La deuda en materia de reparación integral
close
Recibe noticias a través de nuestro newsletter
¡Gracias! Desde ahora recibirás un correo diario con las noticias más relevantes.
sync
Inteligencia Pública
Por Inteligencia Pública
Somos una organización dedicada al análisis de políticas públicas y a la creación de conteni... Somos una organización dedicada al análisis de políticas públicas y a la creación de contenidos, a través del procesamiento de información especializada. Nuestro objetivo es contribuir a detonar el desarrollo del país generando ideas innovadoras, prácticas y aplicables a la realidad.  Somos especialistas en finanzas públicas, transparencia y rendición de cuentas, gestión por resultados, evaluación de políticas públicas, sistema de justicia y medio ambiente.  Puedes consultar nuestras publicaciones en inteligenciapublica.com. (Leer más)
La deuda en materia de reparación integral
Es evidente que el avance en términos de reparación integral va de a poco. Hay una gran deuda con las personas que cuentan con la calidad de víctima. Y a su vez, la deuda traspasa a la sociedad en general.
Por Inteligencia Pública
8 de julio, 2021
Comparte

En enero 2013 fue expedida la Ley General de Víctimas (en adelante LGV) cuyo principal objetivo es el de restituir y garantizar los derechos humanos de las personas que han sido víctimas de un delito o una violación a sus derechos. Dentro del marco de derechos que se buscan reconocer y garantizar, destaca el derecho a la reparación integral, que es precisamente al que se aboca el presente artículo.

Antes de comenzar con el desglose, empecemos por las definiciones básicas. En primer lugar, ¿a quiénes nos referimos cuando hablamos de víctimas? De acuerdo con la LGV son víctimas todas aquellas personas que hayan sufrido algún daño, ya sea de índole económico, físico o mental; como consecuencia de la comisión de un delito o violación a sus derechos humanos.

Sin embargo, debemos tomar en cuenta que no basta con encuadrar en este supuesto para adquirir automáticamente la calidad de víctima. Se requiere acreditar el daño causado y que la calidad de víctima sea reconocida por alguna autoridad, por ejemplo, un juzgador penal, los organismos públicos de protección de derechos humanos o el ministerio público (1). Una vez que la persona sea reconocida con la calidad de víctima, podrá ser inscrita en el Registro Nacional de Víctimas (RENAVI) y con ello, en caso de ser procedente, acceder a medidas tales como la reparación integral del daño.

Para comprender la magnitud del tema vale la pena contextualizarlo. De acuerdo con cifras del RENAVI, de 2014 a 2019 las solicitudes de víctimas registradas ascendieron a 30,539.(2) Tan solo en el primer trimestre de 2021, fueron asignados 1,044 registros estatales de víctimas y 749 registros federales de víctimas.(3)

Ahora bien ¿a qué nos referimos con reparación integral del daño? Considerando la definición de la propia LGV, se refiere a las medidas de restitución, rehabilitación, compensación y garantías de no repetición a que tienen derecho las víctimas. Es importante mencionar que las medidas deberán tener en consideración, tanto la magnitud del daño causado, como el hecho victimizante.

De manera adicional, es importante contextualizar la realidad a la que se enfrenta el Estado Mexicano frente a la reparación integral del daño. Lo primero que se debe reconocer es que existe un amplio número de personas que, a causa de delitos o violaciones a sus derechos humanos, han entrado en la categoría de víctimas. Por supuesto que la inmensidad de solicitudes del RENAVI no corresponde ni equivale una a una a medidas de reparación integral del daño, pero el reto es importante.

En primera instancia, se cuenta con los ordenamientos normativos (LGV y leyes estatales en la materia) e institucionales (Comisiones ejecutivas de atención a víctimas) para acceder a la reparación del daño.  En términos burocráticos, el acceso a la reparación integral no parece tan fácil. Por ejemplo, de acuerdo con el Comité Interdisciplinario Evaluador (CIE), hasta julio de 2018 se habían generado solamente 124 proyectos de reparación integral y 95 de compensación subsidiaria, con los que se atendió únicamente a 1,237 víctimas.

Es evidente que hay una deuda enorme para garantizar el acceso pronto y expedito a la reparación del daño planteado desde la LGV. Sin menoscabo de ello, vale la pena considerar también las otras deudas en materia de reparación integral: las medidas de satisfacción y no repetición.

Por supuesto que la reparación tiene que ser en primera instancia individual, a las víctimas directas e indirectas del delito y de manera adicional, a las violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, al mismo tiempo que la reparación tiene un carácter individual, también se debe tener un componente colectivo, que es donde entra la condición de no repetición. Pensemos, por ejemplo, en el caso de víctimas directas de desaparición. Si las medidas de no repetición buscan evitar que hechos similares sucedan, entonces ¿por qué sigue aumentando día con día el número de personas desaparecidas?

En ese mismo sentido, se requiere de medidas que abonen a la reivindicación de las víctimas y a la construcción de la memoria colectiva. Reflexionemos sobre los ejercicios realizados por colectivos de víctimas en los que se cambia la denominación de las calles con nombres de mujeres víctimas de feminicidios ¿Por qué no implementar ese tipo de acciones como una medida de satisfacción? ¿Por qué no fortalecer medidas que reconozcan la responsabilidad del Estado frente a las omisiones y las violaciones a los derechos humanos? Es decir, las medidas de satisfacción deberían tener el mismo peso que otro tipo de medidas como las de compensación económica.

Es evidente que el avance en términos de reparación integral va de a poco. Hay una gran deuda con las personas que cuentan con la calidad de víctima. Y a su vez, la deuda traspasa a la sociedad en general. Pues, sin dejar de considerar la esfera individual de las reparaciones, es importante entender que, al generar medidas de no repetición, se abona a la prevención de futuras conductas violentas y victimizantes. Así mismo, al fortalecer las medidas de satisfacción, se contribuye de cierta forma, en el acceso a la justicia de las víctimas.

Finalmente, vale la pena considerar que las responsabilidades en materia de reparación del daño no deberían ser exclusivas de las Comisiones Ejecutivas de Atención a Víctimas. Es importante generar mecanismos de coordinación interinstitucional, con sociedad civil organizada, con la academia y la iniciativa privada, que permitan construir y fortalecer el carácter integral de las reparaciones del daño, tanto a las víctimas directas, como a las víctimas indirectas y a la comunidad en su conjunto.

(1) Véase: Ley General de Víctimas. Disponible en: http://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGV_200521.pdf

(2) Véase: Solicitudes registradas en RENAVI por materia y sexo. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/503899/11_SOLICITUDES_REGISTRADAS_EN_RENAVI_POR_MATERIA_Y_SEXO.pdf

(3)Véase: Estadísticas de transparencia focalizada del Registro Nacional de Víctimas. Disponible en: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/633892/ESTADI_STICA_RENAVI_2021_TRIMESTRE_1.pdf

Lo que hacemos en Animal Político requiere de periodistas profesionales, trabajo en equipo, mantener diálogo con los lectores y algo muy importante: independencia. Tú puedes ayudarnos a seguir. Sé parte del equipo. Suscríbete a Animal Político, recibe beneficios y apoya el periodismo libre.

#YoSoyAnimal
Comparte
close
¡Muchas gracias!

Estamos procesando tu membresía, por favor sé paciente, este proceso puede tomar hasta dos minutos.

No cierres esta ventana.