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La dignidad no tiene precio
Por Inteligencia Pública
21 de mayo, 2015
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Por: Valentina Barragán Goñi (@TUyYOmadeinMX)

De las arenas del desierto de Sonora a los bosques tropicales del sureste mexicano, pasando por los verdes prados del valle del Anáhuac, no hay ciudad en nuestro país donde no exista el comercio sexual. Actividad que, en ocasiones, se transforma en una ominosa forma de abuso y explotación que deriva en un crimen que despoja de toda humanidad a quien lo sufre: la trata de personas.

La prostitución es uno de los oficios más antiguos del mundo. En la modernidad, con la aparición del sistema capitalista como modo de producción, el comercio erótico se convirtió en una forma de trabajo en la que el cuerpo humano pasó a ser un objeto de lucro y de consumo. A raíz de dicha problemática, surgieron redes de prostitución forzada y trata de personas con fines de explotación sexual que, al ser una forma de esclavitud moderna, el tema se convirtió en un foco rojo para los gobiernos actuales.

Al ser una problemática social que se debe a múltiples causas (marginación económica, falta de oportunidades educativas y laborales, etc.) se ha abordado desde distintos enfoques en su aspecto legal: por un lado, desde el abolicionismo que prohíbe la prostitución y cualquier tipo de reglamentación del mercado sexual, y sugiere el castigo penal tanto a los traficantes como a los clientes de dicho servicio. Por otro lado, desde el reglamentarismo, que propone regular el trabajo sexual para crear un ambiente de elección libre y promueve la protección legal, social y aboga por los derechos humanos de los y las trabajadores sexuales.

La cuestión de la trata de personas es una realidad tremenda que, desde el siglo XIX es el comercio sexual en sí mismo. La prostitución no es un tipo de contrato inocente; el mercado de actos sexuales lo que hará es reproducir una idea de las mujeres como simples objetos sexuales: convierte el cuerpo humano en un objeto de lucro. No es un mercado neutral, es un mercado nocivo que reproduce relaciones de desigualdad. La mejor manera de abordar un mercado nocivo no es prohibiéndolo, sino regulándolo. Esto significa el menor de los males. Frente el abolicionismo que quiere prohibir todo y el liberalismo en el que todo es permitido, hay que elegir el punto medio, lo que significa regular el comercio sexual. Esto es, mediaciones por parte del Estado para proteger a aquellas personas que ejercen semejantes oficios.

En México, según datos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), la población total de trabajadoras sexuales va desde 144 mil a 862 mil mujeres. Está cifra incluye tanto a trabajadoras sexuales en condiciones de libertad que ejercen por voluntad propia, pero también mujeres y hombres en condiciones de esclavitud o servidumbre sexual, tanto infantil como adulta. En estos casos, hablar de esclavitud o trata de personas con fines de explotación sexual constituye una de las peores aberraciones que existen en contra de la dignidad y libertades humanas pues sus víctimas son sometidas a las peores formas de explotación, tratos crueles y tortura.

En el mundo, más de 800,000 mil personas son víctimas de trata para fines de explotación sexual y trabajo forzado cada año. Según la Oficina de Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC) las niñas constituyen 2 de cada 3 víctimas infantiles y, junto con las mujeres, forman el 70% del total mundial de las víctimas de trata.

En México cada año más de 20 mil niños, niñas y adolescentes son víctimas de la explotación sexual y 85 mil son usados en actos de pornografía. Ante esto, las autoridades, a pesar de hacer varios intentos de erradicar este tipo de acciones que violentan los derechos humanos, no han logrado disminuir los casos en el territorio nacional, a pesar de contar con la Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de Personas; los vicios de esta red, no han permitido aniquilarla.

De acuerdo con un estudio realizado por el Centro de Estudios de Investigación en Desarrollo y Asistencia Social (CEIDAS), el estado de Chiapas es el más vulnerable a la trata de personas, la mayoría de las víctimas son los migrantes irregulares que han cruzado fronteras en busca de oportunidades que puedan asegurarles una vida mejor.

En el caso de Chiapas la trata de personas es sintomática a un problema de migración. Si las mujeres explotables no estuvieran presentes en tal abundancia, este mercado excesivo podría volver pronto a proporciones más estándar. Cualquier intervención que pueda reducir el número de mujeres desplazadas o asegurar oportunidades en sus lugares de origen, contribuye a la disminución del crimen.

Más allá del debate moral sobre si está bien o mal ejercer la prostitución, se deben crear las condiciones legales para proteger a las mujeres y hombres que, por múltiples circunstancias realizan dicha actividad. El Estado debe asegurar, ante todo, el bienestar de sus ciudadanos y proteger a toda costa a las niñas, niños y adolescentes. Regular la prostitución servirá para combatir de una forma más efectiva la trata ilegal de personas, pues ya habrá una clara distinción legal entre ambas. Asimismo, se proveerá de la asistencia necesaria a aquellas víctimas que llevan a cabo trabajos relacionados a la industria del sexo.

La dignidad no tiene precio, por ello, regular la prostitución desde un aspecto legal no es un asunto de moralidad, sino de humanidad.

 

@IntPublica

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