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De la CPEUM a la práctica hay de iguales a iguales
Los seres humanos no somos iguales, pero nuestros derechos deben ser los mismos. Por eso debemos exigir la aplicación de la ley para todos de manera igualitaria.
Por Inteligencia Pública
17 de noviembre, 2016
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Por: Carmen Menéndez (@mariacarmen1190)

La discusión respecto a la igualdad de los seres humanos encuentra algunas de sus raíces en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en el marco del nacimiento de la Revolución Francesa en 1789, argumentando que todos los hombres nacen iguales en término de derechos. En el presente, esta afirmación de igualdad parece caduca; sería inaceptable un texto constitucional que al referir a los seres humanos los categorice solamente como hombres, aludiendo de manera específica al género masculino.

En casi cualquier contexto de la vida actual –a reserva de las excepciones en países como algunos que profesan el islamismo– podría decirse que el entendimiento sobre la igualdad ha llegado a un alto punto evolutivo; sin embargo, es preciso preguntarnos ¿acaso no seguimos discutiendo sobre la igualdad en los mismos términos que en el siglo XVIII? ¿O el pensamiento humano estaba tan adelantado en la víspera de los años decimonónicos que incluso hoy día todavía no podemos entender su esencia y, mucho menos, llevarlo a la práctica?

La idea de igualdad es resultado de una construcción social. Los seres humanos no somos iguales unos con otros, compartimos características, pensamientos, preferencias, y un largo etcétera. Todos estos son elementos que diferencian a uno o varios seres humanos de otros. En razón de lo anterior, la igualdad como idea, y la esencia de la búsqueda de la misma, implica la existencia de condiciones, medidas, pautas, normas y políticas iguales para cualquier ser humano.

Todos los regímenes democráticos de gobierno cuentan con normas y leyes para regular la vida en sociedad, las cuales, al menos en la teoría, tienen como característica la generalidad, es decir, que su aplicación comprende a todo individuo. De tal manera, las interrogantes antes planteadas requieren sólo de mirar y analizar lo existente y, sobre todo, ponerlo en práctica; parece simple, pero seguimos discutiendo al respecto.

En México, el proceso de la búsqueda de la igualdad ante la ley aún no está concluido. Hasta 1954 se reformó el artículo 34 constitucional, otorgando a las mujeres el derecho al voto; luego, durante la administración de Díaz Ordaz, se reconoció que la nacionalidad se transmitía por la madre mexicana; de igual modo, se estableció el sufragio y la mayoría de edad sin ninguna distinción. En este sentido, todavía algunas legislaciones mantienen disposiciones que implican trato discriminatorio hacia la mujer. Un ejemplo es el Código Civil Federal en su artículo 158: “La mujer no puede contraer nuevo matrimonio sino hasta pasados trescientos días después de la disolución del anterior, a menos que dentro de ese plazo diere a luz un hijo”. Actualmente, el primer párrafo del artículo cuarto constitucional señala que “el varón y la mujer son iguales ante la ley”.

El pasado mes de mayo, de conformidad con las facultades que le otorga el artículo 71 de la Constitución, el Ejecutivo Federal presentó una iniciativa para efectuar diversas modificaciones al Código Civil Federal, lo cual centró la atención mediática en los matrimonios igualitarios, más específicamente, entre personas del mismo sexo.

Cuando, anteriormente, en relación con los cuestionamientos sobre la igualdad se habló de mirar lo existente, precisamente se refería a nuestra norma fundamental, e incluso al propio Código Civil Federal. Uno de los aforismos más conocidos del Derecho reza: lo que no está jurídicamente prohibido, está jurídicamente permitido; en este sentido, ni la Constitución ni el código mencionado presentan una prohibición o reserva a la unión matrimonial civil entre personas de igual género y, ni siquiera, respecto a la adopción de hijos por parejas homosexuales.

Al analizar la iniciativa presentada por el presidente de la República puede observarse que ésta sugiere incluir en el artículo segundo del Código el párrafo quinto del artículo primero constitucional, que mandata lo siguiente:

“Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas”.

Entonces ¿por qué si la Constitución tiene la característica de generalidad –como ley fundamental y dentro de la organización política de nuestra República, donde los mandatos constitucionales en lo relativo a su parte dogmática son de aplicación general para todos los habitantes del país–, sus preceptos deben incluirse en los instrumentos normativos secundarios?

Más allá de la repetición innecesaria de disposiciones legislativas, es necesario poner atención en el contenido del mandato, el cual claramente prohíbe la discriminación y, entre otras, explicita lo referente al trato discriminatorio con base en preferencias sexuales. De tal manera, cualquier prohibición al respecto, que no esté incluida en la normatividad, constituye una violación a las garantías individuales plasmadas en el texto constitucional.

Lo anterior no implica que la iniciativa presidencial tenga un carácter poco útil; al contrario, es importante resaltar algunas modificaciones propuestas en ella al Código Civil, tales como la sustitución de las palabras “el marido y la mujer”, por la palabra cónyuges en varios artículos de este instrumento, por ejemplo, el 168, 172, 173, entre otros. Asimismo, se rescata la propuesta de modificación al artículo 146 del mismo, estableciendo una definición de matrimonio, que en la versión vigente no existe. Al respecto, la propuesta es “el matrimonio es la unión libre de dos personas mayores de edad con la intención de tener una vida en común, procurándose ayuda mutua, solidaridad, respeto e igualdad”. Es destacable también la propuesta para adicionar un artículo 136bis, el cual permitiría la solicitud de una expedición de nueva acta de nacimiento para el conocimiento de la identidad de género. Por último, también se hace énfasis en la propuesta de derogación del artículo 158 del Código, cuyo contenido fue referido en párrafos anteriores, por implicar trato discriminatorio hacia la mujer.

Aunque el Congreso de la Unión haya rechazado esta iniciativa presidencial, tal hecho no implica un retraso en términos del derecho a la igualdad, sino que presenta una oportunidad para pugnar por los derechos fundamentales y lograr la aplicación general de la ley. No se trata entonces de seguir exigiendo derechos para cierta comunidad o sector poblacional cuyas preferencias sólo incumben a nivel personal, tenemos que empezar a exigir la aplicación de la ley para todos de manera igualitaria, nuestro derecho constitucional: el derecho humano a la igualdad.

 

*Carmen Menéndez es investigadora en @IntPublica.

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