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A juicio, las disputas por el agua
Cifras de la UNESCO revelan que en 2030 el mundo entero se enfrentará a una crisis mundial del agua con un déficit estimado del 40 % del recurso para ese año, aumento del 20 % de floraciones de algas nocivas para 2050 y eutrofización (acumulación de residuos orgánicos) de las aguas superficiales en casi todas las costas del mundo en 2030.
Por Inteligencia Pública
6 de octubre, 2016
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Por: Ana Arroyo Gámez (@AnaSalamandra)

En el marco de la celebración de la IX Audiencia Pública del Tribunal Latinoamericano del Agua (TLA), inaugurada en la Ciudad de México el pasado 03 de octubre y próxima a terminar el día 07 del mismo mes, la reflexión sobre los problemas hídricos que aquejan a la región de América Latina, y de manera particular a nuestro país, evidenció que el panorama de desabastecimiento del vital recurso es cada más general y expansivo. Esto significa que el número de conflictos por agua ha ido en aumento y más allá de registrarse solamente en zonas específicas, las problemáticas se han manifestado en diversos grupos poblaciones y bajo diferentes contextos.

En este sentido, la labor de este Tribunal toma especial importancia, ya que, si bien su trabajo se enmarca dentro del concepto de modelo de justicia alternativa y en tanto no es una instancia de derecho cuyas recomendaciones posean carácter vinculante, sus exhortos sí representan un espacio de presión sociopolítica, dado que están estructurados bajo la normativa internacional y regional que garantizan los derechos sobre el agua y se encuentran fundamentados en criterios estadísticos y científicos, logrando consolidar un argumento sólido dentro de la idea de justicia ambiental para las poblaciones afectadas.

Al respecto, las audiencias del TLA iniciaron en 2009 y esta es la tercera vez que México es el país anfitrión. Durante la última audiencia del Tribunal, llevada a cabo en Guatemala durante 2015, se discutieron alrededor de 7 casos, de los cuales 4 fueron concernientes al territorio guatemalteco. De estos casos, solamente el caso de rio Salado (en Argentina) ha sido llevado a la Suprema Corte de Justicia y el resto aún continúan vigentes. Por su parte, en el transcurso de los 4 días de audiencias de este año se ha discutido sobre el caso de Geotermia en el Valle de Mexicali, Baja California; el de Valle de Mexicali y las aguas del Río Colorado; la contaminación del Rio Atoyac en Oaxaca; el fracking y el trasvase de agua en los ejidos de Coahuila, y las leyes en materia de agua.

Para los días posteriores se espera abordar los temas del colapso hídrico en Morelia, Michoacán; la plantación de palma africana en Guatemala, y los mega acuerdos comerciales en materia de agua. Asimismo, se hará la presentación de las preaudiencias que versarán sobre las afectaciones de agua en Puebla; las problemáticas del Tren México-Toluca CDMX en materia hídrica; las afectaciones en Xochimilco y la conservación del Canal Nacional, y la Ley de Aguas.

En este tenor, lo anterior nos hace reflexionar ¿qué se esperaría de las resoluciones y veredictos del TLA este año para nuestro país? La respuesta es: seguimiento. Si bien la idea de pluralismo jurídico y los mecanismos alternativos de denuncia y justicia alternativa son de reciente creación y realmente no tienen vinculación jurídica, sí demuestran claramente la necesidad de generar las instancias correspondientes para darles seguimiento a los casos presentados, los cuales de una u otra forma dan cuenta del preocupante panorama por el cual está atravesando no solo el país, sino el mundo en materia de recursos hídricos.

Cifras de la UNESCO muestran que en 2030 el mundo entero se enfrentará a una crisis mundial del agua con un déficit estimado del 40 % del recurso para ese año, aumento del 20 % de floraciones de algas nocivas para 2050 y eutrofización (acumulación de residuos orgánicos) de las aguas superficiales en casi todas las costas del mundo en 2030, lo que en gran medida responde a que 20 % de los acuíferos mundiales está siendo sobreexplotados (cifra de 2013), a una disminución del 30 % del estado de salud de la biodiversidad mundial (cifra de 2012) y a que el sector agrícola representa aproximadamente el 70 % de todas las extracciones de agua dulce a nivel mundial (cifra de 2014), entre otras razones.

