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Las víctimas en vilo
Un ejemplo muy claro de las serias deficiencias que la Ley General de Víctimas tiene es su inoperatividad ante el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace más de un mes, en donde no ha sido posible seguir un protocolo de atención a la propias víctimas indirectas (los familiares de los estudiantes desaparecidos).
Por Inteligencia Pública
30 de octubre, 2014
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Por: Marco Cancino (@marco_cancino)

El 9 de enero del 2013 el presidente Enrique Peña Nieto promulgó la nueva Ley General de Víctimas (LGV), norma que se supondría serviría de marco de referencia a nivel nacional para materializar el derecho de las víctimas de la violencia y del delito a ser atendidas, a que se les repare el daño que les fue provocado y a garantizar que el hecho violento y/o delictivo no se vuelva a repetir.

Sin embargo, la LGV tenía importantes fallas de diseño, sobre todo relativas a las instituciones encargadas de garantizar el derecho de protección y atención a las víctimas (que posteriormente se materializó en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas o CEAV), así como también de los elementos mínimos necesarios para el diseño de las políticas públicas y los protocolos para cumplir el objeto para el que fue creada. Además, la LGV desconoció por completo los esfuerzos que a nivel local se habían estado llevando a cabo desde años atrás, inclusive décadas, implicando un enorme reto para las instituciones estatales (gobiernos y congresos locales) para armonizar su normatividad local, políticas públicas, procesos y protocolos a una ley a luces inoperable. (Si desea ver un análisis más detallado de las áreas de oportunidad de la LGV consúltela aquí, aquí y aquí).

Una vez promulgada la LGV, vino el 3 de mayo del mismo año de su promulgación una reforma la cual se concentraba principalmente en su parte dogmática, es decir, en clarificar y ampliar el concepto víctima, que si bien era necesario, fue insuficiente (puede consultar la LGV aquí). Ello, debido principalmente a que dicha reforma a la ley prácticamente dejó sin cambios su parte orgánica, lo que implicó la pérdida de una valiosa oportunidad para remontar las importantes deficiencias que ésta aún presenta y que impide que en la práctica se pueda materializar este importante derecho de atención y protección a las víctimas de la violencia y del delito.

A nivel local, han sido pocas las entidades federativas que han podido armonizar de una manera mínimamente operable su normatividad local, ya que el principal obstáculo ha sido precisamente el inadecuado diseño de la LGV (aunque Silvano Cantú, entonces promotor de la LGV desde la sociedad civil, ahora flamante funcionario de la Secretaría de Gobernación, piense lo contrario). Esto provoca que las autoridades estatales que venían operando protocolos de atención y protección de víctimas de la violencia y el delito de manera más o menos eficiente y eficaz, vieran entorpecidos e incluso minimizados sus esfuerzos durante este proceso de armonización normativa a nivel nacional.

Un ejemplo muy claro de las serias deficiencias que la LGV tiene es su inoperatividad ante el caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa desaparecidos hace más de un mes, en donde no ha sido posible seguir un protocolo de atención a la propias víctimas indirectas (los familiares de los estudiantes desaparecidos), principalmente porque dicha ley no cuenta con los elementos necesarios para brindar el apoyo requerido a éstas, y así evitar su doble victimización (cabe señalar que la LGV vigente carece del reglamento correspondiente y por lo tanto, de los procedimientos y protocolos derivados de éstos); y a nivel local, los instrumentos jurídicos e institucionales han sido incapaces de cumplir con su mandato.

Ahora bien, en tanto se genere un verdadero proceso de análisis y reflexión en torno a las amplias áreas de oportunidad (o deficiencias) de la LGV vigente (en su parte orgánica) y que desemboque en una nueva reforma a la propia ley, se tendrá que aplicar la creatividad para hacerla mínimamente operable. Una vía para lograrlo es a través del fortalecimiento precisamente de la instancia encargada de diseñar los criterios generales de la política nacional de atención y protección de víctimas de la violencia y el delito, la CEAV. Al respecto, en este momento existe la oportunidad de fortalecer la CEAV a través del nombramiento de nuevos comisionados o comisionadas que sustituyan a las dos salientes.

Hasta hace poco tiempo, la CEAV se conformaba por tres comisionadas y cuatro comisionados. Sin embargo, el 10 de octubre dos de las comisionadas cumplieron su mandato (de un año), por lo que se hizo necesario iniciar el proceso de reemplazo.

Al respecto, es fundamental que no sólo se conserve la cuota de género (uno de los principales ejes rectores y transversales de la actual administración federal), sino también que los criterios de selección de las nuevas comisionadas sea su experiencia técnica y operativa, y no sólo académica y/o política.

¿Por qué en un organismo como el CEAV es imperativo que se privilegie el perfil técnico y operativo sobre el académico y/o político? Simplemente porque se requiere personas con amplia experiencia y conocimiento no sólo de la problemática a nivel teórico, sino también a nivel práctico, cuyas propuestas para el diseño de políticas públicas y criterios generales sea precisamente la búsqueda de resultados concretos. En distintos órganos colegiados es frecuente ver cómo son seleccionados perfiles que cubren cuotas de centros académicos, como el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, o de grupos políticos o de la sociedad civil, que carecen de experiencia práctica. La atención y protección de víctimas de la violencia y el delito requiere de perfiles capaces de diseñar políticas públicas que permitan materializar de manera concreta y eficaz dicho derecho y para el caso mexicano, remontar también las grandes debilidades que tiene la propia LGV.

El reto es enorme, es cierto, pero en este momento tenemos una pequeña ventana de oportunidad de empezar a remediar las cosas. Existen 20 candidatos y candidatas que se postularon para ser comisionados o comisionadas del CEAV a partir de la convocatoria publicada en el Diario Oficial de la Federación el 28 de agosto de este año. Revisando sus perfiles, son muy pocos los que cumplen con las características necesarias para cumplirlo. La bolita está del lado de la Secretaría de Gobernación (quien deberá proponer las ternas finalistas) y del Senado de la República (quien elegirá de esas ternas a quienes sustituirán a las comisionadas que concluyeron su mandato).

 

* Marco Cancino (@marco_cancino) es Director General de Inteligencia Pública (@IntPublica)

 

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