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Ley General de Víctimas, los retos
La atención a las víctimas merece especial interés principalmente porque ha sido una de las preocupaciones más importantes de la sociedad civil, ya que es uno de los factores más importantes que inciden en la percepción de inseguridad de la población.
Por Inteligencia Pública
27 de febrero, 2013
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Por: Malkah Nobigrot (@malkahnk) y Marco Cancino (@marco_cancino)

En estos momentos se encuentra en el debate público la viabilidad de la Ley General de Víctimas (LGV) vigente, así como también se encuentran en la mesa de discusión distintas propuestas encaminadas a resolver sus principales problemas estructurales y operativos.

El presente artículo pretende analizar el contexto en el que la LGV se desenvuelve, sus principales debilidades, así como también, las propuestas de reforma presentadas recientemente por representantes de la sociedad civil y de movimientos sociales. Al mismo tiempo, presentaremos algunas propuestas que consideramos podrían abonar en hacer que el actual marco normativo dedicado a la atención de las víctimas en México, alcance un nivel de operatividad adecuado.

 

Tres distintas estrategias para un mismo problema

Según datos del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), resulta claro que en los últimos cinco años tanto la violencia como la incidencia delictiva se incrementaron en el país.

Al inicio del sexenio anterior (2006) la incidencia delictiva en el país registrada, según cifras del propio SNSP, era de 1,608,359 denuncias presentadas ante agencias del Ministerio Público. De éstas, 137,258 correspondieron a delitos del fuero federal y 1,471,101 del fuero común. Es decir, como se puede observar en la Gráfica 1, el 91.47% de los delitos eran del fuero local y el 8.53% restante, del fuero federal.

IntPública GRAFICA 1

Para finales del 2012 las denuncias totales registradas en el SNSP se incrementaron un 12.28% con respecto al 2006, alcanzando 1,805,920. De dichas denuncias, sólo el 6.93% fueron del fuero federal (125,328), y el 93.07% del fuero común (1,680,592). Es decir, entre el inicio y el término del sexenio del Presidente Felipe Calderón la tasa de crecimiento de los delitos del fuero federal registró un decremento acumulado del 30.93%, con una tasa promedio anual de -7.06%. En contraste, los delitos del fuero común registraron un crecimiento en el periodo 2007 – 2012 del 14.2%, con una tasa promedio anual de crecimiento del 2.52%.

Lo anterior significa que los niveles de violencia e incidencia delictiva se incrementaron, especialmente aquellos relacionados con los delitos del fuero común, responsabilidad de los gobiernos locales.

Con respecto a las víctimas de los delitos tanto federales, como locales, si bien no hay un acuerdo generalizado con respecto al número de víctimas fallecidas por la violencia vinculada a la delincuencia, ya sea organizada o por otro tipo de delitos (extorsiones, asesinatos, secuestros y robo a casa habitación, vehículo o transeúnte), en lo que sí hay un consenso es en la necesidad de tomar medidas urgentes para reducir la violencia y mitigar sus efectos sobre la población. Es decir, existe un acuerdo en todos los sectores del gobierno y la sociedad de que deben tomarse medidas contundentes para prevenir el brote de nuevos focos de violencia e incidencia delictiva, disminuir los niveles existentes y atender de manera inmediata a las víctimas del delito.

Sin embargo, se han planteado distintas estrategias para afrontar estos retos. Es decir, lograr una justicia penal más expedita y eficiente; diseñar una estrategia integral para la prevención del delito; y crear el marco normativo que permita atender a las víctimas.

La primera estrategia demanda una transformación estructural de fondo, que si bien ya se encuentra en marcha, aún se requiere lograr un consenso respecto de los “cómos”, además de renovar y consolidar los acuerdos políticos para conseguir su plena operatividad. Nos referimos a la reforma al Sistema de Justicia Penal Acusatorio. Para lograr la finalidad que se persigue con dicha reforma, estimamos que los cambios institucionales y procesales que se realicen no sólo deben ser superficiales, sino que requerirán ser estructurales y de fondo, a fin de generar los incentivos para consolidar y hacer más eficientes los procesos e instituciones existentes y lograr una mayor sinergia entre las diferentes instancias y órdenes de gobierno que atienden y acompañan al ciudadano en todo el proceso que conlleva la procuración e impartición de justicia.

