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Interrupción legal del embarazo: el recorrido que falta
Si bien la legalidad juega un papel decisivo para prevenir las consecuencias del aborto inseguro, la liberalización de las leyes no garantiza por sí sola que la interrupción legal del embarazo sea seguro y accesible para todas las mujeres.
Por Inteligencia Pública
12 de marzo, 2015
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Por: Valentina Barragán (@TUyYOmadeinMX

En el marco del mes de la mujer, y en aras de que todos los derechos humanos sean de acceso universal, uno de los grandes temas del debate público es el aborto.

El aborto es un problema relevante de salud pública en México, cuyos efectos adversos son propiciados por las condiciones de inseguridad en que generalmente se practica. Los médicos tienen un papel central para asegurar el acceso de las mujeres al aborto en las circunstancias en que es legal, así como la responsabilidad de garantizar una atención de alta calidad a quienes sufren complicaciones del aborto inseguro.

El debate sobre el aborto en México ha sido obstaculizado por la iglesia católica y otros grupos conservadores –como el Comité Nacional ProVida y el Partido Acción Nacional– que han propiciado la confusión y el amarillismo sobre el tema. En los últimos años, sin embargo, gracias a importantes cambios en la vida política del país, la discusión sobre el aborto ha adquirido nuevos matices y la antigua demanda feminista para liberalizar las leyes ha ganado el apoyo de los sectores progresistas y una mayor atención entre la sociedad civil. Como resultado de los esfuerzos para dar visibilidad a la situación del aborto, el marco legal que lo regula ha empezado a cambiar de manera sustantiva en años recientes.

Salvo en la capital del país, las leyes sobre el aborto en México son restrictivas y la mayoría de las legislaciones estatales carece de procedimientos precisos para darles cumplimiento, lo que supone un importante obstáculo para garantizar el acceso de las mujeres al aborto en casos de violación o cualquier otra circunstancia amparada por las leyes. Los hospitales públicos que ofrecen servicios de aborto son pocos y se concentran mayormente en el Distrito Federal. Además, las mujeres en general desconocen las leyes y el proceso para autorizar los abortos suele ser complicado, debido al burocratismo de los servicios legales y médicos responsables.

La prohibición legal del aborto nunca ha impedido su práctica clandestina, cuyas consecuencias adversas afectan sobre todo a las mujeres de los sectores pobres, que carecen de recursos económicos e interrumpen sus embarazos bajo condiciones de inseguridad. Por ello, uno de los propósitos de la despenalización del aborto es eliminar la injusticia social que genera la ilegalidad y atenuar los costos humanos, económicos y sanitarios.

Una primera reforma para liberalizar las leyes sobre el aborto en México tuvo lugar en el Distrito Federal en el 2000. Con esta reforma se ampliaron las causales para el aborto legal, incluyendo, además del embarazo resultado de violación, vigente en todo el país, indicaciones que existían en otros estados: riesgo para la salud de la mujer, malformaciones fetales e inseminación artificial no consentida. Esta reforma proporcionó una sólida base para ofrecer servicios de aborto legal en los hospitales públicos.

El decreto de ley establece que el aborto se permite si la mujer lo solicita, hasta las 12 semanas del embarazo y habrá excepción: en casos de violación, grave riesgo para la salud o la vida de la mujer, y malformaciones genéticas o congénitas severas. Los servicios pueden ofrecerse en unidades de los sectores público, social y privado, por ginecólogos-obstetras o cirujanos generales. La ley ordena a la Secretaría de Salud (SSA) del Distrito Federal proporcionar en sus hospitales servicios de aborto, seguros y gratuitos, para las mujeres residentes en la entidad, así como garantizar el acceso a la anticoncepción para prevenir los embarazos no deseados. Al gobierno local corresponde instrumentar políticas para promover la salud sexual, los derechos reproductivos, y la maternidad y paternidad responsables.

La despenalización del aborto en el Distrito Federal responde a la necesidad de abatir la alta incidencia de daños ocasionados por el aborto inseguro.

Por otro lado, las reformas del Distrito Federal se inscriben en la tendencia mundial hacia la liberalización de las leyes sobre el aborto que existe desde los años ochenta, la cual ha sido un factor clave en la reducción de la mortalidad materna en muchos países. Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que la mortalidad materna por aborto es mucho mayor en las regiones y países con leyes restrictivas.

Si bien la legalidad juega un papel decisivo para prevenir las consecuencias del aborto inseguro, la liberalización de las leyes no garantiza por sí sola que el aborto seguro es accesible para todas las mujeres. Las reformas tienen un impacto limitado o nulo cuando las leyes carecen del apoyo político necesario; y cuando los servicios de aborto son escasos y las mujeres no saben que existen o enfrentan dificultades para obtenerlos. El impacto puede ser también limitado cuando los médicos no entienden las leyes, carecen de capacitación para practicar abortos o se rehúsan a ello por temor a ser procesados penalmente.

El Programa de Interrupción Legal del Embarazo (ILE) opera actualmente en los hospitales de la Secretaría de Salud (SSA) del Distrito Federal. Sin embargo, aún falta un largo recorrido para que esta ley permee en los gobiernos estatales y hacerlo es responsabilidad de toda la sociedad mexicana.

Pongamos fin a una larga historia de violencia contra la mujer que alimenta y da vida a un futuro desigual y discriminatorio.

 

* Valentina Barragán forma parte del equipo de Comunicación de Inteligencia Pública (@IntPublica)

 

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