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Lo barato nos sale muy caro: los subsidios a los energéticos
Si bien es necesario dejar de subsidiar a los energéticos, la manera en la que lo ha hecho el gobierno en los últimos años ha sido entendido como un alza de precios injustificada. El problema es que no se ha comunicado correctamente la necesidad de revertir esta política, aunque los argumentos a favor sobran.
Por Inteligencia Pública
13 de junio, 2013
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Por: Mariana Gómez Sánchez (@gsmmariana) y Liliana Estrada (@lilianaeg145)

En los próximos meses estaremos oyendo con mucha frecuencia sobre las reformas fiscal y energética. Uno de los temas más importantes que deberán incluir es la reasignación de los subsidios energéticos. Sin embargo, en la lógica colectiva esto podría significar un mero aumento de precios por parte del gobierno, si no se explican las razones y consecuencias de dicha política.

En Inteligencia Pública hemos realizado un análisis integral de la política de los subsidios energéticos en México en el que se puede identificar el cómo y el por qué de su implementación, así como los montos y las consecuencias de esta política. Antes de entrar en detalle al análisis dedicaremos esta primera entrega a conocer el contexto sobre el que se han asignado estos subsidios.

En los últimos 12 años, el consumo nacional de energía en México creció 25.4% – pasó de 6,698.403 petajoules en el 2000 a 8,399.020 en el 2011. Esta tendencia seguirá creciendo dramáticamente pues casi todas las actividades que realizamos utilizan combustibles fósiles directa e indirectamente. México tiene la suerte de contar con los recursos propios suficientes, sustentables y competitivos para lograr el desarrollo económico y energético que requiere. Sin embargo, la ineficiencia del sector energético y la  falta de modernización de los productores de petróleo, electricidad y gas han provocado que gran parte de la energía que se consume en el país se compre, especialmente de Estados Unidos. En el 2011 México importó más del 27% de la energía que consume (2,269.134 petajoules), de los cuales el 49% fueron de gasolinas y diesel, el 30% de gas natural, el 8% de carbón y el 6% de gas licuado de petróleo, principalmente (Sistema de información energética, 2011).

La ineficiencia en el sector no sólo resulta en una menor producción nacional, también implica un alto costo para los consumidores ya que, al importar, el precio de los energéticos se somete a la fluctuación del mercado internacional que en la mayoría de los casos tiene un costo mayor al de producirlos en el país.

Ante esta situación, el Ejecutivo Federal en las dos últimas administraciones (Vicente Fox y Felipe Calderón), y sobre todo durante la crisis económica en EE.UU. en el 2008, implementó una política denominada “Subsidios a los energéticos”. Esta política se dio bajo la justificación de ayudar al usuario final a reducir el impacto de la alta volatilidad en el precio de referencia internacional, así como de la baja en la producción de gas y petróleo. De esta manera, el gobierno federal intervenía en el mercado a fin de evitar un desequilibrio en los precios, y proteger a la economía del encarecimiento tanto del transporte público, como de las actividades productivas. Es decir, los subsidios a los energéticos surgieron como una política con buenas intenciones que fracasó en su implementación y como consecuencia nos ha salido muy cara a los mexicanos. Pero exactamente, ¿qué es lo que ha fallado?

Los subsidios en México no son partidas presupuestales, ni existen como montos específicos asignados. En cambio, se otorgan de dos formas: ya sea como una exención en el cobro de impuestos o al ofrecer productos más baratos de lo que cuesta producirlos o comprarlos. Ambas formas representan montos que el gobierno deja de ingresar, ya sea en forma de impuestos o como parte del pago de los servicios públicos.

La lógica del otorgamiento de subsidios es justificable siempre y cuando funcione como una ayuda económica a los usuarios, sobre todo a los de menores ingresos, ante los cambios bruscos del precio internacional o de los costos de producción. Sin embargo, los subsidios a los energéticos presentan una grave inconsistencia: son recibidos por todo aquél consumidor de energéticos, pues se trata de un subsidio generalizado, y en algunos casos benefician más a aquellos que más consumen.

El problema de fondo es que las metodologías con las que se asignan no fueron diseñadas bajo la lógica de apoyar a los que menos tienen. Por ejemplo, el subsidio a la gasolina  -el menos complejo metodológicamente, pero el más grande en términos de beneficiarios y montos, por la enorme cantidad de usuarios y la ampliación del parque vehicular – se obtiene por la diferencia entre el precio de venta de referencia internacional (el mercado de la costa norteamericana del Golfo) y el precio de venta interna de gasolinas.

