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Las energías renovables sí son competitivas
Las energías renovables son competitivas frente a los combustibles fósiles, principalmente al gas natural, ya que en la segunda subasta de la CFE para comprar energía a terceros han alcanzado precios promedio por debajo del 26 % de los que se habían estimado en la convocatoria de la primera subasta.
Por Inteligencia Pública
29 de septiembre, 2016
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Por: Karina Tamayo (@Kar_Tamayo) y Liliana Estrada (@LilianaEG145)

Una de las consecuencias de la Reforma Energética es la capacidad de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) de comprar energía a terceros a fin de abastecer el consumo del sector doméstico y pequeños consumidores del país, a través de la realización de subastas por parte del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE). De esta manera, por medio de un proceso de licitación, las empresas generadoras presentan sus ofertas de venta a fin de obtener un contrato de cobertura eléctrica con vigencia de 15 años para suministrar electricidad proveniente de fuentes limpias y potencia, y de 20 años para Certificados de Energía Limpia (CELs).

A la fecha, CENACE ha llevado a cabo dos subastas eléctricas: la primera concluyó el 31 de marzo de este año, mientras que la segunda emitió su fallo final el pasado 28 de septiembre. Entre los principales resultados de ambos procesos destaca el alto grado de participación de empresas, sobresaliendo este último, ya que de los 66 licitantes precalificados, 57 presentaron ofertas económicas, de los cuales 23 fueron adjudicados. En contraste, durante la primera subasta, de 69 participantes con ofertas, tan sólo 11 fueron adjudicados.

Respecto a la competitividad de las ofertas seleccionadas, ambas subastas se caracterizan por los bajos precios de generación de las energías renovables, las cuales han presentado precios promedio entre 47.7 y 33.47 dólares por Megawatt/hora (MWh), frente a proyectos de ciclo combinado con precios alrededor de 48 dólares por MWh. Con base en lo anterior, los proyectos que han predominado en dichas adjudicaciones son solares y eólicos, con precios de 40.5 y 43.9 dólares por MWh en la primera subasta, respectivamente; mientras que en la segunda se alcanzaron precios promedio de 25 dólares por MWh. Sin embargo, la energía preponderante en potencia por su capacidad para abastecer en las horas de mayor demanda es la de ciclos combinados con gas natural.

Lo anterior, demuestra que las energías renovables son competitivas frente a los combustibles fósiles, principalmente al gas natural, ya que han alcanzado precios promedio por debajo del 26 % de los que se habían estimado en la convocatoria de la primera subasta. Además, reitera que son fuentes capaces de garantizar el abasto seguro, confiable y a largo plazo de energía, lo que permite incrementar la seguridad energética al hacer uso de recursos disponibles en el país; así como reducir la dependencia de las fuentes fósiles en la matriz energética, los cambios en costos asociados a la compra de combustible y las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

No obstante, es necesario establecer incentivos para una mayor inversión en energías renovables en el país, ya que hasta el momento, únicamente se han realizado el 28 % de las inversiones necesarias para cumplir con las metas establecidas en el Acuerdo de París y en la Ley de Transición Energética (LTE). Asimismo, de manera paralela se han otorgado facilidades para la producción y consumo de combustibles fósiles, principalmente para el gas natural, pues se destinan alrededor de 1.4 billones de dólares (25.2 mil millones de pesos) anuales, lo que constituye un freno para avanzar a la transición energética (Climate Transparency, 2016).

Por otro lado, si bien la instalación y puesta en marcha de los proyectos ganadores de ambas subastas representa una inversión total aproximada de 6 mil 600 millones de dólares para el país, así como un paso importante para la transición energética; la realización, verificación y aprobación de las evaluaciones de impacto social y ambiental pueden representar un obstáculo para su implementación exitosa y en tiempo. Esto se explica, en primer lugar, a la incertidumbre jurídica que sigue generando la falta de regulación del proceso de consulta indígena, así como de la Evaluación de Impacto Social (EVIS). En este aspecto, es indispensable que el gobierno federal emita a la brevedad posible las reglamentaciones respectivas de ambos procesos, con la finalidad de reducir  los espacios de discrecionalidad y conflictividad social.

En cuanto a la reglamentación de estos procedimientos, es esencial hacer una clara distinción entre las obligaciones del estado y de las empresas en torno a su relación con las comunidades indígenas, las cuales han sido mal interpretadas por grupos de interés locales para entorpecer el desarrollo de los proyectos y afectar la imagen y credibilidad de las empresas. En este sentido, el estado debe asumir su facultad de garantizar el desarrollo social y el respeto de los derechos humanos de las comunidades; mientras que las empresas deben garantizar que el desarrollo del proyecto no afecte el ejercicio de estos derechos a través de la imposición de medidas de prevención y mitigación de los impactos negativos, y ampliación de los impactos positivos.

Asimismo, es necesario que la EVIS y la consulta indígena dejen de ser consideradas como meros trámites formales y administrativos, para ser empleadas como verdaderas herramientas de diálogo, negociación y análisis exhaustivo de los impactos positivos y negativos del proyecto, en beneficio de los actores involucrados, esto es, tanto de las comunidades como de las empresas desarrolladoras, y en donde las metodologías participativas tengan un rol fundamental. A pesar de que lograr un escenario ganar-ganar es una tarea compleja, diversos casos de éxito tanto a nivel nacional como internacional demuestran que es posible.

Finalmente, otro de los retos a los que se enfrentarán los proyectos ganadores es el relativo a la prefactibilidad de los mismos, debido a que el esquema de subastas no contempla como requisitos de elegibilidad a los permisos medioambientales así como de uso y disfrute de terrenos. La carencia de estos elementos puede entorpecer el desarrollo de dichos proyectos, por lo cual es deseable que en futuras subastas éstos sean solicitados, con la finalidad de contar con garantías sobre viabilidad. Por otra parte, otro elemento vital será impulsar la inversión para el desarrollo de redes inteligentes para la transmisión y distribución de energía, ya que la política energética se ha enfocado en la construcción de gasoductos, pues se pretende incrementar 8,400 km a la red para llegar a 20,938 km en 2019, y con ello detonar una inversión equivalente a 14,098 millones de dólares (SENER, 2015).

 

* Liliana Estrada y Karina Tamayo son investigadoras en @IntPublica.

 

 

Potencia es la capacidad para atender los picos de demanda que son hasta cierto punto impredecibles, pero que las tecnologías que saben que siempre están generando, se pueden comprometer a ofrecerlo por plazos de 15 años.

Es el instrumento que valida el uso de tecnologías para la generación de energía limpia por empresas. De acuerdo con la Reforma Energética y sus leyes secundarias, los generadores, suministradores y grandes consumidores para el 2018, tendrán la obligación de producir y consumir el 5% de su energía por fuentes de energía limpia. En las subastas los CEL’s equivalen a 1 MGWh.

Las ofertas seleccionadas en la segunda subasta suman preliminarmente y de forma anual, 8.9 millones de MWh de energía, 9.3 millones de CEL y 1187 MW-año de Potencia, lo cual cubre el 83.8% de la oferta de compra de energía, el 87.3 % dela oferta de compra de CEL y el 80 % de la oferta de compra de Potencia. Por otro lado, la primera subasta permitió cubrir 84 % de la demanda de energía y CEL’s solicitada por la CFE. De consulta aquí.

La Ley establece que el 35 % de generación de electricidad debe ser a partir de energías limpias para el 2024.

La inversión de la primera subasta está calculada en 2,400 millones de dólares, mientras que la correspondiente a la segunda subasta es de aproximadamente 4,000 millones de dólares.

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