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Más allá del “Chapo”. ¿Qué pasa con el sistema penitenciario en México?
El sistema carcelario en México enfrenta una profunda crisis que va más allá de los sucesos recientes relacionados con Joaquín Guzmán Loera, y cuyas causas se vinculan con muchas de las dificultades estructurales que desde hace muchos años caracterizan a nuestro país.
Por Inteligencia Pública
21 de enero, 2016
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Por: Carmen Menéndez (@mariacarmen1190)

Si bien las fugas de uno de los narcotraficantes más perseguidos del país podrían prestarse como punto de partida para decir que algo está mal con el sistema penitenciario mexicano, es un hecho que la probabilidad de fuga de cualquier delincuente constituye el menor de los problemas en el contexto actual. El sistema carcelario en México enfrenta una profunda crisis que va más allá de los sucesos recientes relacionados con Joaquín Guzmán Loera, y cuyas causas se vinculan con muchas de las dificultades estructurales que desde hace muchos años caracterizan a nuestro país, a saber: la corrupción, la impunidad, la pobreza y la ineficiencia en la procuración e impartición de justicia.

Durante el sexenio de Felipe Calderón comenzaron los esfuerzos por cambiar la situación relativa a la justicia en México, al respecto se impulsó la reforma penal que, entre otras cosas, implica la transición de un sistema procesal de tipo inquisitivo a uno acusatorio, cuya principal característica es la salvaguarda de los derechos del individuo. Se espera que con la aplicación total del nuevo de sistema de justicia penal México cuente con una impartición de justicia más eficaz, eficiente y que se traduzca en una mayor satisfacción para la sociedad.

La implementación de este sistema constituye un reto enorme para la justicia mexicana, sobre todo porque la fecha límite para su puesta en marcha está muy próxima y sólo 13 entidades ya lo tienen en funcionamiento, mientras que ocho están por iniciar y 11 no han iniciado con la implementación. El Distrito Federal, entidad con mayor cantidad de población penitenciaria (38,668) y con más sobrepoblación, es una de las entidades que no han iniciado la transición al sistema de justicia penal acusatorio. El dato es relevante ya que entre los beneficios que el sistema de justicia penal acusatorio tiene se encuentra la justicia alternativa, es decir, la utilización de medidas diferentes a la privación de la libertad como una forma de solucionar controversias, lo cual contribuiría en importante medida a reducir la presión sobre los centros penitenciarios del país.

Con base en lo anterior, la problemática del sistema penitenciario está íntimamente relacionada al funcionamiento del sistema de impartición de justicia. Actualmente, los centros de reinserción social en México tienen una sobrepoblación de 54,063 reclusos, cifra equivalente al 21% de la población total penitenciaria; esta situación responde principalmente a la gran cantidad de población procesada (aquella que está en espera de recibir sentencia) que está recluida en las cárceles mexicanas y que, en el caso del fuero común, la cifra asciende a 83,761 personas. Es esencial que la reforma al sistema de justicia penal se traduzca en una impartición de justicia más expedita, sobre todo respecto al proceso de dictar sentencia.

La sobrepoblación y hacinamiento en los centros penitenciarios mexicanos conlleva mayores problemas, tales como: la convivencia entre población sentenciada y procesada; la separación inadecuada de hombres y mujeres en áreas de servicio médico, actividades educativas y visita íntima, y disminución de la capacidad del personal penitenciario por insuficiencia. A estas circunstancias hay que añadir otras problemáticas: de acuerdo al Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria, elaborado anualmente por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la mayoría de los centros penitenciarios tiene servicios de salud deficientes, carecen de protocolos para atender incidentes violentos, no cuentan con una debida atención a violaciones a los derechos humanos, tienen infraestructura insuficiente, la alimentación de los internos es deficiente, el personal de seguridad y custodia no es suficiente, se suscitan situaciones de autogobierno, existen condiciones desiguales entre internos, las actividades laborales y de capacitación para el trabajo son insuficientes, carecen de programas de prevención de adicciones y desintoxicación voluntaria, y la atención a mujeres, niños y otros grupos con requerimientos especiales también es deficiente.

El compromiso del gobierno actual debe enfocarse en reestructurar de raíz la operación del sistema penitenciario, comenzando por el establecimiento de los instrumentos legales que normen su funcionamiento. La aprobación de la Ley Federal del Sistema Penitenciario y de Ejecución de Sanciones continúa pendiente en el Senado de la República, a pesar de haber recibido el proyecto desde el año 2012. Los centros penitenciarios requieren de un código de procedimientos para que su operación pueda ser realizada bajo criterios unificados y con estricto respeto a los derechos humanos. En orden de hacer efectiva la mejora de los centros de reinserción social en su operación, es necesario el establecimiento de mecanismos de evaluación y supervisión de los centros penitenciarios que generen recomendaciones de carácter vinculante.

Sólo en la medida en que el nuevo sistema de justicia penal sea puesto completamente en marcha con eficacia y bajo el principio de legalidad, será posible comenzar a ver mejoras en el sistema penitenciario. También se requiere: la prevención de la corrupción en los centros penitenciarios; una utilización más eficiente de los recursos destinados al sistema penal, pues México es uno de los países en Latinoamérica que más gasta en mantener a sus reos; mayor impulso a programas de trabajo y de capacitación para el mismo en los centros penitenciarios, y la protección de grupos con necesidades específicas dentro de las cárceles.

Una vez que se comience con una reestructuración de fondo del sistema penitenciario es necesario que el gobierno se encargue de comunicar a la sociedad la labor en marcha, con el fin de cambiar la visión respecto de los centros penitenciarios, enviando el mensaje fundamental: con sistemas penal y penitenciario eficientes y sin corrupción, la reinserción de los reos en la sociedad es posible.

 

* Carmen Menéndez es investigadora en @IntPublica.

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