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Los niños migrantes: el “nuevo” reto de la política migratoria en México
Si México orienta su política migratoria a intensificar las deportaciones, así como a obstaculizar la entrada y el tránsito de migrantes –como el impedir que sigan viajando en La Bestia– difícilmente logrará frenar el flujo migratorio.
Por Inteligencia Pública
7 de agosto, 2014
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Por: Karina Tamayo (@Kar_Tamayo)

A pesar de no ser un problema nuevo, la migración de niños no acompañados en México no había cobrado tanta visibilidad como hasta hace unos meses. Si bien la migración infantil ha sido un tema recurrente en los medios y en la agenda de trabajo de diversas organizaciones de la sociedad civil, es evidente que la importancia que las autoridades gubernamentales le han otorgado recientemente responde al carácter de ‘crisis humanitaria’ que el gobierno de Estados Unidos otorgó a este fenómeno. Sin embargo, la urgencia por encontrar soluciones a esta problemática debería fundamentarse en la implementación de una política migratoria integral alineada con los programas y leyes existentes en materia migratoria, más que en crisis políticas momentáneas así como en presiones diplomáticas.

La magnitud de la problemática es innegable. De acuerdo a cifras del Instituto Nacional de Migración (INM), en 2011 se registraron 4,160 detenciones de niños, niñas y adolescentes migrantes, en 2012 se contabilizaron 6,107, mientras que en 2013 la cifra llegó a 9,893 casos. Esto representa un aumento en las deportaciones entre 2011 y 2013 del 137%. Por otro lado, hasta junio de este año, el total de menores detenidos registrado por el INM fue de 10,515 niños, esto es, 6% más en relación al total del año anterior.

Este incremento en el flujo de menores migrantes se explica en gran medida a la situación de pobreza y de violencia relacionada con las pandillas o maras en Honduras, Guatemala y el Salvador, principales países expulsores de menores migrantes. Asimismo, se considera que las falsas expectativas que ha generado la Ley de Acción Diferida en las comunidades migrantes, así como el reforzamiento de los controles en la frontera sur, han contribuido a este aumento.

Ante este escenario, cabe cuestionar si el gobierno mexicano cuenta con mecanismos efectivos tanto para enfrentar el problema de fondo, como para responder eficazmente a la crisis humanitaria que viven los niños migrantes. En el primer caso, si bien no corresponde a México atacar directamente la pobreza y la violencia en estos países, es pertinente formular estrategias con los gobiernos involucrados, destinadas a combatir el vínculo entre la delincuencia organizada y la migración, cuestión que permanece prácticamente desatendida. Asimismo, le corresponde seguir impulsando programas de cooperación para el desarrollo regional, enfocados en temas como la educación, el desarrollo productivo y la creación de empleos.

En segundo lugar, el área en donde la política migratoria posiblemente tiene mayores oportunidades es en la protección de los derechos humanos, y en particular, en la reducción de la condición de vulnerabilidad que viven los niños migrantes en su tránsito por México.

La reacción más reciente del gobierno federal ha sido la puesta en marcha del Programa Frontera Sur, el cual tiene como propósitos proteger y salvaguardar los derechos humanos de los migrantes que ingresan y transitan por México, así como ordenar los cruces internacionales para incrementar el desarrollo y la seguridad de la región. Si bien en el discurso este programa parecería responder a la problemática, en la realidad, esto es dudoso.

Por un lado, la disyuntiva entre el enfoque de derechos humanos y de seguridad nacional sigue dotando de inconsistencia a la política migratoria del país, repercutiendo así en sus alcances. En este sentido, la mayoría de las acciones del programa se concentra en el reforzamiento de la infraestructura fronteriza y de los controles migratorios, con estrategias muy similares a las ya implementadas en sexenios anteriores, como la emisión de permisos de visitante y para trabajadores.

Por su parte, la protección del migrante y de sus derechos parece abordarse únicamente desde una perspectiva de recursos, más no de garantías. Si bien mejorar las condiciones físicas de los albergues y de las estaciones migratorias es indispensable, es también una prioridad reformar la operación de los mismos, lo que implica erradicar las prácticas de corrupción y discrecionalidad en el personal migratorio y de seguridad a través de la efectiva implementación de mecanismos de control, supervisión y evaluación. Ninguno de estos aspectos es abordado de manera directa en el programa.

Por otro lado, el papel que desempeñará la Coordinación para la Atención de la Frontera Sur en brindar atención y ayuda humanitaria al migrante, y garantizar el respeto a sus derechos humanos, es aún poco específico. A pesar de que ésta podría servir de puente entre las distintas dependencias estatales involucradas en el fenómeno, su esfera de actuación es únicamente federal. Por lo tanto, la inexistencia de instrumentos legales que regulen sus funciones, así como su limitada contribución hacia una mayor articulación institucional a nivel estatal y local, son signos de debilidad y de falta de coherencia en las instituciones migratorias del país.

En resumen, si México orienta su política migratoria a intensificar las deportaciones, así como a obstaculizar la entrada y el tránsito de migrantes –como el impedir que sigan viajando en La Bestia– difícilmente logrará frenar el flujo migratorio y además aumentará el grado de vulnerabilidad de los niños migrantes, provocando que éstos tomen rutas más peligrosas, paguen cuotas y sobornos aún mayores a agentes migratorios, policías y polleros, y queden mayormente expuestos al crimen organizado.

Bajo esta lógica, uno de los principales retos que México deberá enfrentar en el corto y en el mediano plazos es el diseño y la implementación de protocolos de atención y protección para niños migrantes que garanticen el respeto del interés superior del niño, que es frecuentemente violentado por las autoridades migratorias, y que ha originado un círculo vicioso de deportaciones y violaciones de derechos humanos. Esto, acompañado de una armonización de las leyes estatales con las leyes federales y los tratados internacionales en la materia, así como de reformas institucionales orientadas hacia el respeto de los derechos humanos y alineadas con los programas recientemente creados, constituyen la solución más deseable y efectiva, mas no la más simple.

 

* Karina Tamayo es Investigadora de Inteligencia Pública

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