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INFOMEX y la transparencia como un derecho de élite
De frente a las estadísticas se puede afirmar que el uso de la tecnología no ha sido un factor determinante para que el ejercicio del derecho a la información no tuviese un costo adicional para los ciudadanos, sobre todo si pensamos que la información pública debería estar en un lenguaje ciudadano, en formatos accesibles y manipulables.
Por Inteligencia Pública
26 de mayo, 2016
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Por: Ana Arroyo Gámez (@AnaSalamandra

 

“El marginalismo social y cultural tiene relaciones obvias con el marginalismo político; influye y es influido por el marginalismo político. Para entender la estructura política de México es necesario comprender que muchos habitantes son marginales a la política, no tienen política, son objetos políticos, parte de la política de los que sí la tienen. No son sujetos políticos ni en la información, ni en la conciencia, ni en la organización, ni en la acción”.

Pablo González Casanova.

 

En México, la tendencia hacia una sociedad civil más informada y capaz de implementar mejores herramientas que garanticen el derecho al acceso a la información pública es un tema relativamente reciente. El argumento de fondo de esta discusión versa sobre el fortalecimiento de la democracia participativa en el país donde la relación informante-informado, traducida a su vez como gobernante-gobernado, se entreteje como la base principal de la práctica política. Derivado de lo anterior, términos como transparencia, acceso a la información, rendición de cuentas, combate a la corrupción y Gobierno abierto, entre otros, se han ido posicionando como vocablos imprescindibles dentro del discurso político.

Para ser más precisos, las reflexiones sobre transparencia y rendición de cuentas de la información pública gubernamental se iniciaron hace 15 años en el país al presentarse la Iniciativa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información, la cual sentaría las bases para que, dos años después, se publicara la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública (LGTAIP) (cuya última modificación sería en 2015). Posteriormente, a partir de esta Ley, en 2003, surgiría el Instituto Federal de Acceso a la Información, ahora consolidado como el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) encargado, a su vez, de la Plataforma Nacional de Transparencia.

Aunado a lo anterior, la reforma constitucional de 2007 al artículo sexto sería un precedente más que sumaría a la discusión en materia, ya que, históricamente, este artículo había sido relacionado con el derecho de los ciudadanos a expresar sus ideas, sin embargo, los mecanismos para hacer valer el derecho al acceso a la información no habían sido establecidos en el rango constitucional. De modo que, esta reforma derivó en dos aspectos importantes: primero, en la obligación de transparentar la información pública gubernamental, excepto aquélla que se reservara temporalmente por razones de seguridad nacional o cuestiones de interés público, por parte de cualquier autoridad, institución u órgano (sujetos obligados) que utilizase recursos públicos y, en segundo lugar, se consolidó la existencia de un organismo autónomo regido por la ley en materia de transparencia y acceso a la información pública y protección de datos personales.

En teoría, todos estos elementos sentarían la base para la consolidación del Gobierno abierto (Open Government) en México, un concepto que alude a una forma mediante la cual los gobernantes establecen canales de comunicación, a través de plataformas electrónicas de fácil acceso, hacia los ciudadanos, con el objetivo de consolidar estrategias para el diseño e implementación de políticas públicas, así como garantizar el derecho de los ciudadanos a la información, promoviendo que éstos interactúen y participen con base en la información obtenida; ya que, el Gobierno abierto se fundamenta bajo tres premisas fundamentales: el dato público proporcionado por el sector público, la solicitud/obtención de la información por parte de la ciudadanía y la utilización/procesamiento estratégico de ésta por parte de los ciudadanos.

Pero en la práctica ¿cómo funciona?

De acuerdo con el artículo 50 de la LGTAIP la obligación de los organismos garantes es que uno de los principales mecanismos de acceso a la información, la Plataforma Nacional de Transparencia, esté conformado, cuando menos, por un sistema de solicitudes de acceso a la información, otro de gestión de medios de impugnación, de portales de obligaciones de transparencia y de comunicación entre Organismos garantes y sujetos obligados. Lo anterior ya se ha materializado a través de un portal electrónico y los Sistemas INFOMEX de las diferentes entidades (disponibles aquí) que han permitido a los ciudadanos acceder al dato público por medio de las solicitudes de información, cumpliendo así con las obligaciones de transparencia por parte de la administración pública.

