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Movilidad urbana sustentable: los retos desde lo local
En el país sólo cuatro entidades -Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Distrito Federal- cuentan con una Ley de Movilidad cuyo objetivo es encontrar mejores métodos de desplazamiento de las personas en el espacio público. Las entidades restantes cuentan con leyes de transporte en general (de pasajeros y de carga), en las cuales sólo se regula la puesta en marcha de los medios de transporte y la prestación del servicio público en la entidad, y no se considera el diseño de las ciudades y la demanda de movilidad a satisfacer de una manera orgánica y sustentable.
Por Inteligencia Pública
26 de marzo, 2015
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Por: Liliana Estrada (@LilianaEG145)

Con la finalidad de mejorar la calidad de vida de los habitantes de las ciudades mexicanas a través de la calidad, la disponibilidad y la asequibilidad de los viajes urbanos en medios multimodales conectados, sustentables, seguros y eficientes, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) presentó en el 2014 la Estrategia de Movilidad Urbana Sustentable (EMUS).

La EMUS pretende transformar los hábitos de desplazamiento de los mexicanos, mejorar los flujos de vehículos y facilitar el acceso de las personas a los bienes, servicios y equipamiento urbanos a través de la implementación de políticas públicas en cinco modalidades: Desarrollo Orientado al Transporte, Calles Completas, Gestión de la Demanda, Sistemas Integrados de Transporte y Gestión de la Distribución Urbana de Mercancías (SEDATU, 2014).

No obstante, aunque la EMUS resulta ser el punto de partida para incentivar la gestión y diseño de políticas públicas que impulsen la forma de movernos en medios sustentables, eficientes y seguros, como el transporte no motorizado y el transporte público, aún falta mucho camino por recorrer para que los estados logren desarrollar proyectos eficientes y eficaces en la materia. Esto debido a que el marco normativo de transporte local no ha sido actualizado y en algunos casos, resulta obsoleto ante la actual necesidad de desplazamiento de los ciudadanos y por ende, del diseño de una movilidad desde una perspectiva sustentable.

Por ejemplo, en el país sólo cuatro entidades -Jalisco, Nuevo León, Querétaro y Distrito Federal- cuentan con una Ley de Movilidad; esto es, consideran en su normatividad local el diseño de sus políticas la obligación de integrar a todos los usuarios del espacio público – peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, operadores de vehículos de carga y conductores de vehículos motorizados- a fin de lograr mejores métodos de desplazamiento de las personas. En tanto, las entidades restantes cuentan con leyes de transporte en general (de pasajeros y de carga), en las cuales sólo se regula la puesta en marcha de los medios de transporte y la prestación del servicio público en la entidad, y no se considera el diseño de las ciudades (desarrollo urbano) y la demanda de movilidad a satisfacer de una manera orgánica y sustentable.

Por otra parte, sólo siete entidades – Jalisco, Distrito Federal, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Puebla y Nuevo León- consideran el desarrollo de proyectos de sistemas BRT (Bus Rapid Transit en inglés) o transporte masivo, mejor conocido en las ciudades mexicanas como el transporte que consiste en el recorrido de un autobús, con estaciones y carril exclusivos (p.ej. metrobús o mexibús).

Igualmente, tan sólo dos entidades -Distrito Federal y Jalisco- otorgan concesiones y permisos orientados a lograr un sistema integrado de transporte, es decir, se promueve una ciudad con un sistema de transporte de alta eficiencia, eficacia y sustentabilidad, resultado de la integración operativa y tarifaria de las diferentes modalidades del transporte público y del transporte no motorizado. Lo anterior se refleja en el desorden en materia de transporte y movilidad que padecen distintas ciudades del país, en donde circulan diariamente, de una manera poco eficiente, miles de camiones de pasajeros, taxis, camiones de poca capacidad (“combis” y “microbuses”), quienes compiten por la demanda de una manera depredadora, lo que pone en riesgo la integridad y seguridad de los usuarios.

Otro de los aspectos que frena el desarrollo de proyectos de movilidad sustentable es la vigencia de la tecnología que se encuentra en circulación, la cual en la mayoría de los casos es obsoleta. Ello debido a que por un lado, las entidades permiten circular automóviles, camiones, taxis, microbuses y combis inclusive con una vida mayor a los 15 años de antigüedad, lo que provoca que el sector de transporte sea el principal emisor de Gases de Efecto Invernadero (GEI), con el 22.2% de las emisiones nacionales (INEEC, 2012), y por el otro, no existen mecanismos para la renovación de la flota vehicular por tecnologías más eficientes o sustentables (p.ej. financiamiento para la adquisición de vehículos eléctricos o con motores ecológicos). Únicamente el Estado de México considera una cláusula en la cual los transportistas, a fin de lograr una prestación eficiente del servicio de transporte, tienen que financiar un fondo de inversión que les permita adquirir vehículos nuevos y con ello, renovar su flota.

Finalmente, y tal vez de los temas más importantes, es que en ningún marco normativo local se considera la necesidad de realizar estudios que determinen y evalúen la opinión de la demanda, es decir, qué tipo de transporte requieren los ciudadanos para desarrollar sus actividades cotidianas o si el existente es suficiente, oportuno, eficiente y seguro. De hecho, no hay cláusulas por las cuales se puede remover o cancelar una concesión, permiso o autorización para prestar el servicio de transporte público de pasajeros si el usuario no está conforme con el servicio que recibe. El resultado: los usuarios de transporte público de pasajeros reciben un servicio de mala calidad, ineficiente, inseguro, con pocas posibilidades de que mejore en el corto y mediano plazo.

Por ello se hace necesario llamar la atención de autoridades locales (sobre todo, los congresos locales) para que valoren la importancia de modificar el marco legal estatal y este se encuentre alineado a los objetivos y las estrategias de la EMUS. Ello proveerá de las bases normativas necesarias para planear, diseñar y ejecutar políticas públicas en materia de movilidad urbana con un carácter integral y sustentable, que involucre un sistema de transporte eficiente y articulado.

Debemos repensar las ciudades y las estrategias de movilidad, en donde la persona sea el foco de las políticas públicas. Como ciudadanos debemos empezar a premiar esta lógica, como autoridades deberán modificar sus decisiones. Es tiempo de cambiar.

 

* Liliana Estrada es investigadora ambiental de Inteligencia Pública A. C.

 

 

Este modelo tiene como elemento principal la estructura de las ciudades al transporte público, esto es, a una estación de autobús, metrobús, o metro. Al igual, está rodeado de un desarrollo compacto y de alta densidad con restricciones de cajones de estacionamiento, localizado fundamentalmente en áreas con transporte público e infraestructura peatonal y ciclista de calidad.

Construcción de espacios para facilitar el tránsito seguro y cómodo de todos los ciudadanos –peatones, ciclistas, usuarios de transporte público, operadores de vehículos de carga y conductores de vehículos motorizados– de todas las edades y con todo tipo de habilidades motoras.

Diseño e implementación de estrategias de reducción del uso del automóvil para gestionar los viajes en vehículos privados y hacer más atractivos otros medios de transporte con menores costos para la sociedad.

Redes de transporte público con servicio confiable, eficaz y con amplia cobertura que incentive viajes en medios seguros y sustentables.

Gestión del traslado de mercancías mediante el desarrollo de centros urbanos de logística, zonas especiales de acceso, carga y descarga, y mecanismos de distribución eficiente en la entrega final.

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