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La estrategia de vacunación contra COVID-19 en México: a tiempo de cambiar el rumbo
La voluntad política y la coordinación entre las diferentes instituciones del sector salud son elementos indispensables para lograr que la estrategia de vacunación contra COVID-19 tenga el impacto deseado.
Por Karina Tamayo
4 de febrero, 2021
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A un año del inicio de la pandemia de COVID-19, el proceso de vacunación ha comenzado en todo el mundo con grandes expectativas y como una esperanza para frenar la ola de contagios y muertes a causa del virus SARS-CoV-2. Más allá de esto, para muchos gobiernos representa un medio para reactivar lo antes posible a los sectores más afectados, como el económico en su más amplia definición, el educativo y el turístico, entre otros. Mientras que, para la población en general simboliza el regreso a “una vida normal”, sin semaforización y medidas de sana distancia. Sin embargo, la gran incógnita es, ¿la estrategia de vacunación en México cumplirá con todas estas expectativas? Y ¿en cuánto tiempo y a qué costo?

Históricamente, México ha sido un referente mundial en materia de aplicación de vacunas, teniendo como uno de sus principales logros el Programa de Vacunación Universal, el cual durante 25 años posteriores a su implementación mantuvo un esquema de vacunación amplio con altas coberturas administrativas  (en promedio de 98 por ciento entre niños de cero a cuatro años) dando lugar a mejores condiciones sanitarias. El éxito inicial de este programa fue posible gracias al desarrollo tecnológico, la voluntad política, la adecuada organización de las instituciones de salud y la participación solidaria de la población.

Si bien en la actualidad la cobertura de este Programa es cuestionable debido a deficiencias principalmente presupuestarias y el caos gubernamental para la adquisición de antígenos para diversas enfermedades, la puesta en marcha de una intervención en salud pública de tal magnitud es muestra del potencial que puede desarrollar nuestro país en materia de vacunación. En ese sentido, la voluntad política y la coordinación entre las diferentes instituciones del sector salud son elementos indispensables para lograr que la estrategia de vacunación contra COVID-19 tenga el impacto deseado.

Uno de los principales retos a los que se enfrenta la implementación de la Política Rectora de Vacunación contra COVID-19 del gobierno federal es el cumplimiento de los tiempos estimados para cada una de las cinco etapas de vacunación, lo cual depende en gran medida de la distribución y el suministro de las vacunas previamente acordadas, así como de adquisiciones posteriores, a fin de cubrir el porcentaje de población mínimo a inmunizar de 70 por ciento (equivalente a 93.6 millones de personas) hasta marzo de 2022.

Hasta el momento, el gobierno de México ha suscrito acuerdos de precompra de vacunas con AstraZeneca por 77.4 millones de dosis que estarían disponibles entre marzo y agosto de 2021; con Pfizer por un rango de entre 15.5 y 34.4 millones de dosis que llegarían entre diciembre de 2020 y diciembre de 2021; y con CanSino Biologics por un total de 35 millones de dosis para diciembre de 2020 y septiembre 2021. Además de estos acuerdos, se tendrá acceso a 51.5 millones de dosis mediante el mecanismo internacional COVAX y a 24 millones de dosis de la vacuna Sputnik V, de acuerdo al último comunicado del gobierno federal.

Si bien el escenario podría parecer alentador debido a la variedad del portafolio de vacunas negociado, en realidad no lo es del todo. Uno de los motivos que sustentan lo anterior es el ritmo de vacunación hasta el momento alcanzado. Tan solo a inicios de febrero se han administrado en el país un total de 675 mil 202 dosis (0.53 vacunas por cada 100 personas), con una tasa diaria de 4 mil 728 aplicaciones; en contraste, Estados Unidos ha aplicado a su población 50 veces más dosis que las alcanzadas en el país, con una tasa diaria de 1 millón, 318 mil dosis administradas. A este ritmo, es evidente que la primera etapa de vacunación planeada para finalizar en este mes tendrá que prologarse hasta cumplir la meta establecida. De la misma manera, el comienzo de las siguientes etapas de vacunación deberá posponerse debido al desabasto de vacunas. Todo ello indica que, el calendario previsto en la Política es del todo ambicioso, ya que está sujeto no sólo a factores internos como la logística de distribución y aplicación, sino a factores externos de oferta y demanda.

El ritmo pausado de avance de la estrategia de vacunación conlleva a su vez otros retos para la recuperación del país frente a la COVID-19. El primero de ellos es la prolongación del aislamiento del país con el resto del mundo, lo cual trae consigo un rescate mucho más lento del sector turístico tras la dura caída causada por la pandemia. Al respecto, cabe mencionar que, en 2020 el país recibió tan sólo el 25 por ciento de los turistas internacionales que ingresaron en 2019 (88 millones de extranjeros). Aunado a esto, el gasto total del turismo internacional en 2020 representó menos de la mitad (43%) del reportado en el año anterior a la pandemia (INEGI, 2021). Frente a este desplome, el sector turístico calcula que la recuperación a los niveles previos tardará entre 30 y 48 meses, con las repercusiones económicas que ello implica.