A nivel nacional, el panorama no es menos desalentador. Según cifras de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), aunque existe una disponibilidad de agua estimada en 92.3 % (cifra de 2013) se ha registrado un decremento per cápita en la disponibilidad del líquido del 86.3 % en un siglo. Aunado a lo anterior, 106 acuíferos están sobreexplotados, mismos que proporcionan el 55.2 % del agua subterránea; de cada 100 litros de agua 76 se destinan para actividades agropecuarias, y se estima que una fuga de 2 gotas por segundo equivale al año a 9.5 toneladas de agua, entre otras condiciones alarmantes.

En suma, las problemáticas relacionadas con el agua son diversas, y van desde el servicio de embotellamiento de agua potable (mercantilización del recurso) tal como lo mencionó el TLA en su primer día de sesiones, hasta conflictos de contaminación por algunas actividades productivas como la minería o la extracción petrolera; problemáticas de sustentabilidad hídrica relacionados con el cambio climático, la deforestación, la agroindustria (fertilizantes y agroquímicos), la sobreexplotación y otras. Dando cuenta de que, a nivel mundial, nacional o, incluso, personal todos somos partes de una condición de vulnerabilidad hídrica que va en aumento.

Lo anterior requiere acciones urgentes e inmediatas, así como de mecanismos de política pública para el control, seguimiento y solución de estas problemáticas, tal como se ha expuesto con lo relativo al Tribunal Latinoamericano del Agua, ya que, nos encontramos en un momento coyuntural en el cual podemos cambiar el rumbo o continuar con una tendencia irreversible. Así a manera de cierre, de manera enunciativa y a reflexión del lector, se mencionan algunas acciones que podrían considerarse para mejorar la gestión y uso del agua:

A nivel internacional

  • Acuerdos de cooperación internacional para el cuidado de zonas acuíferas transfronterizas.
  • Prevención de las pérdidas económicas relacionadas con catástrofes relacionadas con el agua (inundaciones, sequías o tormentas)
  • Financiamiento internacional para la creación de infraestructura hídrica.
  • Acuerdos de sustentabilidad hídrica entre diferentes estados.
  • Acuerdos de saneamiento e higiene del Agua, fundamentalmente subterránea.

A nivel nacional

  • Desarrollo de infraestructura hídrica.
  • Tratamiento de aguas residuales para su descarga en zonas controladas y no en caudales de ríos.
  • Rescate de zonas contaminadas.
  • Control de la deforestación.
  • Control de la agroindustria.

A nivel personal

  • Denuncia y tratamiento de las fugas o mal uso del recurso.
  • Control de los residuos sólidos (separación de la basura).
  • Racionalización del agua en las actividades cotidianas.

 

* Ana Arroyo es investigadora en Inteligencia Pública (@IntPublica).

 

 

Es importante mencionar que la labor de las instancias alternativas de justicia son un fenómeno de reciente creación y son diversas las áreas de inserción. Para el caso del TLA, los antecedentes directos son las audiencias del Tribunal Internacional del Agua en 1983 y las acciones del Tribunal del Agua en Brasil durante 1993 dentro de los cuales se emitieron importantes recomendaciones en la materia.

Algunos instrumentos de este orden son: La Declaración Universal de los Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, la Convención sobre el Desarrollo de Obras Hidroeléctricas que afecten más de un Estado, la Carta Mundial de la Naturaleza, etc.

Los casos tratados fueron: Río Salado, Acuífero Nejapa, Interoceánico de Nicaragua, Monocultivo Caña de Azúcar y su impacto en el agua, Monocultivo de Banano, su impacto en el agua y derecho humano a la alimentación, Proyecto Interconexión Eléctrica y Monocultivo de Palma Africana y su impacto en el agua.

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