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La Ley General de Víctimas: el reto desde lo local
En este momento tenemos un doble reto: tratar de armonizar las leyes locales de atención a las víctimas y las acciones que ya se han implementado en los estados, a una Ley General mal diseñada; o impulsar una nueva legislación general a propósito de la discusión sobre la inconstitucionalidad de la vigente.
Por Inteligencia Pública
8 de agosto, 2013
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Foto: Cuartoscuro

Foto: Cuartoscuro

Por: Marco Cancino*

Uno de los conceptos centrales de una ley general es que establece los criterios mínimos para que los congresos locales armonicen el contenido de sus ordenamientos locales y retomen la esencia de lo que el Congreso de la Unión planteó. Es decir, una ley general constituye una especie de guía para los congresos de los estados para plantear un ordenamiento adecuado a las necesidades, los requerimientos y la realidad de cada región del país, pero partiendo de una base común.

En el caso de la Ley General de Víctimas, la cual no sólo ha sido promulgada recientemente, sino que también ya fue reformada, se presentan distintos dilemas o fallas de origen, como la falta de constitucionalidad de la propia Ley; la excesiva concentración de funciones de un órgano a nivel federal, siendo que el 92% de los delitos son del fuero común; la ausencia de un estudio de impacto presupuestario; entre otras, la mayoría ya tratadas en entregas anteriores.

Sin embargo, hay uno que se ha hecho evidente a partir de la obligación que tienen los congresos estatales de armonizar su ordenamiento local con la Ley General: la falta de conexión de ésta con la experiencia ya acumulada en distintas entidades del país, que antecede en algunos casos por casi un lustro a la propia Ley General de Víctimas, así como el total desconocimiento de criterios operativos. Ello potencializa la probabilidad de fracaso en la atención efectiva de las víctimas del delito a lo largo y ancho del país, y la convierte en un acto más de demagogia, sobre todo, de los propios grupos de la sociedad civil que promovieron no sólo la creación de una Ley General de Víctimas inoperante, sino también su reforma.

Un caso interesante es el del estado de Nuevo León, cuyas autoridades locales, sector académico y social se enfrentan al reto de alinear su Ley de Atención y Apoyo a las Víctimas y a los Ofendidos de Delitos, publicada en el Periódico Oficial del estado el 18 de abril del 2007, a la Ley General de Víctimas.

Dicha ley establece los criterios generales para que las autoridades locales diseñen y operen el modelo de intervención de atención a las víctimas y a los ofendidos de los delitos y de violación a sus derechos humanos, es decir, aquellas políticas públicas que permitan proporcionarles de manera eficaz, un conjunto de servicios integrales (médicos, psicológicos y jurídicos). Al mismo tiempo, dicha ley sirvió de base legal del Centro de Justicia Familiar, órgano desconcentrado de la Procuraduría General de Justicia del Estado, en donde proporciona atención a la víctima, al ofendido y a su familia, bajo el mismo techo. Es ahí donde las distintas dependencias del estado, que participan de un modo u otro en la atención de las víctimas directas, indirectas y potenciales, no sólo se coordinan entre sí, sino que trabajan de forma secuencial e interdisciplinaria.

Además, el modelo neoleonés contempla, a diferencia del planteado por la Ley General de Víctimas, un asesor victimológico que acompaña a la víctima en todo el proceso de atención y reparación del daño.

Sin embargo, la Ley General de Víctimas recoge muy poco de esta experiencia o de otras entidades federativas, y concibe en cambio, la atención de las víctimas en un sistema altamente burocrático, centralista y escasamente vinculado con la experiencia existente y la realidad local. Esto hace que las deficiencias de la Ley General de Víctimas se acentúen y haga necesario un replanteamiento al menos, en lo que concierne a su modelo operativo y se base más en las mejores prácticas locales, en el aprovechamiento de la experiencia ya generada y en la utilización de esquemas de coordinación interinstitucional e interdisciplinarios, más que en la creación de una nueva élite burocrática alejada de las víctimas y sus necesidades reales.

Por lo tanto, en este momento tenemos un doble reto: tratar de armonizar las leyes locales de atención a las víctimas y las acciones que ya se han implementado en los estados, a una Ley General mal diseñada; o impulsar una nueva legislación general a propósito de la discusión sobre la inconstitucionalidad de la vigente.

Como le mencionaba a Silvano Cantú Martínez, orgulloso redactor de la Ley General de Víctimas y miembro del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, durante la realización del Foro Estatal la Ley de Víctimas: Situación Actual, Perspectivas y Desafíos realizado en Monterrey: “no vale de mucho poner el hombro para que nuestras víctimas lloren su pena, ni mucho menos guardar un minuto de silencio por su desgracia, si en la práctica hacemos cosas inútiles por ellas”.

*El Maestro Marco Cancino (@marco_cancino) es el Director General de Inteligencia Pública.

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