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Los retos de la Consulta Indígena en el desarrollo de proyectos eólicos
El acuerdo sin precedentes alcanzado entre los gobiernos Federal y Estatal tras la consulta con las comunidades de Juchitán y el Espinal, para el desarrollo del proyecto Eólica del Sur, puede desencadenar conflictos que dificulten la aprobación de la construcción y operación de nuevos parques en la región, toda vez que no queda claro si el gobierno federal apoyará de igual manera los proyectos que se tienen contemplados en la región a futuro, ante el reclamo de las comunidades locales para que las empresas eólicas les otorguen los mismos beneficios.
Por Inteligencia Pública
1 de octubre, 2015
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Por: Karina Tamayo (@kar_tamayo)

Uno de los logros más significativos de la reforma energética fue la introducción de los procesos de Evaluación de Impacto Social y de Consulta en sus leyes secundarias. Estos mecanismos reflejan un cambio de paradigma en el desarrollo del sector energético del país, en donde se vinculan los principios de sostenibilidad y respeto de los derechos humanos de las comunidades y pueblos, con el desarrollo económico, para generar beneficios a la sociedad a largo plazo. Sin embargo, la realización de estos procesos presenta importantes retos para el gobierno Federal así como para los interesados en el desarrollo de proyectos de la industria eléctrica (y de hidrocarburos también).

La implementación del proceso de Consulta Previa, Libre e Informada para el desarrollo del proyecto Eólica del Sur en las comunidades de Juchitán y el Espinal, en el estado de Oaxaca, constituye el ejemplo más reciente del desafío que implica la puesta en marcha de lo estipulado en su regulación, en concreto el artículo 119 de la Ley de la Industria Eléctrica, los artículos 89 a 92 del Reglamento de la Ley de la Industria Eléctrica, el Convenio 169 sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y la Declaración de Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas.

En general, un proceso de consulta representa una vía para materializar el derecho de los pueblos indígenas a establecer un diálogo intercultural con el Estado, en situaciones que impliquen una afectación a sus derechos o intereses. Por lo tanto, es una obligación del Estado garantizar el cumplimiento de este derecho, mediante procedimientos apropiados, a través de sus instituciones representativas y con la finalidad de alcanzar un acuerdo u obtener el consentimiento libre e informado sobre cierta cuestión.

Con base en lo anterior, la Secretaría de Energía (SENER), instancia facultada para realizar las consultas en coordinación con otras dependencias federales, elaboró un Protocolo para proponer las bases sobre las cuáles se desarrollaría el proceso, con el objeto de tratar de alcanzar un acuerdo u obtener el consentimiento sobre la construcción y operación del parque Eólica del Sur. Cabe destacar, que este Protocolo tomó como guía los principios rectores de una consulta establecidos por el Convenio 169 de la OIT, y se elaboró con base en los instrumentos jurídicos nacionales e internacionales en la materia.

A pesar del esfuerzo de dependencias pertenecientes a los tres niveles de gobierno en la implementación del proceso de consulta y la participación de diversas organizaciones juchitecas, la complejidad del contexto político, social y cultural de Juchitán dificultó que éste se realizara apegado en su totalidad al Protocolo, siendo calificado incluso como una situación extraordinaria en cuanto a la aplicación de la obligación internacional de implementar la consulta. Esto provocó que ciertos grupos opositores presentaran una demanda de amparo, alegando violaciones a los derechos humanos y vicios procesales durante el proceso.

No obstante, el objeto fundamental de la consulta se alcanzó, dando como resultado un acuerdo compuesto por una serie de compromisos por parte del gobierno Federal, el gobierno de Oaxaca y la empresa Energía Eólica del Sur, los cuales se traducen en beneficios tangibles para las comunidades, y que fueron aprobados por la mayoría de sus integrantes.

Por su parte, la empresa se comprometió a destinar anualmente un financiamiento equivalente a un aproximado del 10% del consumo promedio anual de los usuarios de la Tarifa 1C, con el objetivo de reducir su factura eléctrica. Asimismo, dará preferencia al municipio de Juchitán en la compra de bienes y contratación de servicios relacionados al desarrollo del proyecto y cumplirá con sus obligaciones en materia fiscal con el municipio, entre otros.