El cálculo del subsidio al gas LP es más complicado pues se obtiene de la diferencia del precio del gas LP en el mercado de propano y butano de MontBelvieu, Texas y el precio de decreto de Venta de Primera Mano de Pemex. Es decir, el subsidio sucede cuando Pemex le vende a los distribuidores de gas LP (empresas privadas) a un precio menor que al que importa (compra) y cotiza el gas LP en el mercado internacional. Este subsidio pasa a los consumidores por el establecimiento de precios máximos de venta al público a través de Decretos determinados por la Secretaría de Energía (SENER) por medio de la Comisión Reguladora de Energía (CRE),  Pemex gas y Petroquímica Básica y la Secretaría de Economía (SE).

El cálculo del subsidio a la electricidad es el más complejo pues se obtiene bajo dos procedimientos, uno es a través de costos de producción, ya que la electricidad se produce dentro del país, por lo que no se compara con un precio internacional, sino por el costo de suministro, es decir, por el costo de generación, distribución, transmisión y captación de la energía eléctrica. Entonces, el subsidio a la electricidad se define como la diferencia entre el precio de la electricidad pagada por los consumidores y el costo promedio de suministro.  Y segundo, por las transferencias contables que el gobierno federal reembolsa a la paraestatal – la Comisión Federal de Electricidad (CFE) – en donde  los subsidios son transferidos a sus consumidores al descontarles los impuestos y aprovechamientos que de cualquier manera la CFE tendría que pagar al gobierno (Art. 46 de la Ley del Servicio Público de la Energía Eléctrica).

De acuerdo a las metodologías publicadas por las instancias oficiales encargadas del subsidio, podemos decir estos pueden ser de tres tipos:

×          Al consumidor: se otorga descontando una parte del precio final que tienen que pagar los consumidores, como es el caso de la gasolina. Sin embargo, este subsidio beneficia más a quien más consume.

×          Al distribuidor: se otorga cuando Pemex vende a un precio más barato de lo que le cuesta, tal es el caso del gas LP, que aunque el apoyo llega a los consumidores de manera focalizada, gran parte del subsidio es absorbido por las empresas privadas encargadas de distribuir.

×          Al productor: se le puede llamar así al subsidio a la electricidad pues quien obtiene el beneficio en un inicio es la CFE a través de la condonación de impuestos.

Pocos han sido los resultados positivos de los subsidios a los energéticos y más que beneficiar a la población han contribuido a la generación de otros problemas, por lo que valdría la pena repensar sus metodologías. Se ha encontrado que de su aplicación se desprenden tres efectos secundarios: regresividad social, costos de oportunidad e impacto en el medio ambiente y en la salud de las personas.

En el 2011 los hogares con mayores ingresos en México recibieron el 52.3% del subsidio a las gasolinas y el diesel, así como el 46% del subsidio a la electricidad; mientras que solo el 3.6% benefició a las clases más bajas en el caso de gasolina, 17.7%, en lo que respecta a electricidad. Es decir, esta política no solo no beneficia a los más pobres, sino que tiene graves efectos regresivos en la sociedad, pues fortalece las brechas de desigualdad.

Además, el ingreso que deja de recibir el gobierno para subsidiar los productos y servicios energéticos podría ser mejor utilizado en acciones que desincentiven o que hagan más eficiente el consumo de energéticos, tales como mejorar el transporte público, invertir en energías renovables, modernizar la infraestructura petrolera, o incluso, invertir en programas sociales que realmente beneficien a los sectores más desfavorecidos.

Finalmente, el subsidio a los energéticos nos sale muy caro por las graves consecuencias que provoca en el medio ambiente y en la salud. En 2010 alrededor del 65% de los gases de efecto invernadero en el mundo fueron generados por el sector energético. Las políticas que fomentan el consumo, como la de los subsidios, se convierten en medidas contraproducentes para reducir los impactos de la mala calidad del aire y el medio ambiente.

Si bien es necesario dejar de subsidiar a los energéticos, la manera en la que lo ha hecho el gobierno en los últimos años ha sido entendido como un alza de precios injustificada. El problema es, en primer lugar, que no se ha comunicado correctamente la necesidad de revertir esta política (y los argumentos sobran), y en segundo, que los recursos que ha recaudado el estado a partir de la reducción del subsidio – como en el caso de las gasolinas – no se han invertido para hacer más eficiente el uso de los energéticos y mucho menos para beneficiar a los más necesitados. No se puede dejar de mencionar que una nueva política de reasignación de subsidios tiene que venir acompañada de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, y así reducir el costo político que implicará el ajuste de precios.

 

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