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¿Igualdad sustantiva de género en México? Parte III
El lugar que ocupa nuestro país en el segundo año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto podría desplomarse aún más de doce posiciones en su calificación general sobre la brecha global de género, ya que un impactante 62% del total de mujeres empleadas se encuentra sin acceso a instituciones de salud.
Por Inteligencia Pública
28 de mayo, 2015
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Por: Carmina Borja

En esta parte del artículo analizaremos hasta qué punto en México contemporáneo existe igualdad sustantiva de género en un importante aspecto de los estándares de seguridad social: el nivel de cobertura de los servicios de salud para los empleados. Y también hasta qué punto los datos disponibles pueden llegar a impedir una evaluación válida sobre este tema.

En cuatro importantes índices internacionales –el Índice de Desarrollo relativo al Género (IDG), que ofrece Naciones Unidas en el año 2000 para 146 países; el Índice de la Brecha Global de Género (IBGG) del Foro Económico Mundial 2006-2014, para alrededor de 111 países; el Índice del Entorno Empresarial para Emprendedoras (IEEE), que ofrece la Unidad de Inteligencia de la revista Economist en el 2013 para 20 países, y el Índice de Desigualdad de Género (IDG), que ofrece Naciones Unidas en varios años entre el 2000 y el 2012 para 194 países – deberíamos encontrar datos sobre los condicionamientos socioeconómicos que han sido construidos de manera diferente, para hombres y mujeres dentro de los países, en cuanto a los estándares de seguridad social en la salud reproductiva de los empleados con dependientes económicos. Sin embargo, esto no es así.

Por ejemplo, el IBGG utiliza la esperanza de vida al nacer y la tasa de nacimiento por sexo, que son indicadores de condicionamientos biológicos o naturales, además de agregar esta información a otras importantes brechas de género –en la participación y oportunidades económicas, los logros educativos, y el empoderamiento político– ocasionando un sesgo estadístico en el índice en su totalidad a favor de las mujeres. En este sentido, el IBGG obscurece la información que está buscando ilustrar.

¿Cómo calificaría México, si el IBGG incluyera evidencia más sustantiva sobre los actuales estándares de seguridad social en el nivel de acceso a instituciones de salud para las empleadas? Siguiendo datos del cuarto trimestre del 2014 de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE, INEGI), tenemos que, manteniendo otros factores constantes, el lugar que ocupa nuestro país en el segundo año de la administración del presidente Enrique Peña Nieto (del 1º de Diciembre del 2013 al 1º de Diciembre del 2014) podría desplomarse aún más de doce posiciones en su calificación general sobre la brecha global de género, ya que un impactante 62% (11, 676, 841 mujeres) del total de mujeres empleadas (18, 791, 666 que pertenecen a la población femenina mayor a 14 años que está ocupada en un trabajo remunerado) se encuentra sin acceso a instituciones de salud.

Como se muestra en la Gráfica 1, en el primer trimestre de 2014, 83% de las mujeres empleadas en las zonas rurales se encuentra sin acceso a instituciones de salud, 75% en zonas clasificadas como urbanas bajas, 66% en urbanas medias, y 52% en las capitales de los estados y en zonas más urbanizadas. Además, esta situación no mejoró para el cuarto trimestre del 2014 y dicho condicionamiento es compartido muy de cerca por los varones que participan en el mercado laboral. Entonces, en cuanto nivel de cobertura de los servicios de salud, parece haber una cierta igualdad sustantiva de género, pero en el sentido equivocado.

 

Porcentaje de empleados y empleadas sin acceso a instituciones de salud, por nivel de urbanización, ENOE primer y cuarto trimestre 2014

Datos: ENOE, INEGI, 2014.

Datos: ENOE, INEGI, 2014.

 

Nota: Áreas más urbanizadas se refiere a localidades de 100,000 y más habitantes y/o capitales de las entidades federativas. Urbano medio, a localidades de 15,000 a 99,999 habitantes. Urbano bajo, de 2,500 a 14,999 habitantes. Rural se refiere a localidades menores a 2,500 habitantes. El dato de acceso a instituciones de salud es por motivos de empleo, por tanto, excluye afiliados al seguro popular y afiliados a servicios de salud como dependiente económico de algún empleado. El interés es sobre los empleados que carecen de acceso a instituciones de salud, por tanto, el porcentaje excluye las categorías “no especificados” y “con acceso”.

Si en un futuro queremos mayor competitividad económica en México, las políticas públicas deben tener como principal prioridad reducir la dramática proporción de mujeres empleadas que carecen de acceso a instituciones de salud, y lograr que la totalidad de las empleadas y empleados mexicanos, así como sus dependientes económicos, tengan este acceso. Ello sin olvidar a las mujeres que no cuentan con un empleo remunerado, ni con servicio médico proporcionado por el Estado para ellas y sus familiares.

Finalmente, para hacer una evaluación sistemática con mayor validez sobre las brechas de género en los estándares de seguridad social en México, se necesitarían datos sobre el número de empleadas (os) con acceso a la salud reproductiva (es decir, a cuidados de salud de la madre/padre y sus hijos) y especificar si los servicios de salud aplican a otros posibles dependientes económicos además de sus hijos. Más aún, complementar esta información proporcionando –a nivel municipal, estatal, y federal– el número de empleadas (os) con acceso a la asistencia sanitaria (por tipo de empleo y por sector), esto es, al cuidado de los niños en guarderías y estancias infantiles, así como, al cuidado de adultos mayores y dependientes económicos con capacidades diferentes. Estos factores socioeconómicos realmente pueden condicionar la participación de las mujeres en el mercado laboral.

 

@IntPublica

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