Lo anterior es de destacar dada la importancia estratégica del turismo para la economía mexicana. De acuerdo con el World Travel & Tourism Council, la contribución del turismo al PIB en México durante 2019 fue del 15.5 por ciento, lo cual significó un crecimiento del mismo de 1.8 por ciento. Asimismo, la contribución del turismo en términos de empleo en el mismo año representó un total de 7 millones 232 mil empleos, esto es, el 13.3 por ciento del empleo total. Sin el apoyo a este sector, queda claro que los estragos económicos se prolongarán en parte importante del país, toda vez que la inmunidad de rebaño se alcanzará en un lapso mucho mayor a un año.

En segundo lugar, otro reto a enfrentar será el impacto que la pandemia de COVID-19 ha causado ya en la economía mexicana. De acuerdo con la última estimación oportuna del PIB trimestral del INEGI, en 2020, la actividad económica del país tuvo una caída de 8.5 por ciento respecto a 2019, la más pronunciada desde la Gran Depresión, donde se produjo una contracción del 14 por ciento. Con esto, México registra seis trimestres consecutivos con caídas anuales del PIB. Por sectores económicos, esto se refleja en el sector industrial, el cual registró el mayor desplome (10.2 por ciento), seguido del sector de servicios con una caída de 7.9 por ciento.

No cabe duda que las restricciones impuestas en términos de horarios, aforos y apertura han golpeado fuertemente a los comercios y empresas del país, principalmente a las microempresas. Y es que, de acuerdo con el INEGI, 87 por ciento de las empresas del país han presentado algún tipo de afectación a causa de la contingencia por COVID-19, de las cuales 9 de cada 10 son microempresas. Las principales afectaciones presentadas por las empresas mexicanas son la disminución de ingresos (91%), seguida de la disminución de la demanda y la cancelación de pedidos (60%). Aunado a ello, en términos de empleo, el país registró una disminución de 824,591 puestos de trabajo en los últimos doce meses (a partir de noviembre de 2019), equivalente a una tasa anual de -4.0%, siendo la primera tasa negativa desde hace 10 años.

Finalmente, otro de los retos significativos a afrontar será el de la falta de información sobre el plan de vacunación y todo lo relacionado a éste. A la fecha, la desinformación impera en la sociedad con todo lo que ésta conlleva: miedos, dudas, desconfianza, incredulidad, confusión y falsas expectativas. Frente a esta situación es preciso que el gobierno implemente una estrategia de comunicación lo suficientemente eficaz y extensiva, a fin de que la información sea accesible y comprensible para todos los grupos de la población involucrados directa e indirectamente y cuyos ejes rectores sean la transparencia, el acceso a la información y la rendición de cuentas. Para ello, es indispensable que el gobierno transparente toda la información relacionada con la adquisición de las vacunas (principalmente los contratos de compra), los prospectos de las vacunas, la vacunación en general, así como todo lo relacionado con el desempeño de los Servidores de la Nación, a fin de que la población cuente con todos los elementos necesarios para tomar decisiones informadas y participar en el proceso.

Los efectos de la pandemia de COVID-19 pueden intensificarse si no se toman acciones emergentes para mitigarlos y erradicarlos. Una de estas medidas corresponde a la Política de vacunación contra COVID-19, la cual recién puesta en marcha presenta importantes aspectos de mejora, entre ellos, el relativo a la estrategia de adquisición de vacunas; su logística de distribución y aplicación de vacunas a través de los denominados Servidores de la Nación y su estrategia de comunicación, principalmente en términos de transparencia y acceso a la información. De no atender de manera oportuna estos aspectos, no solo se pone en riesgo la credibilidad, la coherencia y la efectividad de dicha estrategia, sino la vida de millones de mexicanos que, de acuerdo con el artículo 4º constitucional, tienen el derecho fundamental de protección a la salud, el cual incluye indudablemente a la inmunización.

Ciertamente el desafío es grande, ya que la estrategia supone una magnitud nunca antes vista, como el manejo de diversas vacunas con condiciones de conservación distintas. Sin embargo, como se mencionó anteriormente, México cuenta con la infraestructura de salud y la experiencia necesarias para mejorar la estrategia; en este sentido, será preciso reforzar la coordinación institucional y valerse de las instituciones e infraestructura existentes, así como apoyarse en los gobiernos estatales y el sector privado para ampliar y agilizar la logística de aplicación.

Sin duda, una de las grandes lecciones de la pandemia para los gobiernos del mundo es que la salud es un elemento fundamental para el desarrollo; las elecciones federales y locales de los siguientes meses no debe ser una excusa para no hacerlo de la manera correcta, el gobierno mexicano aún está a tiempo de pasar su examen final.

* Karina Tamayo (@Kar_Tamayo) es investigadora en Inteligencia Pública (@IntPublica).

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