alcanzar los objetivos del desarrollo sostenible; asimismo, a finales del mes de septiembre, la Asamblea General de las Naciones Unidas adoptó la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, plan de acción global integrado por 17 objetivos y 169 metas que abordan los ámbitos económico, social y ambiental.

Con base en lo anterior, la Cumbre que hospeda México se fundamenta en la temática Apertura para todos: gobierno abierto como habilitador del desarrollo sostenible, bajo el argumento de que una revolución de datos y el acceso a ellos a través de las nuevas tecnologías puede impactar de manera efectiva en la realidad económica, política, social y ambiental.

Para todos aquellos que son doctos en temas de gobierno abierto, transparencia, rendición de cuentas, etcétera, lo anterior adquiere mucho sentido, pues los compromisos internacionales y la demostración de voluntad por parte del gobierno podrían indicar que el gobierno abierto, como modelo de gestión pública, se puede convertir en la clave institucional para afrontar los retos de la nueva Agenda 2030.

No obstante, frente a todo esto surge un cuestionamiento ¿cómo afecta o impacta esto la vida cotidiana de cualquier ciudadano?

El concepto de gobierno abierto se alimenta de elementos como transparencia, acceso a la información pública, datos abiertos y rendición de cuentas; sin embargo, principalmente implica que entre el gobierno y la ciudadanía exista una nueva forma de relacionarse, donde la participación ciudadana tenga lugar dentro de un marco de corresponsabilidad y colaboración entre estos dos actores.

Según el ranking global del Índice de Gobierno Abierto 2015 (Open Government Index), México se posiciona en el lugar 42 de un total de 102 países, con un puntaje que lo ubica más cerca de los países con menos apertura. A su vez, este índice se compone por cuatro dimensiones, entre ellas se encuentran participación cívica y leyes y datos de gobierno publicados, en las cuales nuestro país se ubica en los lugares 67 y 64, respectivamente, a nivel mundial.

Más allá de las estadísticas, lo anterior revela que el gobierno abierto como una guía de la gestión pública no se está llevando a la práctica, pues el tema se ha estancado en discusiones dentro de altas esferas entre autoridades y representantes de la sociedad civil, sin incluir realmente a la ciudadanía. Sin afán de desdeñar estos espacios de discusión y colaboración, debe recalcarse la necesidad de ampliarlos a los sectores sociales que pueden ser factores de cambio, aquellos que verdaderamente puedan impulsar un nuevo modelo de gestión basado en una sociedad informada y que, con base en ello, demanda y propone mejoras al gobierno.

De tal modo, la labor de la sociedad civil debería ser la de contribuir a la construcción de este tipo de sociedad, a partir de explicar a la ciudadanía cómo el gobierno abierto puede influir en su vida cotidiana, cómo pueden los ciudadanos involucrarse y con qué fines; es decir, producir resultados tangibles, cuyos efectos sean perceptibles para todos los ciudadanos, no sólo para aquéllos con cierto nivel educativo o económico.

Si bien la Carta Internacional de Datos Abiertos pone énfasis en la importancia de la disponibilidad y accesibilidad de datos públicos, esto pierde sentido cuando esa información no es utilizada, cuando es mínimo el porcentaje de ciudadanos que conocen de su existencia y, aún menor, el que es capaz de utilizarla como herramienta de cambio social. Uno de los compromisos plasmados en esta Carta es el de asegurar el acceso a los datos públicos y su uso efectivo por un rango más amplio de usuarios, para lo cual –señala– se requerirá de iniciativas para incrementar el conocimiento de los datos abiertos, así como construir capacidades para el uso efectivo de los mismos.

En resumen, el compromiso de México (tanto de sus gobernantes como de la sociedad civil organizada) debe ser el de generar esta clase de iniciativas que permitan generar capacidades mediante la enseñanza y educación a los ciudadanos sobre cómo los datos e información públicos pueden ser utilizados, transformados y aprovechados por ellos para tomar decisiones informadas, mejorar su entorno y adquirir realmente corresponsabilidad con el gobierno.

 

* Carmen Menéndez es Investigadora en Inteligencia Pública (@IntPublica).

 

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