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Impunidad
En México, incumplir las normas, cometer un delito, llevar a cabo un acto corrupto parece no tener consecuencias. Ello ocasiona de manera creciente, sistemática y acelerada la erosión de las instituciones, del contrato social y del propio Estado.
Por Inteligencia Pública
4 de febrero, 2016
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Por: Marco Cancino (@marco_cancino)

Si hacemos un poco de caso a los preceptos de algunos teóricos como Thomas Hobbes o Jean-Jacques Rousseau, en donde un conjunto de individuos se pone mínimamente de acuerdo para que, a través de una especie de contrato social se establezcan reglas de convivencia que incluyan normas morales y éticas, derechos, obligaciones y sanciones (en caso de que éstas sean incumplidas), además de una autoridad que las haga valer, entonces podríamos estar hablando de la existencia de un Estado.

Dicho Estado tendría como principal función el garantizar no sólo el cumplimiento de los acuerdos pactados entre los individuos que le dieron origen, sino también y no menos importante, el garantizarles su seguridad, la de sus familias y las de sus bienes.

En caso de que algún individuo no cumpla con lo estipulado en el contrato social, la autoridad deberá obligar su cumplimiento y en su caso, sancionarlo en los términos que haya sido acordado. Es en este punto en donde el hecho de que existan consecuencias ante el incumplimiento, por parte de un individuo, de las normas acordadas en el contrato social es lo que determina el nivel de fortaleza o solidez de un Estado. Si al contrario, el incumplimiento de las normas no tiene consecuencias, debido a que la autoridad no las hace valer, entonces estaremos hablando de impunidad. El resultado, un Estado poco sólido, en donde la seguridad y el bienestar de sus miembros se encuentra en riesgo, y la viabilidad del contrato social en entredicho.

La crisis de violencia y delincuencia que está viviendo México en la actualidad, así como también la abundancia de casos de corrupción (documentados o no) y de violaciones a los derechos humanos, pueden tener una explicación más o menos razonable en la impunidad. En México, incumplir las normas, cometer un delito, llevar a cabo un acto corrupto parece no tener consecuencias. Ello ocasiona de manera creciente, sistemática y acelerada la erosión de las instituciones, del contrato social y del propio Estado. Así lo demuestra el Índice Global de Impunidad-México 2016 (IGI) presentado por el Centro de Estudios Sobre la Impunidad y Justicia (CESIJ) de la Universidad de las Américas Puebla (UDLAP).

Desde la perspectiva del CESIJ el fenómeno de la impunidad es multidimensional y multicasual.

Es multidimensional porque surge de una diversidad de dimensiones que tiene el propio Estado en cuanto a sus funciones, como es la seguridad, la procuración, administración e impartición de justicia, la aplicación de sanciones, y por supuesto, la materialización y protección de los derechos humanos.

Es multicausal la impunidad porque obedece a la misma lógica consecutiva de la comisión de un delito, la atención integral a las víctimas (que pasa por la reparación del daño), y el castigo al infractor responsable; y es precisamente en la inadecuada operación de la seguridad, la procuración e impartición de justicia, y la protección de los derechos humanos en donde la impunidad florece.

Sin embargo, algo que inquieta del análisis realizado por el CESIJ (y que puede llevar al escepticismo en cuanto a encontrar una pronta solución a este problema) es el hecho de documentar la existencia de corresponsabilidad de todos los poderes de la Unión y de los tres órdenes de gobierno, tanto en el origen, como en la atención deficiente del problema de la impunidad, lo que conduce inevitablemente a un problema de gobernanza.

Por ello, el CESIJ sugiere que para atajar de manera eficaz y sistémica la impunidad se requiere de la participación de actores vinculados a la sociedad civil, al sector privado, la academia, los medios de comunicación y de organismos internacionales.

La construcción del Índice de Impunidad de México, compuesto con información de delitos no denunciados (cifra negra), del funcionamiento y de las capacidades de los sistemas de seguridad y justicia seguramente implicó a un reto dada la calidad, la confiabilidad y la disponibilidad de la información disponible a nivel local. Sin embargo, la información que reporta el CESIJ en el índice a partir de la información disponible (principalmente del INEGI) es reveladora.

Según el estudio, sólo se denuncian 7 de cada 100 delitos cometidos desde el 2013, siendo las principales causas de ello la desconfianza de los ciudadanos en las autoridades y que hacerlo lo consideran una pérdida de tiempo.

Además, según el IGI México, la principal razón que “desincentiva a los ciudadanos denunciar” es que el sistema de procuración e impartición de justicia tiene profundos problemas estructurales y operativos. Ello provoca que los índices de impunidad en las 32 entidades federativas del país sea un problema generalizado; afirmación que sustentada en el hecho de que sólo 4.46% de los delitos consumados terminan en sentencias condenatorias, lo que implica que el nivel de impunidad en el país ronde el 95% de los delitos consumados y acreditados por la autoridad como tales.

El IGI México es entonces, una excelente herramienta de análisis de la situación en materia de impunidad que guarda el país en su conjunto, y de cada una de las entidades federativas en particular, y hace un claro señalamiento de que la cadena de impunidad no es más que la consecuencia lógica de ineficacia e ineficiencia institucional en todos los poderes de la Unión, en todos los niveles de gobierno, y que se va acumulando en todo lo largo del proceso de procuración e impartición de justicia.

Las preguntas obligada a partir de este excelente trabajo coordinado por el Dr. Juan Antonio Le Clerq y el Mtro. Gerardo Rodríguez Sánchez: ¿Por dónde empezamos?

 

* Marco Cancino es Director General de Inteligencia Pública (@IntPublica)

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