Sin embargo, el proceso para la obtención del dato público podría equiparse con una carrera de obstáculos, o como suelen decir “existen varios peros” en el asunto:

  1. Registrarse en la Plataforma Nacional de Transparencia no es un asunto fácil, pues la página contiene errores en el registro; probar con cuentas alternativas (como Facebook o Twitter) con las cuales cuente el usuario será más fácil que con un correo electrónico.
  2. La aplicación para celulares estará disponible hasta el próximo 2 de junio, ello indica que, hasta entonces, las solicitudes de información sólo podrán realizarse mediante un ordenador.
  3. A nivel federal, los costos de reproducción oscilan entre $0.50 las hojas impresas hasta $18.00 pesos cada copia certificada; por supuesto los costos por entidad federativa varían y están en consideración de que el sujeto obligado cuente con el equipo para la reproducción; si la información existe electrónicamente y se puede enviar, no se generará costo alguno.
  4. A nivel federal, el plazo de respuesta para cada solicitud de información es casi de un mes.

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En este orden de ideas, si consultamos las estadísticas de lo que va de 2016, a nivel federal, obtendremos los siguientes datos: 31,277 solicitudes han sido entregadas por medio electrónico (sin costo), 672 solicitudes han sido atendidas con notificación de entrega (con costo), 2,188 solicitudes han sido catalogadas bajo inexistencia de la información, 903 solicitudes están dentro de información parcialmente reservada o confidencial, 1,369 solicitudes están en negativa por ser reservada o confidencial, 295 solicitudes no se les dará trámite (no se específica la causa) y, finalmente, 7,863 solicitudes no han sido respondidas.

Desafortunadamente, de frente a las estadísticas se puede afirmar que el uso de la tecnología no ha sido un factor determinante para que el ejercicio del derecho a la información no tuviese un costo adicional para los ciudadanos, sobre todo si pensamos que la información pública debería estar en un lenguaje ciudadano, en formatos accesibles y manipulables. Además, habría que considerar que cada entidad federativa cuenta con recursos asignados en la materia.

Aunado a lo anterior, según las estadísticas de la Plataforma Nacional de Transparencia, durante 2014 tan sólo en la CDMX se realizaron 111,964 solicitudes de acceso a nivel estatal, de las cuales 2,213 solicitaron un recurso de revisión, y de éstas 25% se modificaron, 19% se cesaron, 15% se revocaron, 8% se desecharon y 2% se ordenó la entrega, lo cual deja entrever que no todo es transparente y que de acuerdo al tipo de información solicitada, los criterios para proporcionarla pueden variar, según la entidad federativa y el sujeto obligado. Lo anterior está relacionado no sólo con la “delicadeza” del dato, sino con el desconocimiento de algunos de los servidores públicos sobre el tema cuando preguntan ¿para qué quieres la información? ¿De dónde nos llamas? ¿Podrías darme tu nombre y alguna referencia? Sin considerar que, el derecho al acceso a la información es un derecho humano, innegable.

A manera de cierre, debe resaltarse el hecho de que si bien existen adelantos en materia de Transparencia y Gobierno abierto, aún existen amplias áreas de oportunidad susceptibles de mejora. Al respecto, algunas preguntas quedan al aire: ¿quiénes acceden a la Plataforma? ¿Cómo se puede garantizar de manera más adecuada el derecho a la información pública? ¿Qué tanta difusión se la ha dado a la Plataforma Nacional de Transparencia? ¿Todos los ciudadanos tienen los instrumentos y los recursos económicos para, si llegado el caso, puedan acceder a todo el proceso del recurso de revisión? ¿Se debe pagar por ejercer un derecho, aunque el costo sea mínimo? ¿Cómo se puede lograr hacer de la Plataforma un mecanismo útil para todos los ciudadanos y no sólo para unos cuántos? Al final no olvidemos que la información es un pilar fundamental para la democracia participativa, la práctica política y la toma de decisiones ciudadanas en nuestro país.

 

*Ana Arroyo es investigadora en Inteligencia Pública @IntPublica

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