Respecto a los compromisos asumidos por el gobierno Federal, éste adoptó la mayoría, siendo el principal impulsar en conjunto con la comunidad indígena del municipio una estrategia de sustentabilidad energética que promueva el uso de energías limpias y la eficiencia energética. Entre las acciones que conforman este compromiso se encuentran el desarrollo de un Parque Eólico Municipal, compuesto por dos aerogeneradores (1 del gobierno Federal y 1 del gobierno Estatal) que destinen la energía al consumo de los habitantes del municipio, y a gestionar, a través de la SENER, los recursos para la elaboración de un estudio de impactos acumulativos sociales y ambientales referente al desarrollo eólico en la región del Istmo de Tehuantepec, atendiendo así una de las principales exigencias de las organizaciones de la sociedad civil y centros de investigación.

En lo que corresponde al gobierno Estatal, éste se comprometió a destinar hasta 130 millones de pesos para el financiamiento de proyectos de desarrollo estratégico comunitario presentados por el municipio, mediante recursos del Fondo Regional 2015. Sin duda alguna, los contenidos de este acuerdo no tienen precedentes en la región, y por ello representan un paso significativo para el sector energético. Sin embargo, su operación reviste de una gran complejidad y conlleva efectos colaterales que pueden obstaculizar el desarrollo de nuevos proyectos en la región.

En este sentido, y ante la magnitud de los compromisos adoptados por el gobierno Federal, surge la interrogante respecto si éste apoyará de igual manera los proyectos que se tienen contemplados en la región a futuro, ya que las comunidades locales involucradas en otros proyectos han comenzado a declarar que las empresas eólicas deberán otorgarles los mismos beneficios. Esta confusión entre las atribuciones de las empresas y los gobiernos Federal y Estatal puede desencadenar conflictos que dificulten la aprobación de la construcción y operación de nuevos parques en la región.

Con base en lo anterior, resulta conveniente que las autoridades municipales, con apoyo del gobierno Federal y Estatal, impulsen una estrategia de comunicación a fin de informar a las comunidades que el proceso de consulta en cada proyecto será diferente y que se adaptará a sus particularidades, y por consiguiente, los compromisos y beneficios derivados de éste no podrán ser los mismos. Asimismo, será preciso hacer una clara distinción entre las obligaciones del gobierno y de las empresas en torno a la implementación del proceso y los acuerdos de la consulta, de manera que estos aspectos no perjudiquen el avance de futuros proyectos.

Finalmente, la importancia de esta consulta radica en que al ser la primera en su tipo, más que ser considerada como un modelo a seguir en los próximos proyectos eólicos derivados de la reforma energética, debe ser vista como una experiencia de aprendizaje que permita atender y superar las áreas de oportunidad detectadas, a fin de lograr un proceso homologado a los estándares internacionales y mejores prácticas. El principal reto del gobierno Federal será enfrentar esta realidad, a fin de implementar la consulta no como un fin en sí mismo, sino como un verdadero instrumento de participación y diálogo con las comunidades que pueda ser reiterado como un mecanismo de ajuste en los distintos momentos de vida de un proyecto, y que permita lograr el consentimiento o un acuerdo entre las partes involucradas, ajustado a las características de cada proyecto y a las necesidades de cada comunidad.

 

 

@IntPublica

 

Este parque de energía eólica consiste en 132 aerogeneradores para una capacidad total de 396 MW y tendrá una inversión de más de 14 mil millones de pesos.

Estos principios rectores son: el carácter previo de la consulta, el imperio de la buena fe, el ejercicio libre de consulta, la información basta, suficiente y comprensible, la pertinencia cultura y lingüística, la flexibilidad en los procedimientos y tiempos, la transparencia y la corresponsabilidad de los actores.

También se comprometió a destinar 15 millones 600 mil pesos anuales para reducir en 35% la factura eléctrica de los usuarios en la tarifa 1C del municipio mientras se instala el parque; a establecer un centro de energías alternas para el desarrollo de proyectos y la investigación aplicada; a impulsar un proyecto para mejorar la eficiencia energética de los servicios públicos municipales de Juchitán; y a financiar a través de SEGOB la adquisición de los predios para la instalación del parque y del centro de energías alternas con recursos del gobierno del estado de Oaxaca.

Es la primera consulta realizada por el Estado, representado en sus tres niveles de gobierno, para la instalación de un megaproyecto de generación de energía eléctrica en el Istmo de Tehuantepec.

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