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México rumbo a la COP21: ¿ilusión o realidad?
De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2010 (INEGEI), durante los últimos 20 años México no ha experimentado reducciones significativas en la cantidad de emisiones de GEI; al contrario, éstas han seguido una tendencia incremental, alcanzando su punto máximo en el año 2008, en el cual se registró un total de emisiones de 749 millones de toneladas de CO2 equivalente.
Por Inteligencia Pública
14 de mayo, 2015
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Por: Carmen Menéndez (@mariacarmen1190)

El pasado 30 de marzo México envió su Contribución Prevista y Determinada a Nivel Nacional (CPDN) para la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático (CMNUCC) o COP21, próxima a celebrarse en París a finales del año 2015. A fin de enfrentar el cambio climático, en este documento los países participantes plantean sus metas y estrategias para la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero (GEI). Entre los nueve países que han enviado su CPDN destaca México por ser la primera economía emergente en realizarlo, sin embargo, esto no indica necesariamente una señal de éxito o de garantía de viabilidad de las metas establecidas.

El documento comienza ratificando el compromiso de México para mitigar los efectos del cambio climático, el cual señala se sustenta en las acciones que han sido llevadas a cabo en años recientes. Sin embargo, cabe aclarar que sólo se hace referencia a la generación de instrumentos jurídicos o de planeación, más no a cifras o indicadores concretos que revelen avances llevados a cabo en la materia o que indiquen la tendencia a disminuir las emisiones.

De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2010 (INEGEI), durante estos 20 años, el país no ha experimentado reducciones significativas en la cantidad de emisiones de GEI; al contrario, éstas han seguido una tendencia incremental, alcanzando su punto máximo en el año 2008, en el cual se registró un total de emisiones de 749 millones de toneladas de CO2 equivalente. Cabe resaltar que los únicos decrementos (mínimos) que se observan a lo largo de este periodo corresponden justamente a los años posteriores a importantes crisis económicas, tal es el caso del año 1995 y el 2009; sin embargo, al año siguiente continúa la tendencia al alza.

 

Elaboración propia con base en datos del INEGEI 1990-2010

Elaboración propia con base en datos del INEGEI 1990-2010

Lo anterior responde al vínculo existente entre la intensidad de la actividad económica y la emisión de GEI, pues el motor esencial de la economía es la energía, en forma de gasolina o diésel para el transporte, o de energía eléctrica para el desarrollo de todas las actividades económicas. De este modo, a menos que haya un verdadero desacoplamiento entre el crecimiento económico y el de las emisiones de GEI, la actividad económica dejará de ser (o será en menor medida) el detonante del cambio climático.

Como se señala en el INEGEI, en estas dos décadas el incremento de las emisiones de GEI ha alcanzado un 33.4% con relación al año 1990, el cual fue establecido como línea base. En la CPDN México se compromete a reducir el 25% de sus emisiones para el 2030 bajo un escenario de “Business As Usual”, es decir, en ausencia de políticas para mitigar el cambio climático. Aunque para el cumplimiento de esta meta se establece como línea base el año 2013, en las fuentes oficiales aún no está disponible la cifra total de emisiones de GEI para este año, de modo tal que no es posible cuantificar exactamente qué cantidad de GEI deberán dejar de ser emitidos para cumplir con el compromiso señalado.

No obstante, es posible proponer un escenario tomando como línea base el año 2010, el cual registró un total de 748 millones de toneladas de CO2 equivalente; en tal contexto, el 25% de esta cifra contabiliza 187 millones de toneladas. Para ponerlo en perspectiva, en los 20 años referidos anteriormente, las emisiones de GEI pasaron de 561 toneladas a 748, lo cual equivale a una diferencia de justamente 187 toneladas de CO2. De tal manera, el compromiso de México para la COP21 de París implica prácticamente dejar de emitir en 15 años, las toneladas de CO2 equivalente generadas en 20 años.

Pese a que las metas planteadas son bastante ambiciosas, esto no sería un obstáculo si existiera un camino claro a seguir para cumplirlas y, sobre todo, acciones concretas que reflejaran la posibilidad de alcanzarlas. La principal problemática está constituida por el hecho de que, aunque México cuenta con un gran potencial de energías renovables, la política energética sigue teniendo como apuesta fundamental a los combustibles fósiles (petróleo, carbón, gas natural y de rocas de esquisto), mientras que son escasos los esfuerzos concretos para diversificar la matriz energética.

Asimismo, en el documento enviado para la Convención en París ni siquiera se hace mención de las energías renovables como un elemento de importancia para alcanzar las metas trazadas. Ante esto, la relevancia de las renovables radica en que la generación de energía es uno de los sectores que mayor contribución tiene a la emisión de GEI, sólo rebasada por el sector transporte. En este sentido, al impulsar el desarrollo de energías renovables se estaría atacando una de las principales fuentes de emisión de GEI. No obstante, la Ley de Transición Energética, instrumento jurídico que podría ser el marco para ayudar a cumplir con los objetivos, aún no ha sido aprobada por el Poder Legislativo y, dado que el periodo ordinario de sesiones ya ha terminado, no hay claridad sobre cuándo se logrará su aprobación.

Por otro lado, respecto al sector transporte, tampoco hay acciones concretas que busquen un cambio estructural en el mismo, de manera que se pueda llegar a la reducción de emisiones, sobre todo en el caso de las grandes ciudades, principalmente la Ciudad de México, donde permanece una tendencia a la adquisición de más automóviles y utilización de éstos como medio de transporte predominante, pues la Ciudad está principalmente diseñada para circular en ellos. En este sentido, debe aclararse que una política de reducción de emisiones no implica esfuerzos aislados en ciertos sectores, sino que requiere de acciones de carácter transversal que tomen en cuenta las diversas dimensiones del problema.

Dicho esto, la importancia de documentos como la CPDN y de Convenciones como la que tendrá lugar en París se pierde cuando los compromisos no tienen un sustento claro conformado por políticas y acciones de gobierno que al interior del país revelen la voluntad política e intenciones de cumplir con éstos. Quizá el punto decisivo sea la posibilidad de que en la próxima Convención se alcance un acuerdo vinculante, pero desafortunadamente eso tampoco da garantía de que se llegará a cumplir con tan ambiciosas metas.

 

* Carmen Menéndez es investigadora ambiental en @IntPublica

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