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Infraestructura para el desarrollo ¿sustentable?
Para el periodo 2013-2014 está prevista una amplia agenda de proyectos que en diferentes grados producirán afectaciones al entorno ambiental y social, sobre todo aquéllos relacionados con la generación y distribución de energía, extracción de hidrocarburos, y ampliación de vías de comunicación para el transporte.
Por Inteligencia Pública
25 de septiembre, 2014
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Por: Carmen Menéndez (@mariacarmen1190)

Si bien es cierto que la creación de infraestructura tiene carácter fundamental dentro de las políticas de desarrollo de cualquier país interesado en generar crecimiento económico, es claro que las ventajas no alcanzan a todos, por lo menos no de la misma manera. Aunque las premisas del desarrollo económico suponen que con mayor y mejor infraestructura las sociedades experimentarán mejoras en su nivel de vida, en muchas ocasiones esta clase de emprendimientos esconden una cara menos amable: la de los impactos negativos en el ambiente y los conflictos socioambientales que de ello pueden derivar.

En el caso de México, la presente administración ha demostrado especial interés en detonar el crecimiento económico del país, en parte, a través el ambicioso Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018 (PNI), instrumento que proveerá el sustento físico para varias de las reformas estructurales aprobadas este año y que se ha dicho tienen la capacidad de potenciar las áreas estratégicas de la economía mexicana. De tal manera, el PNI representa la gran apuesta que cobija las reformas, en especial aquéllas en donde la infraestructura es un pilar indispensable, tales como la energética. Con base en lo anterior, entre las expectativas se prevé que el aumento en la inversión pública y privada en infraestructura contribuya a incrementar la tasa de crecimiento económico de México, genere mayor atracción de inversión extranjera directa y favorezca la creación de más empleos formales.

En este punto, resulta necesario comenzar precisando que no son los beneficios que el desarrollo de infraestructura puede significar para la economía los que están en cuestión, sino los efectos y daños colaterales que estos procesos pueden conllevar.

Dicho esto y para profundizar en la idea inicial, los conflictos socioambientales refieren a las movilizaciones de las comunidades locales o los movimientos sociales contra determinadas actividades económicas, donde los impactos ambientales son elemento clave en las quejas. Pero ¿por qué hablar de este tipo de conflictos en el marco de los esfuerzos del Gobierno por proveer infraestructura?

De acuerdo con el portal de la Presidencia de la República, hay 743 proyectos planeados para el periodo 2014-2018, entre los cuales destacan los destinados al sector energético por la cantidad de proyectos y por el monto de la inversión, el cual representa el 50.2% de toda la inversión contemplada en el PNI. Al sector energético sigue el de comunicaciones y transportes, con 223 proyectos programados y una inversión equivalente al 17% del total del Programa. En este sector, destaca la construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México que, a pesar de no estar incluida formalmente en el PNI, ha sido catalogada como la obra de infraestructura más importante de la época contemporánea.

Así, se ha planeado llevar a cabo una gran cantidad de obras de infraestructura que prometen un sinfín de beneficios económicos, sin embargo, muchas de los proyectos de administraciones anteriores en materia de infraestructura ya han derivado en situaciones de conflicto, en las cuales las desigualdades en la distribución ecológica ocupan el centro de la problemática.

En este sentido, entre los conflictos socioambientales documentados se encuentra el caso de la oposición de los pobladores de Atenco ante los planes de construcción de un nuevo aeropuerto para la Ciudad de México durante el sexenio de Vicente Fox, mismos que en recientes fechas han vuelto a protestar por la misma razón, reclamando la adquisición de tierras ejidales de manera ilegal. Sin embargo, éste no es el único caso en el cual la población se opone con argumentos válidos a algún importante proyecto gubernamental de infraestructura; en Sonora, Jalisco y el Estado de México se han documentado conflictos con respecto al manejo del agua, tales como la construcción del Acueducto Independencia en la primera de estas entidades, proyecto que afectaba directamente el suministro de agua para las comunidades Yaquis.

Como éstos, también existen conflictos vinculados a la generación de energía y sus impactos ambientales, tal es el caso de las centrales eólicas en Oaxaca, en el cual las demandas están relacionadas con despojo de tierras, invasión de la ruta migratoria de aves y la muerte de éstas, contaminación por ruido, entre otras. Cabe resaltar que entre los proyectos plasmados en el Anexo 1 del PNI se ha previsto continuar con el desarrollo de energías alternativas, hay seis proyectos de centrales eólicas en Oaxaca; habría que poner en la balanza los beneficios de generar energía a partir de una fuente limpia y los posibles daños al entorno natural y a las comunidades aledañas.

La lista de conflictos rebasa por mucho los ejemplos aquí mencionados, abundan los relativos a la actividad minera, pero también hay casos relacionados con deforestación, pérdida de biodiversidad, manejo de desechos, plantas nucleares, entre otros.

Con base en lo dicho, se expone el siguiente punto: para el periodo 2013-2014 está prevista una amplia agenda de proyectos que en diferentes grados producirán afectaciones al entorno ambiental y social (sobre todo aquéllos relacionados con la generación y distribución de energía, extracción de hidrocarburos, y ampliación de vías de comunicación para el transporte) y, aunque en la retórica se declare que todas las acciones serán llevadas a cabo con absoluto respeto del medio ambiente, si el objetivo último de crear infraestructura es continuar orientando el crecimiento del país hacia el exterior, pocas probabilidades hay de que prevalezca el bienestar de algunas minorías y el cuidado del ambiente sobre intereses mayores.

Queda claro que en términos económicos, reformas estructurales como la energética y programas como el PNI tienen un gran potencial, sin embargo, dados los antecedentes es cuestionable si el respeto al medio ambiente podrá ser un criterio de verdadera importancia en la realización de acciones.

 

*Carmen Menéndez es Investigadora en Inteligencia Pública

 

Ver Programa Nacional de Infraestructura 2014-2018, p. 39 “Este Programa no incorpora el nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, ya que este proyecto se encuentra en evaluación y, en caso de que sea factible su realización, el monto de inversión estimado sería alrededor de 120,000 mdp, entre recursos públicos y privados”, actualmente el costo proyectado para la construcción se estima en 168,880 millones de pesos.

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