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La justicia cívica ante las elecciones municipales
En muchas de las plataformas electorales municipales se confunde el concepto de Justicia Cívica y se le describe como una política de seguridad pública y no como una política pública de prevención social de la violencia y del delito, lo que modifica de manera sustancial su naturaleza, su objetivo estratégico y sobre todo, la relación que guarda con la ciudadanía.
Por Marco Cancino
19 de mayo, 2021
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Durante el actual proceso electoral, Inteligencia Pública, a través de su Programa Central de Justicia Cívica, ha dado seguimiento a las distintas campañas municipales en el país para conocer en qué medida las distintas plataformas electorales locales incluyen como una de sus propuestas la implementación y/o consolidación del Modelo Homologado de Justicia Cívica (MHJC).

Existen elementos positivos y negativos que hemos detectado en las diferentes campañas electorales en los diferentes municipios del país.

Lo bueno

Constatar el creciente posicionamiento y la importancia relativa otorgada al concepto de justicia cívica en las agendas electorales a nivel nacional, estatal y municipal. Se ha registrado que, en diferentes plataformas electorales a nivel estatal y municipal, la apuesta por la implementación y operación del MHJC ocupa un lugar importante. Es probable que ello se deba en parte, al impulso que se le ha dado a la implementación del MHJC como una política pública de prevención de la violencia y del delito, y como una estrategia eficaz para la atención de los conflictos comunitarios. De entre los principales actores clave identificados que han contribuido a este posicionamiento destaca el propio Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), la Agencia de Cooperación para el Desarrollo de los Estados Unidos (USAID) e inclusive, en algunos casos, el apoyo proporcionado por instituciones y organismos que forman parte de gobiernos estatales, como es el caso del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública del Estado de México.

Se ha profundizado la discusión sobre el financiamiento necesario para la implementación y operación del propio MHJC, así como para el fortalecimiento de las policías municipales. Lo anterior, dada la desaparición de los recursos correspondientes al Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2021 y que constituía, para las autoridades municipales, una de las fuentes de financiamiento más importantes en materia de seguridad pública. Al respecto, existe la nutrida demanda por parte de los candidatos y las candidatas a las diferentes alcaldías del país, por la restitución de los fondos del FORTASEG, o la ampliación de los recursos correspondientes al Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (FORTAMUN), a fin de compensar la desaparición del primero.

Se han detectado cada vez más autoridades municipales que han iniciado, de alguna u otra manera, el proceso de implementación y operación del MHJC, utilizando como punto de partida el avance logrado por los diferentes municipios pioneros, los cuales han buscado adaptar las buenas prácticas a su contexto local.

Lo malo

Si bien se está ampliando el número de municipios que están implementando el MHJC y que están empezando a entrar en su etapa de operación, la forma en que se está llevando a cabo el proceso tiene importantes áreas de oportunidad, ya que se omiten componentes y subcomponentes importantes contemplados en el propio MHJC, como son: a) la evaluación de perfiles psicosociales; b) la canalización de los infractores a sanciones alternativas, ya sea de corte terapéutico o reeducativo o de restitución del daño al tejido social; c) la creación y operación de un área de seguimiento a dichas canalizaciones; d) áreas y protocolos especializados para la atención de población vulnerada (LGBTTTQA+, adolescentes), y e) la sanción, por parte de jueces cívicos de la violencia familiar y/o de género. En la mayoría de los casos, el proceso de implementación se limita a la adecuación de ciertos espacios físicos, por lo general una sala de audiencias; la implementación de audiencias públicas carentes de rigor, en donde no se garantizan todos los derechos procesales de la persona detenida; la insistencia en utilizar como mecanismo sancionatorio o de cambio de conducta del infractor el arresto y/o la multa y no la atención a las causas que originan el conflicto; y la ausencia de mecanismos y espacios de mediación y conciliación del conflicto.

En muchas de las plataformas electorales municipales se confunde el concepto de justicia cívica y se le describe como una política de seguridad pública y no como una política pública de prevención social de la violencia y del delito, lo que modifica de manera sustancial su naturaleza, su objetivo estratégico y sobre todo, la relación que guarda con la ciudadanía.

Se privilegia la justicia punitiva sobre la justicia restaurativa, concepto fundamental de la justicia cívica. Ello quiere decir que en innumerables plataformas electorales municipales (inclusive, estatales), se proponen mayores sanciones vinculadas a la privación de la libertado o al cobro de multas cuantiosas como forma de castigar (modificar) conductas de ciudadanos y ciudadanas que afectan el tejido social. Tal es el caso de incrementar las horas de arresto por tirar basura en la vía pública; escandalizar en la vía pública, incluyendo el tener el equipo de sonido a un alto volumen en el domicilio; el maltrato animal (que es tipificado en muchos estados como un delito y no como una falta administrativa), o conducir un vehículo bajo los efectos de una sustancia, ya sea alcohol o droga.

Son escasas las plataformas electorales municipales que contemplan en su propuesta y narrativa la implementación de soluciones alternativas que busquen atender el origen de la conflictividad social, así como también se promueva la mediación y la conciliación como forma de resolución pacífica de conflictos comunitarios.

Se han registrado en la mayoría de los municipios una parálisis en el proceso de implementación y/u operación del MHJC, de cara al cierre y cambio de administración. Si bien este fenómeno es generalizado y recurrente al finalizar cada administración municipal, ello interrumpe el proceso de transformación institucional y, sobre todo, pone en peligro la sostenibilidad y la viabilidad del propio MHJC. Es por ello que debiera impulsarse un subcomponente fundamental del propio modelo, que es el establecimiento de un Servicio Profesional de Carrera Municipal, a fin de reducir la incertidumbre ante los cambios de las gestiones administrativas municipales, al mismo tiempo que fortalece los perfiles y las capacidades de los operadores del propio MHJC. Una alternativa a ello puede ser la creación de un organismo ciudadano de acompañamiento al proceso de implementación, operación y consolidación del MHJC. Tal es el caso del Consejo de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia (COPREV) del Municipio de Chihuahua, Chihuahua, el cual tiene como ejes sustantivos: a) la consolidación; b) la coordinación intra municipal; c) la profesionalización, y d) la generación de políticas públicas en materia de prevención social de la violencia y la delincuencia. El COPREV se ha constituido como un espacio fundamental para el monitoreo, el acompañamiento y el fortalecimiento del proceso de implementación y operación del MHJC en el municipio y sobre todo, del impulsor de la continuidad de los esfuerzos realizados a la fecha en la materia.

* Marco Cancino (@marco_cancino) es director general de Inteligencia Pública (@IntPublica).

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