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La Justicia Cívica y su apuesta de confianza en la Policía Municipal
Los y las policías municipales son la primera autoridad en quienes deberíamos depositar nuestra confianza como agentes de resolución de conflictos y elementos estratégicos dentro del proceso de prevención de la violencia y la administración de la justicia cotidiana.
Por Izamal Salcedo
8 de abril, 2021
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En ocasiones pasadas hemos abordado distintos enfoques y retos a los que se enfrenta tanto el proceso de implementación, como la operación misma del Modelo Homologado de Justicia Cívica (si quiere conocer más sobre el tema, le invitamos a visitar aquí), en ese mismo tenor, esta entrega se enfocará en un reto específico: la necesidad de generar confianza como pieza clave desde el inicio del proceso.

Las y los policías municipales son el primer respondiente frente a la probable comisión de un delito, una falta administrativa o un conflicto comunitario. De manera específica, en el primer supuesto tienen a su cargo cuando menos, el Protocolo Nacional de Actuación (PNA) que incluye el aseguramiento, detención y traslado, así como el llenado del Informe Policial Homologado (IPH) y presentación de la persona detenida ante el Juez Cívico. Mientras que, en el segundo de los casos, les corresponde el rol de facilitadores para la resolución de conflictos en el lugar (mediación in situ), es decir, de mediadores o conciliadores, según sea el caso.

En ese sentido, los y las policías municipales son la primera autoridad en quienes deberíamos depositar nuestra confianza como agentes de resolución de conflictos y elementos estratégicos dentro del proceso de prevención de la violencia y la administración de la justicia cotidiana. De hecho, desde el enfoque de Justicia Cívica, el desempeño de las y los policías debe estar orientado hacia la proximidad y la solución de problemas presentes en la comunidad (POP por sus siglas en inglés).

Sin embargo, ¿qué sucede cuando conocemos casos como el de Victoria Salazar, mujer salvadoreña de 36 años privada de la vida en marzo de este año, por policías municipales del municipio de Tulum, Quintana Roo, precisamente en un contexto de detención a partir de la probable comisión de una falta administrativa? ¿O el caso de Giovanni López, quien en mayo de 2020 fue igualmente privado de la vida posterior a su detención por no portar cubrebocas, acción que en ese momento fue considerada como una falta administrativa, en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco?

La respuesta a la pregunta anterior es casi evidente: lo que sucede es que se ahonda una gran desconfianza hacia el actuar de la autoridad en general, y a la policía municipal en particular. Al respecto, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) más reciente, realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), evidencia que la policía municipal es la autoridad que menos confianza genera, con un nivel de percepción de confianza del 47.2 por ciento. 1 Es decir, menos de la mitad de la población confía en las autoridades municipales y lo más preocupante del dato es que es esta la autoridad con la que más tiene contacto la ciudadanía.

Debemos ser conscientes del reto que implica el modificar la percepción ciudadana con respecto al desempeño de la policía municipal, y que esto no se puede lograr en el corto plazo. No obstante, es importante impulsar acciones concretas que contribuyan a aumentar la confianza ciudadana en las y los policías municipales.

Cierto es que las y los policías requieren herramientas que permitan el desarrollo de sus funciones, como lo son uniformes, patrullas, chalecos antibalas, entre otros elementos de equipamiento. Sin embargo, las herramientas intangibles deben estar orientadas al fortalecimiento de habilidades y destrezas que permitan su acercamiento con la ciudadanía a través de la eficacia de su trabajo de prevención de la violencia y su contribución a la restitución del tejido social y la convivencia comunitaria.  Por ello, debemos reconocer que es insuficiente que las policías municipales cuenten con el equipamiento necesario, si no se han adquirido y desarrollado las habilidades y destrezas para distinguir en qué momento, bajo qué circunstancias y en qué proporción se debe ejercer el uso de la fuerza sin poner en riesgo la vida de las personas cuya conducta está poniendo en riesgo el tejido social.

En ese sentido, la información proporcionada por el INEGI, a través de la Encuesta Nacional de Estándares y Capacitación Profesional Policial (ENECAP), arroja que el 98 por ciento de policías desean contar con mayores elementos de capacitación, sobre todo, aquellas relacionadas con las habilidades blandas. Entre los temas de interés destacan las tácticas de arresto, control y uso de la fuerza, así como de mediación y resolución de conflictos.2 Temas que tienen perfecta relevancia para el desarrollo de sus funciones y que no deberían entenderse como capacitaciones adicionales o especializadas, sino como parte indispensable de la formación policial, tanto inicial, como permanente.

Por lo tanto, es fundamental fortalecer una y otra vez mecanismos en los que las y los policías municipales desarrollen habilidades de proximidad, desde herramientas básicas de diálogo y contención, hasta el asegurarse que conozcan los protocolos e instrumentos diseñados para garantizar que estas intervenciones se realicen sin violentar derechos humanos e incluso, contemplar mecanismos de respuesta en casos de emergencia.

Para que dichos instrumentos sean accesibles también es importante considerar espacios, tiempos y formas operativas de socialización de este tipo de información. Por ejemplo, no es suficiente con elaborar documentos en los que se establezca de manera teórica cuál es el uso de la fuerza aceptable o cuáles son los pasos para implementar un proceso de mediación, si estos no son acompañados de herramientas operativas y prácticas que permitan identificar estos elementos en un caso real.

A su vez, vale la pena tener presente que la percepción de confianza no debe ser solo de la ciudadanía hacia las y los policías municipales. Si no que también implica generar confianza y motivación dentro de las propias autoridades municipales a efecto de que cuenten con la certeza de estar capacitados para realizar las funciones que se le están pidiendo. Por ejemplo, el que se sientan seguros en el rol de mediadores ante un conflicto vecinal o comunitario es fundamental y sobre todo, que la ciudadanía los reconozcan como una figura clave e indispensable para lograrlo.

Finalmente, en la medida en que la balanza de herramientas tangibles e intangibles para el desarrollo de funciones de las y los policías municipales sea equilibrada y suficiente para posicionarse como agentes de resolución de conflictos y elementos clave en la administración de la justicia, será posible cambiar el discurso y afirmar que confiamos en la policía y que ésta si nos cuida. Incluso, a partir de que se fortalezcan estas habilidades, será posible garantizar que casos como el de Victoria Salazar o Giovanni López, no vuelvan a suceder.

No basta con afirmar que se requiere fortalecer a las policías locales, en eso no hay discusión alguna, sin embargo, es importante establecer con claridad y viabilidad práctica, las estrategias para lograrlo, principalmente concentrándonos en el otorgamiento de habilidades prácticas que le permita a la policía municipal recuperar la confianza ciudadana a través de su contribución a la restitución del tejido social la paz comunitaria.

* Izamal Salcedo es investigadora de Inteligencia Pública (@IntPublica).

 

 

1 INEGI (2020) Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, Disponible aquí. Fecha de consulta: 30 de marzo 2021.

2 INEGI (2018), Encuesta Nacional de Estándares de Capacitación y Profesionalización Policial (ENECAP), Disponible aquí. Fecha de consulta: 30 de marzo 2021.

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