Es cierto que dicha transformación requiere un importante esfuerzo político, institucional y sobre todo financiero. No obstante, invertir en la mejora de la operación del Sistema de Justicia Penal permitiría, en el largo plazo, contribuir al decremento de los índices de violencia, a la disminución del altísimo nivel de impunidad que impera en al país, a frenar la cada vez mayor participación de menores en la comisión de delitos, y sobretodo, a enviar una clara señal de que violar la ley tiene consecuencias y altos costos para el delincuente.

La segunda es la conformación de una estrategia de prevención de la violencia y el delito, como la presentada hace unos días por el Gobierno de la República, denominada Programa Nacional de Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia. Si bien dicha estrategia requiere – al igual que la reforma al Sistema de Justicia Penal – de acuerdos políticos y de una adecuada coordinación institucional y entre los distintos órdenes de gobierno, el nivel de éxito de ésta radicará en la realización de diagnósticos adecuados, en el diseño de soluciones a los problemas de manera integral y holística, incluyendo políticas públicas transversales más enfocadas a la reducción y prevención de la violencia, y en el establecimiento de indicadores de resultados a corto, mediano y largo plazo con el propósito de medir el éxito en la implementación y en su caso, hacer las correcciones necesarias en vista de los resultados obtenidos. Sin embargo, aún falta que dicha propuesta se concrete y sobretodo que vaya más allá que un simple acto protocolario, es decir, que se determine exactamente qué se quiere hacer; quiénes lo harán; con qué recursos se instrumentarán las medidas y las políticas públicas; y cómo se medirán los avances, los resultados e impacto.

Existe una tercera vía que también debe preverse a fin de atender de manera inmediata a las víctimas de la violencia y del delito, sobre todo considerando que tanto la implementación y operación del nuevo Sistema de Justicia Penal así como las políticas encaminadas a disminuir la violencia y la delincuencia rendirán posiblemente sus frutos en el mediano-largo plazo y que estas medidas de ninguna manera representan la “bala de plata” para solucionar todos los problemas de violencia, inseguridad y delincuencia en el país. Lo anterior debido a que, independientemente de que se haya anunciado una estrategia nacional para prevenir la violencia y el delito, por desgracia, se seguirán produciendo víctimas en tanto no se consoliden las estrategias gubernamentales y los cambios estructurales propuestos; claro está, si se instrumentan adecuadamente.

Ahora bien, la atención a las víctimas merece especial interés principalmente porque ha sido una de las preocupaciones más importantes de la sociedad civil, ya que es uno de los factores más importantes que inciden en la percepción de inseguridad de la población. Por otra parte, es un tema central y fuente de presión política de distintos movimientos ciudadanos del país, que logró concretarse con la aprobación por el Congreso de la Unión de la Ley General de Víctimas a mediados del 2012. Pero también es un tema relevante desde el punto de vista político debido a la gran controversia que generó la decisión del actual Presidente Enrique Peña Nieto de promulgar y publicar dicha Ley el pasado 9 de enero, principalmente porque ésta tiene importantes deficiencias no sólo de forma, sino principalmente de fondo, que comprometen su eficiente y eficaz operación.

En la siguiente entrega, analizaremos algunos de los principales problemas de la ley vigente, así como de los puntos más relevantes de la iniciativa de reforma presentada por el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad encabezada por el poeta Javier Sicilia y apoyada por casi todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso de la Unión, a excepción de Acción Nacional.

 

* *Malkah Nobigrot es abogada, graduada de la UIA y de la Universidad de Harvard; especialista en diseño institucional y normativo. Puedes escribirle a [email protected]

**Marco Cancino es politólogo y Director General de Inteligencia Pública. Puedes escribirle a [email protected]

 

 

 

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